La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto negativo en todos los aspectos de la sociedad y de la economía. Por ejemplo, la industria restaurantera, hotelera y turística han sido dramáticamente golpeadas, sin embargo, no son el único ejemplo. Un asunto particularmente preocupante es la cuestión educativa pues se trata de nuestros niños y jóvenes. Las escuelas públicas tienen garantizado su presupuesto y han podido manejar con relativa facilidad la problemática financiera de esta pandemia, sin embargo, este no es el caso de las instituciones privadas, en particular las más pequeñas, las cuales se han visto severamente afectadas. Coincido plenamente con nuestras autoridades sanitarias y educativas en el sentido de que antes que cualquier otra consideración la prioridad número uno debe ser la salud de los estudiantes. No se puede actuar irresponsablemente teniendo o permitiendo actividades presenciales cuando el proceso de vacunación de la población contra el COVID-19 no ha concluido y tampoco hemos alcanzado el semáforo epidemiológico color verde. No se debe poner en riesgo a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes apresurando un regreso presencial que puede tener nefastas consecuencias. Casi todos conocemos a personas, amigos o familiares que han sido contagiados por este virus y han estado durante semanas en un estado de salud crítico o incluso han fallecido.

Algunas organizaciones, instituciones educativas y directivos sin escrúpulos han estado ofreciendo actividades presenciales con alumnos de diferentes niveles poniendo en riesgo, a ellos, a sus familias y a sus docentes. Es urgente que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) aborde con toda seriedad este problema de instituciones operando clandestinamente, pues, repito, está en juego la salud y el bienestar de los alumnos y de sus familias, así como de los docentes. Ante el desconocimiento (bajo ningún motivo quisiera pensar que es premeditada indiferencia) de las autoridades sanitarias y educativas, se puede encontrar en televisión, en Facebook y en otros medios, publicidad abierta y descarada anunciando los servicios de actividades educativas presenciales. Esto aparte de ser un riesgo sanitario es una puñalada en la espalda a las instituciones educativas que con disciplina y profesionalismo han acatado escrupulosamente las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. A instituciones actuando de este modo y violentando las instrucciones de la SEG no se les debería de otorgar RVOE o se les debería de cancelar por no acatar las disposiciones oficiales y poner en riesgo a la población de niños y jóvenes estudiantes.

Desde luego, se debe señalar también la irresponsabilidad de algunos padres de familia que llevando a sus hijos a escuelas presenciales operando clandestinamente, los colocan en un enorme riesgo, así como a padres que llevan a sus hijos a recibir clases con tutores particulares también en clases presenciales. Es vergonzoso ver que muchas personas no han entendido que nos encontramos en una crisis sanitaria mundial sin precedentes en el último siglo. Me pregunto, ¿No sería también responsabilidad del DIF evitar -empleando todos los medios legales a su disposición- que los padres o tutores actúen con sus hijos con esta incomprensible inconsciencia e irresponsabilidad? Sabemos que si los padres no cuidan de sus hijos es responsabilidad del Estado hacerlo.

Albert Camus en su libro "La peste", escribió que: "Lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso". Creo que, ante la cómplice y permisiva indiferencia de muchos, este es el espectáculo que nos están dando las escuelas clandestinas y algunos padres de familia.

No es ocioso recordar la siguiente cita de Adolfo Bioy Casares: "El mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez".