Menos opinión y más técnica

El último día del primer año de la Legislatura local se presentó una iniciativa para crear la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública.

Se vale imaginar que existe una evaluación del trabajo de la Fiscalía General de Guanajuato, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los 46 ayuntamientos en materia de seguridad.

Dessire Ángel Rocha, diputada local por Movimiento Ciudadano, anunció su iniciativa en conferencia de prensa acompañada de Alejandro Hope, reconocido analista y asesor en temas de seguridad.

La propuesta es crear un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de las políticas públicas en materia de seguridad.

La iniciativa la presentó la legisladora de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, y la anunció antes en conferencia de prensa acompañada de Alejandro Hope, reconocido analista en temas de seguridad, y asesor en esta propuesta.

Este órgano público, explicó Hope, ayudará a pasar de la simple opinión (por más informada que esté) de si se deben ir o no el fiscal Carlos Zamarripa; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, o tal o cual funcionario; a discutir, con ‘los pelos de la burra en la mano’, sobre si las políticas de la Fiscalía, Seguridad del Estado y de los municipios, están o no funcionando.

En su columna de El Universal del 1 de julio, titulada “Guanajuato quiere evaluar”, Alejandro Hope apunta: “Este es tal vez uno de los proyectos más disruptivos y originales que se han presentado en la materia en años recientes.

“No es una bala de planta, pero ayudaría enormemente a mejorar la calidad de la discusión y a no conformarme con que se haga algo, aunque ese algo sea un disparate o se haya intentado ya mil veces. Ojalá así lo vean en Guanajuato. Y ojalá se retome el proyecto más allá de sus fronteras”, escribió.

Hoy solo tenemos dos hechos a la vista: uno, que el gasto en seguridad pública y justicia se ha incrementado significativamente y dos, los delitos crecen.

Más dinero, más delitos

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Formación en Seguridad Pública entre 2015 y 2021 incrementó 49.5%, es decir a una tasa media anual de 6.9%. 

En 2015, el gasto fue de 5.98% del total del presupuesto general de egresos del Estado; para el 2021 este rubro representó el 9.5% del total. Hoy día, el Gobierno del Estado dedica 1 de cada 10 pesos a las áreas de seguridad pública.

En contraste el número de delitos denunciados pasó de 94,782 delitos en 2015 a 134,626 delitos en 2021, es decir un incremento del 40% en sólo seis años. 

La percepción de inseguridad estatal pasó de 59.6% a 84.3% de 2016 a la fecha.

Lo que nos cuesta a todos la inseguridad, en el 2020 fue un total de $11,687.6 millones de pesos, que equivale al 12.6% del gasto público del Estado para el 2022.

¿El gasto público no está funcionando para contener la inseguridad y la violencia? O ¿de no haber gastado tales cantidades, todavía podríamos estar peor que hoy? 

“Ambas son operaciones lógicas, pero ninguna de ellas puede afirmarse categóricamente pues carecemos de evidencia científica que demuestre una u otra posibilidad, esto es así porque básicamente no tenemos ningún modelo de evaluación objetiva de la política pública guanajuatense en materia de seguridad pública”, apunta la iniciativa en su argumentación.

Por eso cuando le preguntan a Alejandro Hope sobre la permanencia del Fiscal del Estado contesta que a él no le toca opinar, pero con información (como los que daría una Comisión de Evaluación) habría elementos que ayudarían a discutirlo.

Lo que no hacen los consejos

La comisión, comité, consejo, mesa o como le pusieran en caso de crearla, no tendrá ninguna función operativa en materia de seguridad pública y no duplicaría tareas con ningún otro órgano.

Hoy el Sistema Estatal de Seguridad Pública está integrado por un Consejo Estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, y la Comisión Estatal de secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes. Ninguno con esa tarea.

Esta semana fue la sesión XIV del Consejo Estatal de Seguridad, ahí están sentadas autoridades de todos los niveles y consejeros ciudadanos invitados, pero su tarea hasta hoy se ha enfocado en definir la operación de los recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

Parte de ese trabajo y requisito para obtener dinero de la esa bolsa es el cumplimiento de los 45 compromisos municipales referentes a cuatro puntos: Operatividad Policial, Tecnologías de Información, Prevención Social del Delito y el de Protección Civil.

Entre las atribuciones del Consejo está: “Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención social de la violencia y la delincuencia”.

No sabemos si esas evaluaciones se han hecho y sus resultados. De cualquier forma la iniciativa plantea otra cosa: una evaluación científica, externa y pública.

Se propone la Comisión sectorizada a la Secretaría de Gobierno, creada ex profeso para la evaluación integral de la política pública de seguridad, contando con especialistas con metodología de investigación científica, con independencia técnica y que no formarían parte de las instituciones evaluadas.

Existe por ejemplo, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), creado en 2005 para la medición de la pobreza y también de los resultados de la Política Nacional de Desarrollo Social.

¿Por qué entonces no rendir cuentas sobre las tareas de la seguridad y justicia?

El segundo año de la Legislatura inicia el 1 de septiembre y la iniciativa tendrá que ser revisada por la Comisión de Seguridad que encabeza el panista Martín López.

Dessire Ángel es una opositora seria y enérgica frente a la aplanadora panista. Lo que se esperaría de la bancada que comanda Luis Ernesto Ayala es madurez política para analizar con seriedad y prisa esa y todas las propuestas que puedan abonar a construir la seguridad que hoy no tenemos.

Más pendientes para los diputados

La bancada panista en el Congreso local tiene también varias iniciativas ya presentadas y en análisis que son importantes.

Entre ellas destacan: dotar de agua potable y servicios a fraccionamientos en proceso de regularización, cuya primera mesa de trabajo ya se realizó en las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) y todas las voces han manifestado su respaldo y urgencia para dictaminar.

Una más que presentó Ayala Torrres es la reforma en materia de mejora regulatoria.

También están en el tintero la nueva Ley de Educación Superior; la nueva Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas; una nueva Ley de Turismo; y reformas como la de exámenes de control y confianza para establecer que los agentes las acrediten cada tres años y los mandos cada dos.

Pero, el gran tema de discusión el siguiente periodo ordinario será el de un nuevo endeudamiento para el Gobierno del Estado, que ya adelantó Diego Sinhue que es casi un hecho que va a solicitar. 

Falta que defina el monto (entre dos y tres mil millones de pesos) y los proyectos de inversión (ampliación de cárceles, rehabilitación de puentes en mal estado, y otros). Ya los votos pueden adivinarse: Morena y el Verde se van a oponer, el PAN requiere de sólo tres votos más que puede obtener entre los priistas y tal vez con MC.

Técnicamente la deuda es viable, lo dicen las calificadoras y la propia Secretaría de Hacienda en su sistema de alertas; pero la discusión inevitablemente es política: ¿Más deuda cuando ya se le autorizaron dos créditos de 5 mil millones en esta Administración Estatal? De los que por cierto falta comenzar por ejercer dos mil.

El PAN repetirá que la Federación lo castiga y que urgen esas obras, Morena les pedirá que se pongan a ahorrar. 

El soñado hospital del Seguro Social 

Irapuato no desiste y hace su parte para amarrar un nuevo hospital regional del IMSS de 260 camas. Esta semana aprobó la compra de un terreno de cinco hectáreas por 24 millones. Ahora la pelota está se encuentra en la cancha del IMSS. 

La alcaldesa Lorena Alfaro tiene la complicada tarea de concretar la inversión, pues ahora sí que con el Seguro no hay nada seguro. Eso sí, ya hay un avance en la integración del expediente técnico.

Pero el camino no es fácil, pues el mismo objetivo es perseguido por los gobiernos de Salamanca, Celaya, Silao y Guanajuato, que también buscan atraer el nuevo hospital para mejorar la atención a los derechohabientes en sus municipios.

El representante del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, enfrió la emoción de la administración fresera al asegurar que contar con un terreno disponible no basta y que todos los municipios siguen con posibilidades.

Lorena Alfaro asegura que el proyecto tendría más impacto en Irapuato, donde se atiende a alrededor de 442 mil 436 derechohabientes de 8 municipios de la región.

Dice también que la ubicación de este terreno es inmejorable, aunque hay que decir que en la zona donde se comprará, entre las colonias Las Liebres y Valle Verde, aún hay muchas carencias de movilidad y de servicios básicos, sin contar lo alejado que está de otras unidades médicas.

Además, otro punto a favor que podría tener Irapuato en esta contienda es el ofrecimiento de un segundo terreno, de dos hectáreas, para la construcción de otra Unidad de Medicina Familiar, este sí estaría ubicada en zona hospitalaria.

La solicitud de este nuevo hospital ha pasado de administración en administración. La decisión aún no está tomada y lo que queda es esperar que las gestiones de Lorena Alfaro sean efectivas y que, por fin, Irapuato tenga el anhelado hospital.

Celaya, y la utopía del rescate

El gobierno de Javier Mendoza Márquez no logra levantar el vuelo y el rescate que prometió parece ser una utopía. 

Este domingo, el Presidente Municipal de Celaya cumple nueves meses al frente de la administración pública y el desgaste comienza a ser muy evidente. 

Don Javier decidió tomarse una semana de vacaciones y durante dos días viajó a Puerto Vallarta, pero no contaba con que fuera ser fotografiado en pleno aeropuerto para luego difundirse en redes sociales. 

De no ser por esa fotografía nadie se hubiera enterado que el ingeniero andaba en la playa ya que ha limitado su contacto con medios de comunicación como parte de su estrategia para evitar hablar sobre seguridad.  

Lejos han quedado las primeras semanas de gobierno en donde todo era color de rosa, caracterizándose por salir de su oficina en la Presidencia Municipal para saludar a los empleados municipales, hoy le interesa más huir de los reporteros.

Una muestra de ello fue el pasado lunes durante el evento del primer vuelo oficial del avión Halcón 2, donde se negó rotundamente a dar entrevistas argumentando que era un día de fiesta y no quería que nada lo opacara. 

El Gobierno celayense ha buscado promover noticias positivas como el estudio del Financial Times, que se realizó el año pasado, en el que ubican a Celaya como una ciudad del futuro por su rentabilidad y potencial económico. 

La difusión de este ranking desató una serie de burlas y críticas entre los mismos celayenses quienes se preguntan qué futuro puede tener una ciudad donde abundan las extorsiones y homicidios. 

La promesa de campaña de Javier Mendoza de rescatar Celaya parece que se quedará solo en eso, en una promesa que está muy lejos de cumplir en medio de una nueva escalada de violencia. 

A mitad de semana, el asesinato de un hombre en pleno Parque Morelos del Centro de Celaya provocó el inicio de una psicosis colectiva con una serie de rumores que propició el cierre de negocios. 

El Gobierno celayense no supo hacerle frente a la crisis, desmintiendo casi cinco horas después lo sucedido. Pero el problema no son los rumores, es la realidad.

MCMH