Agradezco al procurador del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla sus puntos de vista enviados en una carta que hoy publicamos sobre la columna de ayer. Me gustaría hacer algunas precisiones sobre los comentarios de nuestro apreciado paisano. 

Sheffield dice: “No existe un sólo país del mundo donde prive el orden y el Estado de Derecho en el que los salarios de los servidores se comparen con los de la iniciativa privada”. 

Sí lo hay y se llama Singapur, país que está entre los primeros lugares en honestidad, estado de derecho, seguridad pública y prosperidad. El Primer Ministro Lee Hsien Loong gana S2.2 millones de dólares de Singapur, equivalentes a $1.6 millones de dólares norteamericanos, 33 millones de pesos. Ingreso que desquita con creces.

Los ministros ganan S1.5 millones de dólares y sus bonos están sujetos a desempeño y cumplimiento de metas, como en cualquier empresa de gran calado. Los cargos se deciden por tres parámetros: capacidad, preparación y mérito.

El resultado es sorprendente. El pequeño país asiático compite como uno de los más prósperos del mundo con un ingreso de $86,000 dólares (PPP) por habitante. Sólo hay 11 homicidios dolosos al año y la mayoría son por riñas. Goza de un estado de derecho donde la impunidad es inexistente y la percepción de nula o baja corrupción sólo se compara con los países escandinavos porque siempre está entre los primeros 5 más honestos del mundo.

Sin embargo sus funcionarios no tienen la riqueza de nuestros políticos del llamado periodo neoliberal ni del presente. Lee Kuan Yew, el fundador del país, decía que él era el líder mejor pagado del mundo, pero que su patrimonio palidecía contra cualquiera de los autócratas de Latinoamérica que amasaban fortunas por corrupción. 

En los países desarrollados hay una correspondencia entre el ingreso del funcionario y su responsabilidad. Además la probidad no es una cualidad que se busque o se valore sino una parte indispensable del servicio público. No es que “quieran funcionarios honestos” porque los deshonestos simplemente no tienen cabida, y si los hay, están en la cárcel. 

Sabemos que en México el 90% de los funcionarios de alto nivel no pueden vivir de su sueldo, ya sean secretarios, gobernadores o el nivel que le sigue. Nuestra cultura de impunidad no cambia de un sexenio a otro por ser neoliberales o conservadores. La percepción de corrupción durante el presente sexenio aumentó según encuestas de observadores internacionales independientes. 

Tampoco creo que usted sea un ideólogo del anti neoliberalismo, por el contrario, siempre vi en su carrera profesional y política la genuina y loable aspiración de competir entre los mejores políticos de la región, primero con Acción Nacional y luego con Morena.

Dice que “no tiene elementos para saber si los amparos que han promovido algunos funcionarios para seguir ganando más que el presidente tienen bases legales o no, y aunque las tuvieran, no me parece legítimo”. Creo que si los servidores públicos se ampararon es porque la Constitución lo permite, eso también lo sabe usted. También creo que están en su derecho porque -por un criterio autoritario y unilateral- pierden, ellos y sus familias, un ingreso en forma retroactiva, algo que nuestras leyes sancionan. Defenderse de las ocurrencias sexenales es un acto legítimo y responsable de quienes sirven a instituciones. 

Lo que se presentó en la mañanera sobre los sueldos mayores a los del presidente sólo tiene una intención: estigmatizar a quienes los devengan. De no ser así, podrían pasar todo el día mostrando los tabuladores de todas las dependencias y de los estados. Es un tema electoral. 

El servicio público paga con otros beneficios en México: relaciones, influencia, negocios y el más apetitoso de todos: el poder, para bien y para mal.

(Continuará)