Diálogo nacional

Medio siglo de políticas erradas y un enorme costo en vidas debe dar paso a una política de seguridad que priorice la atención a las víctimas y se base en hechos verificables y en un acuerdo entre una sociedad consciente y unos gobernantes dispuestos a escuchar a sus gobernados.
miércoles, 29 de junio de 2022 · 06:00

A la memoria de Jorge Chabat, pionero en los estudios de seguridad

Las encuestas son contundentes: el País aprueba al Presidente y repudia su política de seguridad. El asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas desencadenó un clamor pidiendo una revisión de la estrategia actual, el Presidente se negó y descalificó a los peticionarios. Ante esto, se abre la posibilidad de que una parte del México organizado impulse un diálogo nacional.

Miguel de la Madrid reconoció en 1987 que el crimen organizado era la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana. A partir de entonces siete presidentes han decidido las líneas maestras de la estrategia. Los siete han fracasado y una de las razones es que han sido excluyentes a la hora de diseñar sus políticas. Si uno revisa las experiencias en otros países, los avances vienen cuando gobierno y sociedad acuerdan las líneas maestras.

Con Andrés Manuel López Obrador parecía ser diferente porque el día de su elección prometió, en su breve discurso en el Zócalo, elaborar un “plan de reconciliación y paz” para lo cual convocaría, dijo, “a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales, para reunirnos las veces que sean necesarias”. Empezó haciéndolo, pero luego cambió de opinión y les cerró la puerta. La política de seguridad la deciden él y su gabinete de seguridad.

Estos antecedentes y la ola de violencia explican el comunicado de los obispos mexicanos del 24 de junio. Toman la iniciativa y hacen un llamado “a todo el pueblo de Dios”, para “concretar el proyecto de PAZ de Cristo” (resaltado en el original). Resta saber si en esa convocatoria consideran otras religiones, a laicos y a no creyentes. En tanto sabemos qué tan ecuménica es, lanzo la pregunta obvia, ¿qué gobernantes participarían en un diálogo de este tipo?

Por lo pronto, el Presidente y las fuerzas armadas se han autoexcluido; sería deseable que reconsideraran. Me detengo en los cuatro precandidatos de Morena a la Presidencia porque según las encuestas uno de ellos gobernará México entre 2024 y 2030. Tres han dado señales de que considerarían opciones frescas en este tema. Los mejor posicionados en las encuestas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, refrendan todo el tiempo su lealtad al Presidente, sin embargo, han mostrado en la práctica una actitud más abierta. Ricardo Monreal ha tenido el mensaje más claro y autónomo: Morena tiene “una asignatura pendiente” en el tema de la seguridad. Adán Augusto López es un enigma, salvo en lo relativo a las alabanzas al Presidente.

En los próximos dos años, las cuatro personas aspirantes se verán obligadas a reducir su dependencia del Presidente porque buscarán el apoyo de una sociedad que en su mayoría repudia la política de seguridad. Es lógico suponer que estarán dispuestas a escuchar lo que se discuta y decida en el hipotético encuentro convocado por los obispos. Doy por descontado que los partidos opositores y algunos gobernadores y presidentes municipales harán lo mismo.

Un encuentro de este tipo ya cuenta con cimientos sólidos. La comunidad académica ha acumulado una cantidad enorme de conocimiento; ciudades y entidades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Coahuila y la CDMX tienen experiencias qué compartir al igual que otros países. El principal reto está, como siempre, en la forja de un consenso entre sectores y actores muy diversos.

Hay dos alicientes que juegan a favor del consenso. Es insoportable la arrogancia de unos criminales que actúan con impunidad y la actitud del Presidente que, consciente de su popularidad, se aferra a una estrategia que naufraga porque es una balsa que flota a la deriva, que está atada con buenas intenciones y supuestos jamás demostrados, y porque ha excluido o ignorado a la sociedad que se comprometió a consultar en el lejanísimo 1o de julio de 2018.

Medio siglo de políticas erradas y un enorme costo en vidas debe dar paso a una política de seguridad que priorice la atención a las víctimas y se base en hechos verificables y en un acuerdo entre una sociedad consciente y unos gobernantes dispuestos a escuchar a sus gobernados. Si el Presidente se rehúsa a dialogar, construyamos nosotros un diálogo nacional basado en la pluralidad y el respeto. 

@sergioaguayo