Escalada sin fin

Una masacre que terminó con la vida de cinco estudiantes de bachillerato en Salamanca, el hijo del Presidente Municipal de Villagrán asesinado, lo mismo un policía de Irapuato y este sábado,  restos humanos en comunidades freseras.

Una lista de hechos terribles de los que fuimos testigos en una sola semana.

Municipios y Estado exigen el esclarecimiento de los hechos sin dar explicaciones de lo que sucede. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó esta semana la captura de tres de los presuntos autores de la masacre en el hotel Gala y dos bares de Celaya, en donde mataron a 12 personas, el 23 de mayo.

De los otros ataques la FGE encabezada por Carlos Zamarripa no ha dicho nada. 

El lunes por la tarde un grupo armado acribilló a cinco estudiantes de bachillerato cuando salían de la escuela en la comunidad de Barrón, en Salamanca, además de una mujer de 65 años que pasaba por el lugar. ¿Por qué? No hay respuesta. 

Cada que pasa una tragedia similar, las autoridades dicen que reforzarán acciones. Eso es todo. No supimos de ninguna reunión de autoridades de los tres niveles de Gobierno ni en Salamanca, ni en Villagrán, ni en Irapuato, para definir acciones emergentes.

A propósito, el ofrecimiento del presidente López Obrador de estar personalmente en los 50 municipios con más homicidios en el país, quedó en el limbo, aquí lo siguen esperando.

Una Policía para todos

En el caso de Villagrán el gobernador Diego Sinhue le sugirió públicamente a su Ayuntamiento revisar la conveniencia de pedir al Estado tomar el control de la seguridad pública. El alcalde reelecto, Juan Lara, no ha dicho nada al respecto. 

Por la infiltración del crimen organizado en las policías municipales esa medida se tomó ya en Juventino Rosas y en Ciudad Manuel Doblado. 

En el anterior sexenio eso se hizo en Salamanca sin resultados exitosos. El anterior trienio regresaron a su Policía Municipal y, con un auxilio importante de fuerzas federales, se muestra una baja en los homicidios. Pero la violencia no se va.

En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Villagrán, esto derivado de una investigación de la Fiscalía Estatal tras la filtración de audios de llamadas del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy (qepd) con Noé Lara, integrante del Cártel de Santa Rosa y familiar del Alcalde. "A mí no me van a encontrar nada", dijo Juan. Y al final así fue. 

Villagrán es el corazón de un triángulo azotado por el crimen, que incluye a Salamanca, Juventino Rosas, Celaya, y alcanza a Valle de Santiago y Jaral.

El Gobierno de Guanajuato destaca que hay una baja en el número de víctimas de homicidios dolosos en 2021 y en lo que va del 2022 frente al mismo periodo del año pasado. Datos que se desvanecen frente a las tragedias que se cuentan a diario.

Guanajuato, las atrocidades

En la "Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios", elaborado por la organización Causa en Común del 1 de enero al 30 de abril de 2022, en el país se acumularon al menos 3,550 víctimas.

Los estados con más víctimas de atrocidades fueron: Veracruz, con al menos 701; Michoacán, con 269; y Guanajuato, con 202. 

Las víctimas de atrocidades son producto del reporte de al menos 139 casos en Guanajuato en esos cuatro meses. En número de casos también es tercero, después de Michoacán (167) y Baja California (190).

Con el policía municipal de Irapuato ejecutado el jueves al salir de turno, son 21 los asesinados este año, sólo 4 menos que Zacatecas que reportaba 25. En 2018, 2019, 2020 y 2021, Guanajuato encabezó el ranking de policías abatidos, dio cuenta la organización Causa en Común que lleva el reporte hemerográfico de los casos.

Este año, el mayor número de ataques mortales a policías han sucedido en Celaya e Irapuato, pero también en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Silao, León, Salvatierra, Yuriria y Abasolo. No hay región segura para ser policía.

En Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro del tema de seguridad ya no habla.  

El lunes 6 de junio, el secretario de Seguridad, Ricardo Benavides, se reunió con el fiscal Carlos Zamarripa, con el objetivo de trabajar coordinadamente y presumieron la fotografía. Las malas noticias en Irapuato le siguieron un día sí, y otro también.

Diego en Islandia

Diego hoy pisa suelo islandés. Mañana comienza una gira en aquel país europeo para revisar principalmente experiencias del programa de prevención de adicciones Planet Youth, que está en marcha en los 46 municipios de la entidad. La agenda incluye también citas para asuntos de medio ambiente, comercio y economía.

Lo acompaña el secretario de Salud, Daniel Díaz. A la administración de Diego le quedan dos años y tres meses así que le urge pisar el acelerador en Planet Youth (combate a la drogadicción) para convencer con resultados de que el plan funciona.

De enero a abril en Guanajuato se han abierto 7,482 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, señal de que hacen su trabajo es lo que dicen las autoridades, pero, sobre todo, una muestra del tamaño del mercado en guerra. 

Llama la atención que el 82% se concentran en León y el 18% en otras ciudades.

Mientras las autoridades hacen intentos por contener los efectos de la violencia criminal, la salida del túnel no es otra que: o se reduce el consumo de drogas o no habrá presupuestos, agentes, armas, ni esfuerzo alguno que pare una guerra.

Notarios en la lupa

Después de que el viernes, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato revocó el Fiat al notario público número 44 con residencia en León, Alejandro Durán Llamas, hay otros más en varios municipios que tienen que poner sus barbas a remojar, dicen.

En lo que va del sexenio con este caso suman ocho los procesos de revocación, algunos ya de manera definitiva y otros siguen el pleito en tribunales. Hay que recordar que los notarios pueden defenderse en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) si consideran violados derechos.

Actualmente son 247 notarios en ejercicio de su función, que es vigilada por el Estado. Las visitas son una vez cada dos años a todas las notarías del estado y se revisan aspectos específicos que marca la ley. Las visitas especiales se realizan cuando se recibe una queja específica contra un notario.

Esta tarea está a cargo de la Dirección General de Registros Públicos y Notarías que a su vez depende de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad, misma que encabeza el abogado leonés y panista José Luis Manrique Hernández. Todo esto, por supuesto, con la venia de la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo.

Hoy la edad promedio de los 247 notarios es de 71 años. En lo que va de la Administración Estatal han fallecido 39 notarios. Hay 191 notarías que, por distintos motivos, han dejado de ser ocupadas.

Ante este déficit se instrumentó la figura legal del notario auxiliar, solamente hay cinco en funciones pero recién otros 40 acreditaron la puntuación para la licencia.

Hay otras revisiones en proceso que podrían derivar también en retiros del Fiat (para ello hay un procedimiento administrativo en el que puede defenderse). Tal parece que José Luis apuesta por limpiar el gremio notarial, y de paso renovarlo.

El eterno problema

El martes, varios productores de ladrillo de León acudieron con los diputados locales invitados por el morenista, David Martínez y tuvieron una reunión con funcionarios de Medio Ambiente,  tres profesores universitarios, dos integrantes de organizaciones ambientalistas y un universitario ambientalista. 

El objetivo era hablar oootraaa vez de sus problemas, que desde hace más de 40 años existen y cada gobierno promete resolverlos. La historia es la misma, sus  hornos no cumplen con las normas ecológicas. 

La verdad es que los ladrilleros no cumplen la norma no por negados sino porque las autoridades no hacen lo que prometen.

David mostró voluntad y disposición por ayudar a estos productores, pero no llegó a nada. De principio a fin de la reunión, hubo varias omisiones importantes que impidieron concluir con una solución.

El problema es grave, simplemente en León, en Ladrilleras del Refugio, hay entre 110 y 115 productores y donde viven alrededor de 3,500 personas en 32 hectáreas. 

Por cierto, de las autoridades de León no estuvo nadie. No los convocaron.

Tampoco acudió algún representante de Salud para que exponga lo que significa respirar aire contaminado. 

Ladrilleras del Refugio y todas las zonas en donde producen ladrillo, son habitadas por las familias más pobres entre las pobres. Las autoridades no pueden limitarse a decirles que no quemen leña. ni basura, no desperdicios de fábricas de calzado o tenerías.

Hay niños enfermos, ancianos abandonados, y les falta comida.  Primero lo primero. 

Después de atender el problema humanitario, lo que se requiere es que la Presidencia Municipal les escriture el terreno que han habitado durante muchos años y en donde tienen sus hornos.

Las familias no se atreven a invertir sus escasos recursos en construir hornos en un pedazo de tierra que el día de mañana se los pueden arrebatar.

Caray, ¿será tan difícil regularizar la tenencia de la tierra?, ¿quién lo impide?

En resumen, después de tres horas de reunión, demasiado larga para no obtener resultados, el encuentro concluyó sin acuerdos y sin compromisos. Es decir, los ladrilleros salieron igual que como entraron: con las manos vacías. 

La solución no está en la cancha del Congreso, eso es cierto, sino del Ejecutivo que promete y promete que ya merito anuncian un plan. Lo que sí tiene que hacer el Legislativo es sumar a los que faltaron y presionar por soluciones definitivas ¡ya!

Transporte cajetero, el usuario al final

La modernización del transporte público en Celaya se ha vuelto un auténtico problema durante los últimos años donde los únicos afectados han sido los usuarios. 

A casi 20 años de que se municipalizó el servicio de transporte público en Celaya, los problemas legales en algunas empresas continúan pese al compromiso que se tiene de formar una sola empresa concesionaria. 

Actualmente, las empresas Ómnibus Urbanos y Suburbanos, Urpago y Supacel, están operando sus unidades sin tener concesiones y en gran parte son camiones que ya cumplieron su vida útil ofreciendo a los usuarios un muy deficiente servicio. 

A principios de año, se anunció que 23 unidades de la empresa Ómnibus saldrían de circulación justamente porque habían cumplido su vida útil, pero ni tardos ni perezosos esta empresa interpuso un amparo para evitarlo, una vía legal que podrían utilizar otras empresas en caso del retiro de sus viejas unidades. 

La realidad es que los usuarios sufren cada vez más de las malas condiciones de los camiones, del maltrato de los choferes, la tardanza en entre cada ruta y un sin fin de problemas que no se han solucionado. 

Por años se ha hablado de la modernización del transporte público en Celaya que implicaría la renovación de unidades, mejores rutas y un mejor servicio en general, que en realidad no ha ocurrido pese a los constantes incrementos en la tarifa. 

El último amago de incremento fue hace unos meses, cuando el alcalde Javier Mendoza reveló que los concesionarios del transporte estaban dispuestos a solicitar un aumento, sin embargo dicen que esto ocurrirá hasta después de la firma para conformar la coordinadora de transporte.