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Encuentra la ONU 'aspectos preocupantes' en ley de la Guardia Nacional

Jan Jarab, comisionado para Derechos Humanos en México, manda a la Cámara de Diputados algunas consideraciones para mejorar las leyes que regulan a la nueva corporación

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Por: Agencia El Universal

La ONU-DH para México mandó nueve consideraciones a la Cámara de Diputados. Foto: Agencia Reforma

La ONU-DH para México mandó nueve consideraciones a la Cámara de Diputados. Foto: Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las leyes del Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones generaron preocupaciones en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Por lo tanto, envió a la Cámara de Diputados unas consideraciones en las que compartió que encontró "aspectos preocupantes".

Jan Jarab, representante del organismo en México, externó la preocupación.

La ONU-DH reconoce la inclusión de algunos elementos que son acordes con los estándares internacionales sobre la materia, tales como los principios del uso de la fuerza y la perspectiva de género. Estas incorporaciones positivas no impiden señalar aspectos preocupantes.

Nueve modificaciones

Para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la ONU-DH consideró nueve rubros donde los diputados federales deben hacer modificaciones. Uno de ellos es que con la legislación "se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación".

De acuerdo con el documento, en la ley se mantiene una perspectiva de "control de multitudes" y no la de garantizar el derecho a la manifestación, y solo usar la fuerza en el caso de que exista violencia contra los manifestantes.

Preocupa que las protestas o manifestaciones puedan calificarse de acuerdo al 'objeto lícito' que persiguen, lo que sería contrario al derecho de libertad de expresión, además, de poner en riesgo la vida e integridad personal al autorizar el uso de armas de fuego cuando no se reúna el requisito de licitud.

Imprecisiones

Además, la oficina considera que la Ley no incluye a los agentes migratorios entre las autoridades que hacen uso de la fuerza, e incluye "términos laxos e imprecisos", que impiden conocer con precisión el ámbito de su aplicación, como "persona autorizada por el Estado" y "neutralizar".

El documento también acusa que no se hace una "debida regulación" del uso de la fuerza letal ni de la gradualidad en el uso de la fuerza. Igual ven una "regulación insuficiente" del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza.

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