Legisladores votan por la destitución de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil

Tras los escándalos de corrupción, el caso se mandará al Senado para la votación por la destitución de la presidenta Rousseff.

Por: Redacción AM

La democracia de Brasil podría verse afectada a largo plazo por la destitución.

La democracia de Brasil podría verse afectada a largo plazo por la destitución.


Con la colaboración en la investigación de Paula Moura en Brasilia y Vinod Sreeharsha en Río de Janeiro.

BRASILIA _ Legisladores brasileños votaron el domingo por la noche para aprobar la destitución de Dilma Rousseff, la primera presidenta del país, a cuya gestión ha golpeado un vertiginoso escándalo de corrupción, una economía que decrece y la decepción que se propaga.

Tras tres días de un debate apasionado, la cámara baja del Congreso, la Cámara de Diputados, votó para mandar el caso en contra de Rousseff al Senado. Los 81 legisladores votarán por mayoría simple sobre si se realiza un juicio por cargos de que la presidenta utilizó ilegalmente dinero de los bancos paraestatales para ocultar un enorme déficit presupuestal, en un esfuerzo por reforzar sus posibilidades de reelección.

Quienes presionaban por el juicio político tenían que ganarse el apoyo de dos tercios de los 513 diputados en la cámara baja; el voto decisivo, el 342, para el proceso de destitución, se dio cerca de las 10:10 p.m. tiempo del este. En ese momento, había 127 votos por el no y seis abstenciones.

Si el Senado acepta el caso, Rousseff tendrá que dejar el cargo temporalmente, mientras delibera su destino. El vicepresidente Michel Temer, un académico en derecho constitucional y político experimentado, asumiría la presidencia.

Dado el margen de diputados que votó por el proceso de destitución, mayor al que se esperaba, algunos analistas políticos dijeron que es factible que el Senado remueva a Rousseff del cargo, un fallo que requeriría de una mayoría de dos tercios.

“Los políticos saben cómo interpretar a la sociedad bastante bien, y pueden sentir que el pueblo quiere que se vaya”, dijo Paulo Sotero, el director del Instituto Brasil en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en Washington.

Rousseff todavía puede apelar al Supremo Tribunal Federal, la corte más alta de Brasil, aunque rechazó mociones anteriores para desestimar el procedimiento de destitución.

La decisión de la cámara de destituir a Rousseff a menos de la mitad de su segundo mandato provocó gritos de júbilo entre miles de manifestantes que se habían reunido en la capital y en ciudades por todo el país, pero, también, gritos de traición por parte de sus partidarios.

Algunos analistas políticos dijeron que les preocupa que haber iniciado el proceso de destitución de Rousseff pudiera causar un daño perdurable a la joven democracia brasileña, reestablecida en 1985, después de dos décadas de dictadura militar.

“Esto se trata de un golpe de Estado, de un daño traumático al sistema presidencialista de Brasil”, señaló Pedro Arruda, un analista político de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. “Es solo un pretexto para derribar a una presidenta a la que eligieron 54 millones de personas. No tiene cuentas bancarias en el extranjero y no la han acusado de corrupción, a diferencia de quienes están tratando de destituirla”.

Aun cuando expertos en temas jurídicos y analistas políticos están divididos, muchos han expresado su inquietud en cuanto a las bases de la campaña por el proceso de destitución. Notan que el acto de prestidigitación presupuestal del que se acusa que utilizó Rousseff para resolver el déficit ha sido utilizado por muchos funcionarios elegidos, aunque no a tan gran escala.

“Le está poniendo una enorme bala a la democracia brasileña”, dijo Lincoln Secco, un profesor de historia en la Universidad de Sao Paulo. “Esto va a sentar un precedente muy peligroso para la democracia en Brasil porque, a partir de ahora, en cualquier momento en el que tengamos un presidente altamente impopular, habrá presión para iniciar el proceso de destitución”.

El voto por la destitución es una derrota aplastante para Rousseff y su Partido de los Trabajadores, que fuera una banda de agitadores izquierdistas que combatieron a los gobernantes militares del país en los 1980 y que llegaron en forma arrasadora al poder en el 2002, cuando eligieron a uno de sus fundadores, Luiz Inácio Lula da Silva, a la presidencia.

Da Silva, un político hábil, quien se ganó la simpatía tanto de ricos como de pobres, presidió un vertiginoso crecimiento económico y una generosa expansión de las prestaciones sociales que ayudaron a sacar a millones de brasileños de la pobreza absoluta.

También fortaleció el control gubernamental sobre industrias claves, como la del petróleo. Eso preparó el camino para los abusos en Petrobras, la compañía petrolera paraestatal, que posteriormente entrampó a veintenas de políticos y empresarios de la elite en una intriga para canalizar sobornos a los cofres de campañas políticas.

Al tener prohibido contender por tercera ocasión, él ungió a Rousseff como su sucesora y ella ganó fácilmente las elecciones en el 2010.

Una exguerrillera marxistas, Rousseff nunca antes había ocupado un cargo de elección popular y sus críticos dicen que su falta de habilidades políticas le dificultaron la posibilidad de trabajar con los miembros de la oposición en el Congreso, así como con personajes claves en su coalición gobernante.

En el 2014, resultó reelegida por un margen muy reducido después de una campaña especialmente divisoria.

A medida que la economía empezó a caer en picada y el enorme escándalo de corrupción derribo a los personajes políticos otrora intocables, muchos de sus aliados abandonaron a Rousseff, lo que imprimió impulso a la iniciativa para el proceso de destitución que concibieron sus rivales.

“Cuando las cosas empezaron a ir mal, ella no pudo controlar la situación y su falta de flexibilidad y testarudez empeoraron las cosas”, notó Matieu Turgeon, un politólogo en la Universidad de Brasilia. “Todo eso la ha alcanzado”.

La campaña por la destitución ha sido profundamente polarizante, ha incitado a estridentes protestas callejeras, ha desgarrado amistades y ha provocado una ansiedad generalizada por el impacto potencial en la democracia de Brasil.

Rousseff y sus partidarios han equiparado la campaña por la destitución con un golpe de Estado de movimiento lento por parte de sus rivales políticos, su vicepresidente Temer entre ellos, quien el mes pasado se unió a quienes llaman a la destitución.

La fortuna reciente de Brasil, otrora una fuerza motriz económica en el mundo en desarrollo, ha ido de mal en peor, ya que se espera que la economía se contraiga en por lo menos 3.5 por ciento por segundo año consecutivo. Millones de brasileños han perdido el empleo desde los días del crecimiento de dos dígitos, impulsado, en parte, por el hambre de China por las materias primas.

En los últimos meses, sus índices de aprobación, que alguna vez fueron favorables, han bajado por debajo de ocho por ciento.

“Se trata de un gobierno que ha perdido legitimidad, credibilidad y la capacidad para gobernar”, notó Mónica de Bolle, una investigadora sénior en el Instituto Peterson para la Economía Internacional, un organismo de investigación en Washington. 

Si bien a Rousseff no la han acusado de corrupción, importantes miembros de su partido han estado implicados en el escándalo de Petrobras, incluido Da Silva. Los están investigando por alegatos de que su fundación y él recibieron el equivalente a 7.8 millones de dólares en servicios y pagos por conferencias de constructoras que buscaban contratos gubernamentales.

El escándalo que se está revelando, conocido como Operçao Lava Jato, u Operación Autolavado, ha captado la atención de los brasileños a medida que los fiscales han dado a conocer detalles de cómo Petrobras canalizó millones de dólares a las campañas políticas de militantes y aliados del Partido de los Trabajadores.

“El juicio político está basado en débiles argumentos constitucionales, pero, a final de cuentas, se trata de un voto sobre un sondeo de la corrupción generalizada, una profunda recesión y una serie de otros problemas que han plagado a este gobierno”, notó Christopher Garman, un analista brasileño en el Eurasia Group, una consultoría en riesgos políticos.

Rousseff es la segunda dirigente brasileña a la que se somete a un proceso de destitución desde 1992, cuando Fernando Collor de Mello, quien enfrentaba protestas enormes por un escándalo de tráfico de influencias, renunció momentos antes de que el Senado votara sobre sobre su destitución.

El predicamento de Rousseff es bastante distinto. A diferencia de Collor de Mello, a ella no la han acusado de autoenriquecimiento y, a pesar de que su popularidad está bajando, solo 61 por ciento de los brasileños apoya a la destitución, en comparación con 68 por ciento el mes pasado, según una encuesta de opinión que levantó la firma Datafolha.

Y también está la cuestión de quién y qué sigue después. Temer, un militante de alta jerarquía del Partido Movimiento Democrático Brasileño, tendrá que confrontar desafíos políticos y económicos.

También enfrenta una posible destitución por los mismos alegatos interpuesto en contra de Rousseff, así como acusaciones de que estuvo involucrado en un plan para la adquisición ilegal de etanol.     

El siguiente en la fila para la presidencia después de Temer es Eduardo Cunha, un poderoso dirigente de la cámara baja, quien ha sido una fuerza motriz detrás de la destitución de Rousseff. Un cristiano evangélico, dado a usar su cuenta de Twitter para propagar versos bíblicos, se acusa a Cunha de utilizar una cuenta en un banco suizo para ocultar 40 millones de dólares en sobornos.

“La gente está harta de la mala gestión y los errores económicos de Dilma, y de la corrupción y la arrogancia del Partido de los Trabajadores, pero nadie siente nada de optimismo por lo que podría venir después”, dijo Raúl Juste Lores, el editor general de Folha de S.Paulo, un importante periódico brasileño.

Conforme decenas de miles de personas se reunían afuera del Congreso Nacional el domingo para expresar su apoyo a la destitución de Rousseff o su oposición al proceso, algunas celebraban lanzando fuegos pirotécnicos, mientras que otras dijeron que no habría ganadores con la votación de ese día.

Entre ellos estaba Stephany Machado de 22 años, una maestra de portugués, quien había hecho el viaje de 16 horas en autobús desde Sao Paulo. Aunque dijo que no era simpatizante del Partido de los Trabajadores, le preocupa el daño de largo plazo que una destitución podría infligirle a la democracia de Brasil.

“Dilma es presidenta por el poder de nuestros votos, y lo que están tratando de hacer es quitarla del poder en una forma anticonstitucional”, dijo. “No podemos darnos por vencidos sin luchar”.

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