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La caravana

La caminata wixárika no es un caso aislado; es un ejemplo del despojo y la impunidad que campean en el país.

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La caravana

En México las leyendas tienen más peso que la realidad. Empecemos este artículo con la fundación mítica de Tenochtitlan, atribuida a los migrantes que llegaron de un sitio que hoy asociamos con Nayarit. El Códice Boturini, también conocido con el elocuente nombre de Tira de la Peregrinación, narra esa épica. Pues bien: el pueblo huichol (o wixárika) que vino a poblar estas tierras ha sido despojado de las suyas.

Acostumbrados a caminar por designio cosmogónico, los huicholes ahora lo hacen por necesidad política, para protestar contra el despojo de que son objeto. El pasado 31 de mayo los delegados de la Caravana de Dignidad y Conciencia que llegó a pie desde Nayarit se reunieron con el presidente López Obrador para pedir lo que los pueblos indígenas de México piden con mayor fuerza que nadie: que se cumpla la ley.

Desde 2007, las comunidades wixárikas de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños han presentado 47 demandas por la ocupación ilegal del territorio que les pertenece en los límites de Jalisco y Nayarit. Se trata de más de 11 mil hectáreas. El abogado que los representa, Carlos González García, integró el caso con un esmero digno de ser usado en estudios de justicia agraria. A pesar de las carencias de la legislación vigente, de los 18 expedientes abiertos, 18 condujeron a sentencias favorables. En todas sus instancias, la ley ha respaldado la querella de los huicholes. Pero estamos en un país donde las disposiciones judiciales se refutan de manera violenta.

Los ganaderos y los grupos delictivos que se han apoderado de las tierras comunales esgrimen un vago pretexto legal para su conducta: en 1906, la dictadura de Porfirio Díaz otorgó a los invasores una escritura que cancelaba el título de propiedad que el virreinato había dado en 1718 a la comunidad wixárika, pero en 1953 una resolución presidencial estableció que los huicholes eran dueños de 250 mil hectáreas, entre ellas, las que ahora se encuentran en disputa.

Los nuevos peregrinos de Aztlán llegaron a la Ciudad de México a anunciar que la Revolución no ha ocurrido en Nayarit; ahí, un documento de Porfirio Díaz tiene más fuerza que un decreto de 1953. Y de nada ha servido que los tribunales fallen en su favor. Sencillamente, la ley no se cumple.

La caminata wixárika no es un caso aislado; es un ejemplo del despojo y la impunidad que campean en el país.

El pasado 29 de marzo El Colegio Nacional fue anfitrión del panel "¿Una ley para todos?", que formó parte del ciclo Racismo, arte y cultura. Una conversación urgente y que se puede consular en YouTube en el enlace: https://bit.ly/3xavVES. En esa ocasión, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, recordó que el derecho se ha rezagado respecto a la realidad de los pueblos originarios y señaló que las comunidades deben ser reconocidas como un sujeto jurídico. A 500 años de la caída de Tenochtitlan aún no se define qué es un pueblo indígena. Por su parte, Tomás López Sarabia, experto en discriminación cultural y lingüística, advirtió que las mejoras en la legislación no garantizan que la realidad cambie; para ello hace falta voluntad política. En esa misma línea, Érika Bárcena, abogada que contribuyó a la autonomía legal de Cherán, alertó sobre el uso demagógico del derecho para manipular las luchas indígenas y disponer discrecionalmente de los recursos asignados a la libre determinación.

Esas ponencias registraron tres aristas decisivas del problema: el atraso de la legislación, la dificultad política de ejercer la ley y el usufructo oportunista de la causa indígena. En ese panel, Carlos González García, abogado de la comunidad wixárika y del Congreso Nacional Indígena, llevó el asunto a la práctica, es decir, a los laberintos de los tribunales, y describió las graves injusticias que se cometen en nombre de la ley.

Para la comunidad wixárika la tierra no es un objeto de explotación sino un sujeto vivo que debe ser protegido. Esta concepción ecológica es mucho más moderna que la de quienes devastan el territorio en beneficio propio. El futuro del planeta depende de un viraje conceptual que las comunidades indígenas defienden desde hace siglos.

Los legendarios fundadores de nuestra ciudad han sido despojados de sus tierras. La ley está de su parte. Corresponde al gobierno demostrar que también está de parte de la ley.

 

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