Guerra y silencios

El recrudecimiento de la violencia en Celaya se registra luego de la salida de los policías municipales de las calles y del silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

La alternancia en Celaya parece que se adelantó. La mañana del 21 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya para desarmar a los policías municipales con el argumento de hacer una revisión de armas. 

A pesar de que no hubo una exigencia federal para retirar a los policías municipales de las calles, esta revisión de armas orilló a las autoridades municipales a retirar a elementos, por lo que un día después la Guardia Nacional se hizo cargo de la seguridad pública de Celaya. 

Durante las primeras horas en que las fuerzas federales asumieron la responsabilidad se vivió una aparente calma en la ciudad, pero en los últimos 10 días se recrudeció la violencia al registrarse 43 personas asesinadas y otras 22 lesionadas. 

La semana comenzó con un ataque simultáneo a dos joyerías ubicadas a unos 50 metros de la Presidencia Municipal, que dejaron cuatro personas asesinadas y otros cuatro lesionados. 

Pese a la crisis de inseguridad que ha vivido Celaya en los últimos años, el primer cuadro de la ciudad se había mantenido ajeno a los ataques a negocios.

Tras estos hechos, el secretario de Seguridad Municipal, Jesús Rivera Peralta, se lavó las manos y responsabilizó a la Guardia Nacional de la seguridad en el municipio, destacando que con la protección de la Policía Municipal nunca habían tenido un hecho de tales características. 

A la par, el todavía presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, ha limitado sus apariciones públicas para no ser cuestionado por temas de seguridad.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez tampoco ha querido decir una sola palabra de lo que pasa en Celaya y de qué hace su gobierno para apagar el fuego.

De las fiscalías del Estado y de la República, cero información y detenidos.

La Sedena y la Guardia Nacional al frente de la seguridad, tampoco dan la cara.

No habían pasado ni 24 horas del ataque a las joyerías cuando una nueva masacre sacudió al municipio cajetero con la localización de cinco cadáveres en una vivienda del barrio San Antonio. 

Con la violencia a la alza, nadie se ha querido responsabilizar de la grave situación, ni se ha aclarado a qué se debe la tardanza en la revisión de armas por parte de la Sedena. Esto ha provocado una serie de especulaciones.

En medio de la crisis de inseguridad más intensa de los últimos años, la incertidumbre aumenta a poco más de un mes del cambio de gobierno municipal y que el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez rinda protesta. 

El Alcalde electo abonó a las dudas al declarar que le parecía sospechoso el aumento de homicidios y que alguien está interesado en que se queden los ex policías federales. 

Su postura parece contradictoria, ya que él mismo autorizó que los expolicías federales se quedaran al menos hasta fin de año, ya que se rigen bajo contratos trimestrales que se deben renovar antes de que concluya la actual administración. 

La realidad es que la falta de claridad sobre cuál será el modelo de seguridad en Celaya a partir del 10 de octubre ha provocado mayor incertidumbre y muchas dudas ante la ausencia de una estrategia que solucione la crisis.

Libia, no coman ansias

A menos de un mes de que la panista Libia García Muñoz Ledo tome protesta como la primera mujer gobernadora en la historia de Guanajuato, dentro y fuera del Gobierno del Estado hay impaciencia por conocer los nombres de su gabinete.

En el actual equipo de Diego Sinhue Rodríguez hay incertidumbre porque nadie sabe quién se va y quién se queda, aunque todos tienen claro que con eso del “nuevo comienzo” son contados con el dedo de una mano los que pudieran repetir.

Dice Libia que el equipo lo tiene listo, pero no es prudente adelantarse a anunciar nombres y apellidos cuando está el Congreso del Estado en el proceso para aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sobre la reestructura de dependencias, que implica nombrar secretarios para nuevas responsabilidades.

Están las nuevas: Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, creación de la Agencia Estatal de Energía.

“Ya prácticamente tenemos definido todo el gabinete. Se está trabajando con cada uno de ellos la visión que queremos. Estamos construyendo los proyectos para cada una de las secretarías… No puedo presentar titulares de secretarías y de nuevas secretarías hasta que el Congreso no apruebe, entonces yo estoy lista, sin embargo, estoy esperando”, declaró el viernes a pregunta de los medios.

En su charla a alcaldes, síndicos y regidores electos el viernes en el Congreso de Autoridades Electas, celebrado en el Poliforum León, Libia les aconsejó que hicieran lo mismo, no precipitar nombramientos: “Tómense el tiempo de elegir a los mejores. Así lo estoy haciendo yo. La enorme responsabilidad la vamos a responder con los mejores perfiles en el primer gabinete paritario de la historia de Guanajuato”, dijo.

El que sí ya se sabe que no aparecerá en el nuevo equipo es Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública durante dos sexenios. Eso lo dijo el primer día de campaña. También terminó con las especulaciones de que Sophia Huett, actual secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, pudiera llegar a ese cargo.

Romper inercias

Para los nuevos y los que se quedan una cosa ha repetido Libia: no porque así se han hecho las cosas tienen que seguir de la misma forma. Hay que cambiar lo que se tenga que cambiar para dar mejores resultados. Humildad y cercanía les pide.

“Inclusive si nos antecede un gobierno del mismo partido no hay que tener miedo a reconocer si algo ha fallado. Yo no tengo miedo a reconocer cuando hay que tomar un camino diferente, no tengo miedo a plantear una solución y, si en el camino no nos da el resultado esperado lo platiquemos y cambiemos juntos, porque el tiempo apremia y la gente espera resultados”, dijo Libia el viernes a los alcaldes electos.

La Gobernadora electa se ha reunido con los 46 presidentes y presidentas municipales, a quienes les ha dicho lo que el viernes repitió: que las campañas quedaron atrás, se quiten las camisetas de los partidos y se pongan a gobernar para todos. Así lo hará ella con la Federación, con los municipios y con un Congreso del Estado donde, después de dos décadas, no tendrán la mayoría.

Libia ya les avisó que después de tomar protesta el 26 de septiembre, se dará el tiempo para un nuevo recorrido por todo el estado con el propósito de cerrar filas con los nuevos ayuntamientos que inician funciones el 10 de octubre.

En su conferencia ante autoridades electas la Gobernadora electa ilustró una parte de su presentación con las fotografías de sus recientes reuniones con todos los alcaldes. “Vamos a ser un gran equipo por Guanajuato. Hay una gran esperanza puesta en nosotros, la decisión es si respondemos o defraudamos esa confianza”.

Adultos mayores, propuesta al archivo

El 28 de agosto, justo en el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, en sesión de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, la propuesta del grupo parlamentario de Morena con la cual se planteaba la creación del Instituto de las Personas Adultas Mayores y la Procuraduría para los Adultos Mayores. 

Lo anterior, a pesar de que en Guanajuato hay aproximadamente 700 mil personas adultas mayores y que cerca de 300 mil están en condiciones de pobreza, según refirió el diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, autor de la propuesta. 

Agregó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha señalado que 7.2 % de las mexicanas y mexicanos son personas adultas mayores con 65 años o más; y que en el estado de Guanajuato 11% de su población corresponde a personas de 60 años y más. 

Se archivaron cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Derechos de Personas Adultas Mayores, dos del PRI, una de Morena y otra del PAN que proponía visibilizar la violencia contra los ancianos para su prevención y erradicación. 

Previo al archivo, los panistas reclamaron varios puntos del dictamen que se les puso a consideración, y en los cuales basaron su voto en contra. 

La diputada Katya Soto Escamilla dijo que los diputados del PAN no coincidían con la reforma, por varias razones. Señaló que el 19 de junio se llegaron a acuerdos en una mesa de trabajo, que no se veían reflejados en el dictamen. Que aquel día Morena había reconsiderado su propuesta pero ahora no se planteaba. 

“En el dictamen se asienta falsamente que los argumentos por los que se rechazan las iniciativas de Morena y del PRI era por la cuestión presupuestal, lo cual no es cierto”, sostuvo. 

“Nos genera desconfianza en el proceso”, puesto que no se manifestaba un dictamen con los acuerdos que se habían tenido anteriormente”, objetó. O dicho de otra forma, que reflejaba acuerdos que no habían tomado. Agregó que no era la primera vez que se llevaban a votación dictámenes sin acuerdos previos. 

Acusó que se pretendían “imposiciones unilaterales”.

Señaló que se colocaba a la fracción del PAN como si no tuviera voluntad de legislar a favor de los adultos mayores. 

El otro panista de la comisión, Alfonso Borja Pimentel, agregó en el dictamen que se pretendía incorporar a la Sicom (Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad) al Consejo Estatal en esta materia, pero eso no se había acordado.

Destacó dos elementos por los cuales, según él, no procedían las iniciativas: dos procedían de la Legislatura anterior. Pero sobre todo destacó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en curso, impulsadas por la gobernadora electa Libia Dennise García, donde habrá cambios en secretarías.

Por lo que señaló que serán otras dependencias distintas a las actuales, quienes ejecuten programas destinados a este sector. “Definitivamente consideramos que no es el momento adecuado”, manifestó. Por lo que solicitó reestructurar el dictamen  y que se archivara. 

Morena urge reforma

La iniciativa presentada por los legisladores morenistas Hades Aguilar Castillo y David Martínez Mendizabal, planteaba además armonizar la legislación civil y penal para proteger más a los adultos mayores en su cuidado y alimentación.

Al defender su propuesta, el diputado presidente de la comisión, Martínez Mendizabal, lamentó que se “entrampara” porque está en curso una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo -la iniciativa de Libia sobre los cambios en secretarías-. 

Acusó que las mesas de trabajo de los asesores para analizar estas iniciativas “fueron accidentadas, desde dilaciones” y otros obstáculos. 

“Lo que se requiere no es como hasta ahora un programa muy disminuido desde las presidencias municipales o del sistema DIF. Requerimos una institucionalización severa que responda a las necesidades de todas estas personas”, precisó. 

Argumentó que otros desafíos están relacionados con política pública, espacios no accesibles, falta de una política de cuidado, albergues y casas hogar con recursos y regulación suficiente y otras medidas de inclusión social.

México se encuentra inserto en un proceso de envejecimiento de su población y que se prevé que en 2030 llegue a representar 15 por ciento y alrededor de 23 por ciento en 2050. 

“En los próximos años no solo habrá más adultos y adultas mayores, sino que también vivirán más años como consecuencia del incremento de la esperanza de vida”, advirtió.