Hace algunos días tuve la suerte de sostener una interesante plática con el presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, el Ing. Rolando Alaniz Rosales, con quien me une una amistad familiar y personal desde la preparatoria. En dicha conversación abordamos la perspectiva y problemática que tiene la industria automotriz en nuestro estado.

Al respecto me confirmó que recientemente el Clúster Automotriz aplicó una muy completa encuesta a las más de 140 empresas de ese giro que están afiliadas a la institución que él preside, y analizamos los resultados arrojados.

De dicho ejercicio se desprende que la industria automotriz de Guanajuato actualmente padece siete problemas principales que demandan a las empresas invertir más recursos materiales y humanos, con la consecuente afectación a la productividad.

El problema número uno es la escasez de mano de obra, misma que ha llegado a límites alarmantes, provocando con ello el “pirateo” de operadores calificados, lo que representa inversión de recursos adicionales en capacitación y entrenamiento, además las estrategias de retención implican un incremento en costos de mano de obra, lo que, dicho sea de paso, es benéfico para el trabajador.

El segundo problema es la pérdida de oportunidades y recursos por la lentitud y burocracia para poder llevar a cabo trámites fiscales, ya que es bien sabido que el sistema de citas del SAT está colapsado ante la falta de personal. Aquí tenemos las funestas consecuencias de haber desmantelado y despedido a miles de empleados del SAT al principio de este sexenio. Es absurdo que hoy en México, el Gobierno Federal hasta para pagar impuestos ponga obstáculos.

El tercer problema son las afectaciones a las cadenas de suministros que a causa del COVID se han visto traducidas en escasez, entre otras cosas, de chips, contenedores y materia prima en general.

El cuarto problema es la alteración de la paz laboral, pues aunque Guanajuato se ha distinguido por ser un estado en donde las relaciones obrero-patronales se han mantenido abiertas al diálogo y sin conflictos relevantes, la realidad es que la apertura sindical podría ser aprovechada por organizaciones o confederaciones que, lejos de representar los intereses de los trabajadores, caigan en el chantaje y la amenaza como herramientas de negociación.

Hasta el número cinco aparece el problema de la inseguridad en nuestro estado; es interesante observar que este tema a pesar de ser probablemente el más mediático y el que más infunde temor a la población, no es lo que más preocupa a la industria automotriz, ya que en términos generales no ha afectado a los trabajadores ni a las empresas, con sus muy sabidas excepciones.

El sexto problema es la falta de infraestructura, principalmente en términos de energía eléctrica. Ya es por muchos conocido que la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad no solo es insuficiente, sino que además tiende a ser cada vez más improductiva y costosa. Igualmente, los problemas de logística por los interminables bloqueos de carreteras, vías férreas y hasta puertos marítimos, han provocado paros en las líneas de producción.

Y finalmente está el séptimo problema, que es aquel que está ligado a la falta de confianza en el Gobierno Federal, y no es para menos si cada semana podemos amanecer con nuevas ocurrencias, o peor aún, con constantes violaciones a las reglas establecidas, a los convenios y tratados internacionales. 

¿Con qué seguridad queremos que haya inversiones en Guanajuato si no hay una certeza jurídica que asegure un escenario armonioso entre inversionistas y trabajadores? Es evidente que las políticas económicas de López Obrador solo espantan las inversiones.

 

 

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