Al final el costo político de mantener en libertad a Emilio Lozoya fue demasiado alto. El juez Artemio Zúñiga decidió decretarle prisión preventiva justificada ante la petición de la FGR por la posibilidad de que pudiera darse a la fuga. Lo que preocupa es la discrecionalidad con la que se ha pasado de la decisión de permitirle enfrentar su proceso en libertad a la de encarcelarlo. 

La propia FGR argumentó que las condiciones habían cambiado, pero desde un punto de vista legal, no hubo nada nuevo, fuera del hecho de que Lozoya había sido captado cenando en un restaurante de lujo. 

"Su comportamiento, es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal, y si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas, porque ha sido interpretado por la ciudadanía que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no. Él tenía obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando", afirmó ayer Antonio López García, representante en la audiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera". 

La misma declaración ratifica que el imputado no hizo nada para violar las condiciones de su libertad: no trató de evadirse, no cometió ningún delito, pero el simple hecho de que fue visto en un restaurante generó una presión política que llevó a la FGR a cambiar su posición, a sostener que ahora sí se podía evadir, y al juez a darle la razón. 

Es cierto. Los ciudadanos han entendido que el sistema de justicia en México da un trato distinto a unas personas y a otras imputadas en casos sensibles. La decisión de encarcelar a Lozoya no hace más que corroborarlo. El imputado que estaba en camino de convertirse en el testigo estelar de la Cuarta Transformación contra la corrupción de priistas y panistas no solo ha mentido en sus declaraciones, como públicamente lo ha demostrado Ricardo Anaya, sino que no ha entregado las pruebas que prometió para encarcelar a sus superiores y a Anaya. Lo que volvió la situación intolerable fue el hecho de que salió a cenar a un restaurante. No hay nada de ilegal en eso, pero las consecuencias políticas fueron intolerables para el gobierno y para la FGR. 

Lozoya no representa hoy un mayor riesgo de fuga que antes. Su familia sigue viviendo en México, la cuenta de dos millones de euros que se le atribuye ya era conocida por la FGR. Pero Lozoya dejó de ser de utilidad política para el régimen y se convirtió en un pesado lastre. Era muy difícil contrastar la imagen de limpieza que quiere proyectar el régimen con las fotografías de Lozoya, un corrupto confeso, cenando en un restaurante de lujo. 

Entiendo la decisión política de hacer que Lozoya enfrente su proceso legal en la cárcel. Por lo pronto otros detenidos, como Rosario Robles, no podrán ya argumentar que a ellos se les encarcela por ser incómodos mientras que Lozoya puede seguir viviendo una existencia a todo lujo. 

A todos los mexicanos, sin embargo, nos debe preocupar la discrecionalidad con la que actúa nuestro sistema de justicia. Sin que hayan cambiado los elementos del caso, Lozoya ha pasado de ser un consentido colaborador de la FGR a un villano que merece prisión preventiva justificada. No deberíamos tener un sistema de justicia basado en las circunstancias políticas del momento. Necesitamos un sistema de leyes que se aplique de manera previsible. 

 

Falso

Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la sección "Quién es quién en las mentiras" de las mañaneras ha ofrecido una nueva perla de ignorancia al declarar que el estudio de corrupción del World Justice Project "No es falso, pero no es verdadero". ¿Alguien en el gobierno se dará cuenta del daño que le está haciendo a su causa?