Rechaza apoyo de Seguridad

En medio de la crisis de inseguridad que aqueja a Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro García rechaza toda la ayuda que le han ofrecido, principalmente del Gobierno del Estado. 

Una tras otra, las crisis se acumulan en su gobierno y eso que aún no cumple ni nueve meses desde que tomó protesta, pero lo peor de todo es que las decisiones que está tomando le pegan a todos los irapuatenses.

El hecho más reciente fue la manifestación de policías que ocurrió el miércoles 29 de junio, pero dicha protesta sólo es consecuencia de las malas decisiones tomadas en el gobierno de Lorena Alfaro.

Es como un efecto dominó que inició cuando renunció Miguel Ángel Simental, secretario de Seguridad de Irapuato, el 28 de marzo, aunque Lorena no dijo la verdad sobre la renuncia. La realidad es que hubo diferencias irreconciliables que no les permitieron seguir trabajando juntos. 

Simental había llegado a Irapuato con todas las recomendaciones del Gobierno del Estado y aunque Lorena aceptó, meses después cambió de opinión.

Luego se fueron decenas de agentes que tenían una formación de policía federal y que habían llegado junto con el Secretario para buscar disminuir la inseguridad. Estas renuncias fueron el inicio del desmantelamiento de la Policía Municipal.

Sin una cabeza al frente, las cosas en Irapuato siguieron empeorando y muestra de ello fue la detención de 28 mujeres que participaron en una manifestación feminista el pasado 2 de mayo. 

Los policías no actuaron solos, alguien les dio la orden, hoy se sabe que la Alcaldesa recibió recomendaciones de autoridades locales y estatales de no confrontar a la manifestantes, pero al parecer no hizo caso.

El resultado fue que Irapuato se puso en el foco nacional por las detenciones arbitrarias de manifestantes, algunas de ellas incluso menores de edad. 

Policía bajo fuego

La crisis en seguridad en Irapuato se acentuó con la renuncia de J. Reyes Méndez Jiménez al cargo de Director de Policía apenas 11 días después de recibir dicho nombramiento y luego de que su jefe de escoltas fuera atacado a balazos. 

Méndez Jiménez se fue sin escoltas el 21 de mayo, 36 días después fue asesinado. 

La situación provocó la movilización de policías quienes se sienten desprotegidos por parte del Municipio, 40 decidieron exponer su inconformidad el miércoles.

Y el mayor problema en todos estos hechos desafortunados que han ocurrido en Irapuato, es que la Alcaldesa no se deja ayudar, no hace caso a las recomendaciones que le hace el Estado ni nadie más, bueno nadie que no sea una persona que no está en la nómina municipal.

Los panistas también están preocupados por el actuar de Lorena Alfaro pues las malas decisiones afectan la marca y saben que no están para perder puntos que pongan en riesgo en el 2024 los triunfos electorales en los municipios claves.

¿Será por esta ruptura con el Estado que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha preferido no visitar Irapuato desde hace tiempo?, en su agenda no ha incluido eventos en ese municipio por lo menos en los últimos dos meses. 

Gota que derramó el vaso

Es la primera vez que los policías alzan la voz contra los asesinatos de sus compañeros, el retiro de algunas prestaciones y la falta tanto de uniformes como de equipamiento.

Y es que resulta preocupante que en el último mes, seis policías y ex policías hayan sido atacados, cuatro de ellos murieron en los hechos y otros dos quedaron heridos.

Los policías manifestantes incluso pidieron la destitución del secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, aunque luego se retractaron. El funcionario apenas fue designado el 16 de mayo pasado.

En principio, los elementos dijeron ser víctimas de la criminalización por parte de los propios mandos, pues pedir el protocolo de protección implica que los investiguen.

La manifestación surtió efecto, pues logró que las autoridades les dieran audiencia para buscar una solución. La comitiva de cinco elementos entró armada de valor, al final los policías aceptaron -por ahora- las promesas de Benavides Hernández y del secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez, quienes firmaron los acuerdos.

Aunque no se fijaron fechas ni un plan de acción concreto. Las promesas se enfocan en gestionar cajas de ahorro como una opción para tener préstamos personales o hipotecarios, tras haberles quitado la prestación del ISSEG.

Se revisarán las alternativas para que puedan portar su arma de fuego sin violar la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, la gestión para nuevos uniformes y equipamiento, capacitación y no tomar represalias contra los agentes.

A todo esto, la Alcaldesa de Irapuato se limitó a decir que no habría represalias por protestar y repitió que, quienes se conduzcan con honor, sí serán escuchados.

León, la limpia

En tierras leonesas, no termina la depuración de la Policía Municipal. 

Ya se fueron más de 318 en la presente administración municipal y habrá más, por lo pronto en los siguientes días se advierten la baja de otros 40 elementos operativos, no sólo de Policía, también de otras áreas como el C4 y Fiscalización.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez jura y perjura que no habrá titubeos en ese punto. 

La pregunta obligada es ¿por qué entonces permanecían en funciones si no eran elementos confiables? ¿por qué a partir de esta administración se intensifica la limpia cuando el Secretario es el mismo y no se puede llamar a la sorpresa?

Aunque la oposición ha sido crítica con la permanencia del secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, quien cumplió ya tres años en ese puesto, tal parece que mantiene la entera confianza de la Presidenta y de más arriba: Gobierno Estatal.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Inegi, el porcentaje de la población que tuvo contacto con autoridades de seguridad pública y experimentó algún acto de corrupción, en León fue 36.6% en diciembre del 2021, que es una mejora respecto al 47.9% que se registró en diciembre del año 2020.

En el Municipio confían en que la depuración se traduzca en mayor confianza social.

Esto de la mano de la formación inicial de los agentes que pasará de 6 meses a un año, y el arranque en septiembre de la Licenciatura en Derecho con enfoque en Seguridad Pública, que se impartirá en la Academia Metropolitana de Seguridad.

Sobre la incidencia delictiva en lo general el acumulado enero-mayo 2022 con 19,883 denuncias es 1.8% mayor al mismo periodo del 2021, es un máximo histórico de delitos si referimos que en los mismos meses de 2016 eran sólo 11,875.

En delitos este arranque de año van a la baja las carpetas de homicidio doloso (-15%), robo de vehículo con violencia (-7%), robo a negocio sin violencia (-11%).

Sin embargo se disparó el robo de vehículo sin violencia en un 69%, también van a la alza el robo a casa con violencia en un 6% y robo a negocio con violencia 6%.

Mención aparte el delito de narcomenudeo, que en cinco meses suma 7,597 denuncias, un -4% menos que el mismo periodo del 2021, pero un crecimiento exponencial si comparamos que en enero-mayo 2016 fueron solamente 1,196. 

La autoridad dirá que son muchas porque sí abre carpetas, la alerta es la cantidad de droga en las calles, que es la razón principal de la violencia homicida sin freno.

Tensión laboral en el Congreso

Empleados del Congreso del Estado ya no se sienten a gusto al ir a trabajar. Acusan malos tratos e incertidumbre de perder sus empleos.

El responsable del mal clima laboral, señalan algunos, es Christian Cruz Villegas, secretario general, y varios de su equipo.

Denuncian que les habla mal, les habla fuerte, exigiendo pero tratando mal, hay gente a quien las ha puesto a llorar y a temblar. 

Pero no sólo eso, sino que desde que inició esta Legislatura los despidos de personal, de todas las áreas, no han cesado. O ha motivado renuncias debido a la presión que ejerce sobre ellos. La situación no sólo la padecen los empleados de los niveles más bajos, sino también directivos.

Los casos más recientes son dos: Patricia Díaz Sánchez, quien durante 20 años fue la directora de Tecnologías de la Información, renunció hace 15 días porque fue víctima de acoso laboral por parte de Christian Cruz. 

Una de las varias medidas de hostigamiento que le aplicó fue que no la invitaba a reuniones de trabajo, sino a su gente. Las últimas semanas para ella “fueron un calvario”, refieren quienes hablaron con Paty,  días después de su renuncia.

La presión para ella  fue que “ya era una persona grande” y había que renovarla. Días antes, ella se enteró, de manera extraoficial por alguno de sus compañeros que la iban a correr, así que le preguntó a Juan Caudillo, director de Administración, y la respuesta fue afirmativa. 

Varios diputados, incluso algunos del PAN, hablaron bien de ella para defenderla, incluso un jueves, un día antes de que renunciara, le pidieron que se quedara. Ya era demasiado tarde, la estrategia de presión de Christian Cruz había surtido efecto. 

No ha sido la única. A Jessica Ramberg Peña, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, la despidieron la semana pasada, sin justificación alguna, sólo le dijeron que le perdieron la confianza. 

Inicialmente, afirman quienes conocieron el caso, le pidieron que firmara su renuncia, pero como ella no quiso, porque no había ninguna razón, le advirtieron: “Si no firmas te vamos a armar un caso”. Así que tuvo que firmar obligada por la amenaza.  

Después de esta renuncia obligada, hay otros empleados o jefes de área que tienen miedo de que les pase lo mismo que a Paty Díaz y todos los días se presentan a trabajar con el temor de que sea el último, aunque estén haciendo bien su trabajo.

Porque todos pueden ser víctimas aunque sean jefes. Un día, frente a toda la Junta de Gobierno, Christian Cruz trató mal a Francisco Rocha Balderas, coordinador de asesores de la fracción del PVEM, uno de los mejores asesores parlamentarios de todo el Congreso, por su preparación, por su dedicación pero también querido por muchos por su buen trato. El también lleva años en el Congreso. 

Para justificar su actuación, el Secretario General le hizo creer a Luis Ernesto Ayala que eran amigos y que así era su trato.  

Ante quejas, harán estudio

Esto de los despidos que se dan de un día para otro, en los últimos meses varios colaboradores lo denunciaron ante los diputados Ernesto Millán Soberanes, coordinador de la fracción de Morena; a Gerardo Fernández González, del Verde; y a Dessire Angel Rocha, de Movimiento Ciudadano.

Ellos llevaron el asunto a la sesión de la Junta de Gobierno del 22 de junio, en la que, por la naturaleza del caso, se pidió a Christian Cruz, secretario técnico de la Junta, que se saliera. Los tres diputados expusieron ante Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de Junta de Gobierno y coordinador del PAN, las quejas recibidas.

Al concluir, Ayala Torres confrontó a los denunciantes con el denunciado y le dijo  “a mí me gusta tratar con respeto a la gente y que la gente que trabaja conmigo también lo haga. Tu forma de ser no ayuda, tienes que cambiar tu forma de ser”.

Pero bueno, al final, ese 22 de junio los cinco diputados integrantes de la Junta de Gobierno acordaron realizar una encuesta de clima laboral entre todos los empleados del Congreso. 

Y esta decisión fue ratificada este viernes 1 de julio por los cinco diputados de la Comisión de Administración.

Incluso ya se aprobó la consultora externa que hará el estudio, Human Factor, con sede en León. En cuatro semanas tiene el objetivo de identificar el nivel de satisfacción/insatisfacción de los colaboradores y plantear estrategias de mejora.