Suman 10 candidatos a distintos puestos de elección asesinados en México, sin contar  funcionarios o familiares, solo en lo que va de 2024 y a la fecha, otros 71 candidatos han solicitado protección ante riesgos o amenazas.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla medidas de seguridad para todo el proceso electoral desde la impresión de boletas, su traslado, instalación de casillas y la elección misma.

Lo que no aparece en esta ley es qué prevé el Estado para la protección de candidatos de la violencia ejercida contra ellos durante las campañas.

O se reforma esta ley o se tiene que proponer otra específica, para lo cual se debe hacer un estudio de contenido y sus alcances, porque se podría complementar con la transparencia de los financiamientos tanto de las campañas como de los partidos políticos.

En este último punto es donde se deben poner candados para evitar financiamientos del crimen organizado o de empresas que lavan dinero en distintas escalas.

Sabemos de cierto que el Gobierno de López Obrador va a negar que exista una narcoelección y si bien es cierto que de manera general no lo sea, sí hay intromisión grave y creciente en distintas partes del país.

¿En dónde se da esta intromisión de la delincuencia organizada? Pues principalmente en estados y municipios donde la presencia del crimen ha superado a los entes de gobierno y tiene sometida a la población.

Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas son ejemplos, por lo que en muchos municipios el crimen pone y quita candidatos. Otras entidades tienen distintos niveles de intromisión que se da por regiones muy marcadas.

¿Por qué los grupos del narco están dentro de la política? Sencillamente porque representa otra fuente para sus ingresos; me han contado casos concretos de municipios de Michoacán.

En esos municipios los grupos delictivos han impuesto candidatos, por lo que finalmente se funden con los comités partidistas y colocan funcionarios no solo en dependencias de seguridad pública, sino en todas las demás áreas.

No contentos con ello, empleados y funcionarios tienen que dar pago quincenal al “asesor” que les haya sido impuesto, lo cual es otra modalidad de cobro de piso o extorsión aceptada si quieres continuar con tu trabajo.

Los ayuntamientos en referencia son principalmente de Morena y del PT, que ahora son lo mismo por su coalición y aunque ahí compitan.

Los reportajes que se publicaron, en medios internacionales, de presuntos financiamientos de las campañas de López Obrador en 2006 y 2018 por parte de grupos delictivos, finalmente hicieron mella en la percepción por parte de la ciudadanía.

El 45% de los mexicanos cree que AMLO sí recibió dinero del narco, según una encuesta publicada por Maz Información, medio digital, que además publica las portadas nacionales.

La imagen del narcoestado en México no es solo nacional sino internacional por el hashtag en redes que ya nadie le puede quitar. Si bien la supuesta investigación sobre ese financiamiento fue negada por el gobierno de EU, el New York Times reiteró que sí existía, pero fue cancelada porque se trataba de la imagen del mandatario del país vecino.

Si es así, seguramente cuando termine su mandato Obrador, posiblemente sea continuada esa investigación que no menciona a AMLO sino a sus allegados y familiares que recibieron dinero mal habido por parte de los “bad hombres”, como diría Trump.

Sin embargo, este hipotético seguimiento de la investigación tendría que ser enfrentado también por el nuevo gobierno mexicano, además de la presión del también nuevo gobierno de EU, al que ganas no le faltan para perseguir, en territorio mexicano, a los grupos delictivos que trafican fentanilo.

 

RAA