Es sabido que la FIFA se maneja como un poder supranacional, por encima de las leyes de los países. En México, pareciera que el futbol es un poder aparte del Estado, de ahí que no existe una regulación uniforme sobre la seguridad en los estadios.

Lo que se vio el sábado en "La Corregidora" es el resultado de años de confiarse a la buena suerte, en lugar de la estrategia e inversión en tecnología. Mejorar la seguridad en los estadios, controlar el salvajismo tribal de las barras y asegurar el castigo a los responsables de lo ocurrido, deben ser las tres prioridades en la agenda de Mikel Arreola al frente de la Liga MX.

En otras partes del mundo, los responsables de la barbarie ya habrían sido identificados por medio de las cámaras (que en el estadio queretano no hay) e, inclusive, por medio de la emisión personalizada de los boletos. Con apenas un año en el cargo, está por verse si Arriola podrá fijar nuevas reglas para la seguridad de los aficionados. Y falta saber si habrá alguien en el gobierno federal que se atreva a sacarle la tarjeta roja a los dueños del futbol.

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Por cierto, que las redes sociales de la 4T, aprovecharon la tragedia futbolera para faulear al queretano Mauricio Kuri. Casuaaalmente, los simpatizantes de la Red AMLO convirtieron el enfrentamiento en el estadio en un nuevo punto de ataque contra el panista y su partido. Y para confirmarlo no es necesario revisar el VAR: basta con sólo asomarse a Twitter.

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De cara a las reivindicaciones feministas del 8M, desde Israel parece abrirse una ventana para que Andrés Roemer sea finalmente enjuiciado por las múltiples denuncias de acoso sexual que existen en su contra. Hace unos días, Marcelo Ebrard recibió respuesta a su carta al canciller Yair Lapid, quien le aseguró que su país concede gran importancia a la cooperación internacional en asuntos criminales.

Y aunque señaló que no sería apropiado que interfiriera con la autonomía del sistema judicial de Israel, le confió a Ebrard que el caso es manejado "con extremo cuidado y atención profesional", por parte de la Fiscalía, de la que depende la extradición de Roemer.

Dado que no existe tratado entre ambos países, sería todo un triunfo que lo mandaran de regreso a México.

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El gobierno canceló un aeropuerto sin justificación técnica ni legal; eliminó programas sociales sin escuchar súplicas; legalizó autos chocolate sin importar que se dañara la industria nacional; dificulta la inversión cambiando las reglas jurídicas; se negó a apoyar fiscalmente a las empresas en la pandemia; y para colmo considera a la IP como su enemiga. ¿Y aun así Francisco Cervantes, el nuevo líder del CCE, cree que no es necesario ser un contrapeso del poder? Esa es la pregunta que se hace, preocupado, más de un empresario.