La semana pasada se presentó en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, a través de la regidora Luz Graciela Rodríguez, la actualización del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. Este ejercicio surge como respuesta a la iniciativa planteada originalmente por la regidora del partido Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín Limón.

La regidora Verdín había propuesto una iniciativa que pretendía establecer un reglamento para evitar la discriminación en el actuar de todos los servidores públicos que se desempeñan en nuestro municipio. Lamentablemente su iniciativa no fue aprobada, ya que faltaban adecuar varios ordenamientos legales colaterales, además de que mucho de su contenido ya estaba incluido en otras tantas disposiciones reglamentarias.

No obstante lo anterior, y atendiendo a la preocupación externada por la regidora de Movimiento Ciudadano, se logró modificar el Código señalado, incluyendo apartados concretos y específicos mediante los cuales todos los servidores públicos municipales, en su trato con los ciudadanos, deberán (es obligatorio): “prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.”

Además, los funcionarios públicos de esta ciudad deberán, “en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.”

Lo mejor hubiera sido que todo quedara a nivel de un reglamento, pero no es cosa menor que una disposición interna, como lo es él Código, se haya actualizado para incluir en sus apartados señalamientos tan amplios como se redactaron, sobre todo si consideramos que a las administraciones panistas se les tacha de conservadoras (mochas).

Resulta particularmente interesante y positivo que el pensamiento panista muestre esta apertura a la inclusión y no discriminación de ninguna índole, pues este lenguaje es hoy en día obligatorio, particularmente en la población más joven, en donde los partidos están perdiendo presencia.

Ahora bien, hay quienes piensan que un Código de Ética no es necesario, tal y como lo manifestó la regidora del partido Morena, Gabriela Echeverría, quien dijo textualmente “No necesitamos ser servidores públicos y tener un código de ética que nos guíe y nos haga ser excelentes personas”, lo cual suena muy bien, pero en este caso no es así, pues el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, y su violación constituye un argumento para sancionar a los funcionarios municipales, tal y como sucedió, por ejemplo, en el caso de un exdirector de Desarrollo Rural.

Los que en nuestra profesión estamos acostumbrados a trabajar con códigos de ética (abogados, doctores, contadores, etc., etc.), sabemos que estos documentos son importantes para exigirle a nuestra conducta que vaya más allá de lo mínimo que indican las leyes y reglamentos, y nunca sobran disposiciones que nos lo estén recordando, aunque queda claro que, en el caso de los servidores públicos, que manejan nuestros recursos, un código de ética no solo es necesario, sino obligatorio.