Hace algunos días, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, a través de la diputada Alma Alcaraz Hernández, solicitó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que lleve a cabo una auditoría integral del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG).

El FIDESSEG fue constituido en abril de 2019 como una medida financiera y legal, propuesta por el Gobierno del Estado, para responder a la iniciativa del sector empresarial de Guanajuato de aumentar la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que ese año se pasó del 2.0% al 2.3%, con el objetivo de que ese incremento se destinara a obras enfocadas en el desarrollo social y de seguridad.

Sí, este incremento fue solicitado por los empresarios guanajuatenses como una iniciativa para replicar el caso exitoso que desde hace muchos años existe en el estado de Chihuahua, en donde en un esquema similar, los empresarios de ese estado a través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) destinan recursos del ISN a obras de beneficio social.

La propuesta presentada por los diputados de Morena es válida, y tienen la razón al solicitar que los recursos que se hayan destinado a ese fideicomiso sean auditados, tanto en el ejercicio propio de los dineros, incluyendo por supuesto los programas o instituciones beneficiadas, como en el cumplimiento de su normatividad en general, concretamente en lo que se refiere a estudios, manuales y reglas de operación.

Su propuesta de punto de acuerdo hace congruencia con su labor como oposición. El ejercicio de todos los recursos públicos debe ser transparente, sin importar que estos se ejerzan a través de un fideicomiso, por lo que debería aceptarse dicha iniciativa y con ello despejar cualquier duda que se tenga sobre cómo se administran estos fondos.

Sin embargo, en lo que no tiene razón la bancada de Morena es en afirmar que "no es legítimo regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos mismos administren lo recaudado", por lo siguiente:

En principio los recursos excedentes del ISN de ninguna manera son regresados a los empresarios, quienes a través de sus empresas fueron los que los aportaron, ni tampoco para que sean ellos quienes los administren, pues basta ver la conformación del Comité Técnico del Fideicomiso para darse cuenta que si bien es cierto que los empresarios guanajuatenses de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende tienen cinco lugares con voz y voto en dicho comité, también lo es que el Gobierno del Estado tiene igual número de integrantes con voz y voto, con la diferencia de que el Presidente del Comité Técnico, quien siempre será el Secretario de Finanzas y Administración, tiene voto de calidad en caso de empate, es decir que aún y cuando los representantes empresariales se unieran, ni así les alcanza para imponer su voluntad.

De esta manera, los recursos que pasan por el FIDESSEG son canalizados, mediante reglas de operación, a diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que sean ellas quienes ejecuten los programas, los cuales son previamente validados para verificar la necesidades y viabilidad de cada proyecto.

El FIDESSEG debe ser un ejemplo de participación ciudadana y gobierno, pero no solo por el fin mismo de la iniciativa, que es lograr un mayor desarrollo y seguridad en nuestro Estado, sino también debe ser modelo de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.