La tardanza para la libre competencia 

Otra vez surgieron las protestas de taxistas con el mismo reclamo: que el Gobierno del Estado ponga un alto al servicio que prestan taxis ejecutivos sin permiso.

El viernes se manifestaron en Celaya, Irapuato y Salamanca. Esta vez advierten que cerrarán Guanajuato capital si no los recibe el gobernador Diego Sinhue pronto.

Diego se tomó esta semana de vacaciones y no se ha pronunciado. La secretaria de Gobierno, Libia García; el subsecretario José Luis Manrique; y el director de Transporte, Ysmael López, intentan frenar a los taxistas con diálogo.

Los dirigentes del gremio parecen estar en buenos términos con la autoridad, dicen, no así sus agremiados que les reclaman no hacer más y empujan a las protestas. 

De llamar la atención por ejemplo que en León decidieron no tomar las calles.

Pronto las reglas del juego cambiarán, ya no habrá más permisos oficiales sino solamente un registro estatal que cualquiera podrá obtener como taxi privado. Se dispondrá de una plataforma para hacerlo, según la nueva legislación aprobada por el Congreso del Estado, cuyos plazos están corriendo para aplicarla.

A finales de año arrancará el registro y además el Gobierno del Estado lanzará una plataforma propia (que ya licitaron y adquirieron) para que cualquiera pueda apuntarse y usarla para dar el servicio sin necesidad de pagar comisiones. Además de contar con un centro de monitoreo para garantizar la seguridad de los viajes.

Mientras eso pasa los taxis verdes reclaman competencia desleal y se rebelan.

En el juego del gato y el ratón quedó atrapado el Gobierno del Estado cuando en 2016 el Congreso aprobó una Ley de Movilidad que ató la prestación del servicio ejecutivo al control de la autoridad y que topó los permisos a unos 1,400.

Los taxistas ejecutivos, como los llamaban, proliferaron, se estiman en 8,000 hoy sin el permiso oficial, frente a 12,500 taxis verdes o tradicionales con una concesión.

La Dirección de Transporte quedó con esa ley de 2016 acorralada, el consumidor demandaba el nuevo servicio (por eso había más unidades), pero la ley decía que debían de tener un permiso, de lo contrario hay que detenerlos y sancionarlos.

Operativos, ahora sí vienen con todo

Pero solamente cuentan con 80 inspectores en dos turnos para todo el estado. No hay capacidad para detener a más, los taxis verdes los acusan de “hacerse patos” y cuando actúan contra alguno, el bando contrario ha llegado a frenar los operativos. 

Ya lo vimos hace dos semanas cuando se armó una trifulca en Salamanca entre verdes que respaldan a la autoridad estatal y los “piratas” que impedían el acto.

Hay que recordar que en el caso específico de Uber tienen un amparo que les permite operar sin restricción alguna a un permiso, no así otras plataformas que en caso de hacerlo, pueden ser detenidas. Lo mismo cuando se presta el servicio por fuera, es decir, por WhatsApp, llamadas, en directo, sin mediar plataforma alguna.

La promesa del Estado es que, cuando esté listo el nuevo registro, el número de inspectores de Transporte se duplicará y los operativos ahora sí irán con todo, con el auxilio de la fuerza pública, contra quienes no estén en ninguna plataforma. 

Es decir, para registrarse deben mostrar carta de adhesión a alguna de las plataformas comerciales o a la propia del Estado (pueden operar en más de una).

Los que hoy llaman piratas tendrán la oportunidad de ponerse en regla, el número de taxis dependerá de oferta y demanda. Lo que no podrán es andar por la libre.

Lo que está por verse es cómo se adaptan los taxis verdes a esta nueva realidad que ya no tiene marcha atrás. Las resoluciones de la Suprema Corte obligaron al Congreso del Estado a modificar la ley para no caer en la inconstitucionalidad.

Se trata de tener reglas claras y piso parejo y el que gane sea el consumidor.

Morena, el control

Morena tendrá hoy una prueba de fuego como partido político en Guanajuato. 

En los 15 distritos electorales federales se tienen programadas asambleas en las que se elegirán a 10 consejeros en cada una, es decir 150, que tendrán en sus manos la decisión de elegir la nueva dirigencia estatal que encabezará una mujer.

El detalle es que Morena no está acostumbrado a la vida democrática e institucional (bueno, ningún partido puede presumir eso), hay que recordar que sus últimas asambleas distritales celebradas en todo el país en 2019 terminaron anuladas por el desorden provocado, entre otras cosas, por no tener un padrón actualizado y confiable.

Todo eso llevó a un retraso en la organización del partido. En Guanajuato se reflejó en la disputa que mantuvieron Ernesto Prieto y Alma Alcaraz por la dirigencia.

El tiempo pasó pero Morena sigue sin tener un padrón de militantes confiable, tanto así que no se basarán en ello para las asambleas de hoy, sino que cualquiera puede presentarse, afiliarse y votar.  Esto equivale a dar rienda suelta al acarreo. 

El 14 de agosto está programada la asamblea estatal para elegir a todo el nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena cuya cabeza se definió será mujer. Así que quien hoy gane la mayoría de los 150 consejeros a elegir, tendrá el control de la elección, o sea del partido con miras a las elecciones del 2024. Por eso el pleito.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, confía en tener la mayoría hoy. La senadora Antares Vázquez ya lo acusó de provocar inequidad en la contienda al inscribir a miles de candidatos a consejeros y aceitar la maquinaria del acarreo.

Ayer, en una colonia de León verificamos la convocatoria para entregarles despensas y llevarlos a votar mañana por los consejeros que les digan. Las viejas prácticas que tanto criticaron del otrora poderoso PRI y que Morena perfecciona.

Del resultado de hoy, dependen los perfiles que levanten la mano para buscar la Presidencia. Se habla de Alma Alcaraz (del grupo de Sheffield), de la diputada local Hades Aguilar, y de Magaly Segoviano (del equipo de Ernesto Prieto). Ya veremos.

Lo más seguro es que esta jornada terminará con impugnaciones. Tal vez previendo todo esto es que la asamblea prevista para el domingo 7 de agosto cambió al 14. 

Alejandra y Diego, hora de anuncios

El 8 de agosto, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y Diego Sinhue, están convocando a representantes sociales, empresariales, políticos, etc., a las 10 de la mañana en el Teatro Manuel Doblado.

El motivo: presentar un plan de proyectos estratégicos de obras para la ciudad.

En septiembre por ley son los informes de los ayuntamientos y a Alejandra le urgen dar buenas noticias, y sobre todo proyectar un gobierno de acciones y resultados. 

Entre los anuncios se espera que se comprometan con dos proyectos prioritarios: el Plan Maestro del bulevar Aeropuerto y la ampliación de la vía del Malecón del Río.

El caos del bulevar Aeropuerto es insoportable desde hace rato. Las soluciones no pueden esperar, el plan está casi listo y lo que se esperaría es que anuncien en ese evento las primeras acciones concretas y la garantía de que tengan continuidad.

En el proyecto del Malecón del Río, la primera etapa por arrancar con recurso municipal es la ampliación a dos carriles en la parte inferior en el tramo de Vicente Valtierra al puente 5 de Mayo. Lo que se espera es que el Estado se haga cargo de la segunda (5 de Mayo a López Mateos) y tercera etapa (hasta Mariano Escobedo).

Estas obras pueden financiarse con el último crédito por 2 mil millones que contrató el Estado y que solo estaba a la espera del registro en Hacienda para ejercerlo.

Si Diego se anima a solicitar otra deuda y el Congreso dice sí, ya será otra historia.

Los consentidos del Presidente

El gobierno de Javier Mendoza está repleto de familiares, amigos y recomendados que de poco o nada están sirviendo a Celaya.

Una de las más recientes incorporaciones al gobierno celayense es el empresario Eugenio Gallego Sales quien ahora encabeza la Dirección de Compras, una área fundamental donde se mueven los recursos municipales. 

Las suspicacias comienzan cuando nos damos cuenta que Eugenio Gallego es compadre y amigo íntimo de Javier Mendoza Suárez, hijo del Alcalde, lo que sin duda lo convierte en uno de los funcionarios consentidos de la administración. 

Pero si de consentidas hablamos, sin duda está la directora de Servicios Municipales, Ivone Torres Moreno, quien fue recomendada por la ex presidenta del Colegio de Arquitectos, Victoria Rodríguez quien es esposa del director del IMIPE, Sergio Martinez León. 

Ivone Torres se ha caracterizado por imponer reglas y cobros en la administración como la que provocó con los pepenadores por cobros indebidos. También ignoró a su compañero director de Medio Ambiente, Gastón Peña, quien sugirió la plantación de árboles nativos en el bulevar Adolfo López Mateos.

Otra que ha tenido algunas quejas por no hacer bien su trabajo es Érika Suárez, la asistente personal y sobrina del Alcalde. 

Algunos empresarios e integrantes de colegios de profesionistas ya se quejaron porque no fueron recibidos por el primer Edil debido a fallas en su agenda que organiza su sobrina. 

Siguiendo con las sobrinas del Alcalde, ahora toca el turno de Aurora Hernández, asistente del secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, quien es la principal apuesta de Javier para continuar con su proyecto político en 2024. 

Lo cierto es que dentro del PAN no están viendo con buenos ojos el protagonismo que está teniendo Gámez Campos en la administración municipal además de que se quiere meter hasta la cocina en los asuntos partidistas. Órale.

Plan fresero, la esperanza

La aprobación del Programa de Seguridad de Irapuato dejó muchas dudas en la oposición del Ayuntamiento quienes decidieron votar en contra.

Varios regidores critican la falta de metas, falta de información y falta de diagnósticos, que serían indispensables para lograr que Irapuato alcance la tan anhelada paz que necesita, al ser uno de los municipios con mayor problemática en el Corredor Industrial de Guanajuato.

Aparte, el programa se aprueba casi a finales de julio, y aunque según las autoridades se entrega en tiempo y forma, han pasado nueve meses de la administración, que mucho habla de resultados, pero no se notan.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga se fue con todo en contra de este documento, entre otras cosas, asegura que es una copia del Programa de Seguridad de Bogotá, Colombia. Supuestamente tiene párrafos exactos, con punto y coma.

Pero ahí no quedó su reclamo, asegura que este plan sería una “cartita de buenas intenciones”, al no contener información indispensable como el gasto en materia de seguridad, el recurso destinado a equipamiento, nómina ni diagnósticos de la situación real de la corporación.

Movimiento Ciudadano y Morena no aprobaron el plan de seguridad. Los panistas dijeron “sí”.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro, se tomó su tiempo para responder a cada uno de los señalamientos hechos por los ediles de oposición, defendiendo el programa y las acciones que, asegura, darán paso a un Irapuato más tranquilo.

Más presupuesto, atención a grupos vulnerables, apertura a opiniones y un trabajo cercano a la ciudadanía, fueron los argumentos para defender este documento.

Pronto sabremos si el plan fue lo que nos prometieron, o es más PAN con lo mismo.

MCMH