La semana pasada se aprobaron en el Ayuntamiento leonés modificaciones al Reglamento de Policía y Vialidad, así como al Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial, creando prohibiciones para que los vehículos de tracción animal puedan circular en las calles de la zona urbana, y para que ya no se ofrezcan mercancías en transportes con estas características.

Esta iniciativa tuvo como origen “preservar la vida y la integridad de las personas que circulen por las vías públicas de León”, ya que por sus condiciones, estos vehículos carecen de señalamientos, seguridad y tecnología para transitar en calles llenas de automóviles, camiones, etc.

Esta iniciativa también busca “procurar el bienestar animal”, ya que es sabido que en estos vehículos las cargas son excedidas en cuanto a la capacidad del animal que las jala, además de que estos semovientes carecen de atención veterinaria y alimentaria adecuada, lo cual provoca el abandono de sus dueños, o incluso su muerte.

Se estima que en León hay alrededor de 30 vehículos con estas características que han provocado 10 accidentes en los últimos años.

Algo que debió de haber sido un asunto sencillo, al final exhibió varias aristas que debían de ser contempladas para su implementación, las cuales involucraban principalmente a tres Direcciones municipales: Policía Vial, Salud y Economía.

La Dirección de Policía Vial porque se tiene que diseñar una estrategia de operatividad para cuando alguno de sus agentes tenga que detener y confiscar un vehículo de esta naturaleza, ¿cómo se hará para trasladar al animal a los centros que se habiliten para ese fin?, pues no es lo mismo llamar a una grúa para arrastrar un auto, que necesitar un remolque para llevarse un burrito, y ¿cuál será el procedimiento para que su dueño pueda recuperar su animal?, o peor aún, ¿qué pasará si ya no le interesa y lo deja ahí abandonado?

La Dirección de Salud, porque una vez recibido el animal confiscado ¿quién lo alimentará?

Pues, de igual forma, no es lo mismo recoger un automóvil y llevarlo al corralón, que llevarse un animal que requiere cuidados diarios para su subsistencia.

Además, se tendrán que celebrar convenios con particulares que cuenten con instalaciones (potreros o establos) que puedan ofrecer refugio y cuidado a estos animales, amén de que igualmente se deberá diseñar un plan de adopción para cuando estos animales ya no sean reclamados por sus dueños.

Y finalmente, a la Dirección de Economía porque, aún y cuando sean solo 30 personas las que se dedican a la actividad comercial en vehículos de tracción animal, a estos ciudadanos se les privará de seguir desarrollando su actividad de subsistencia, por lo que igualmente habrá de diseñarse un programa que supla a los animales por otro tipo de vehículos, ya sean de motor (motocicletas) o triciclos o bicicletas, mismos que deberán ser ofrecidos bajo subsidio a los particulares a través de esta dependencia.

Al final se aprobó un plazo de 90 días para implementar el proyecto.

Hay comentarios en la opinión pública que señalan que esta iniciativa surge más de una causa personal que de una necesidad real, lo cual podría tener elementos para considerarse así, pero no viola ninguna normatividad.

Yo en lo personal me quedo con la siguiente anécdota: por primera vez, mi hijo el más joven me acompañó a la sesión de Ayuntamiento y se tuvo que “chutar” todo el debate.

Al salir, fuimos a una taquería y mientras cenábamos, me preguntó: “Papá, ¿qué no hay cosas más prioritarias en la ciudad?”. La verdad, sí me dejó reflexionando.