Buscar

LA OLLA

Crimen sin resolver.- La Olla 16 de febrero

En las últimas semanas la Secretaría de Seguridad y Paz del ‘Gobierno de la Gente’ como le dicen, en coordinación con autoridades federales y fiscalías, han realizado operativos y capturas importantes, una de ellas fue la de Candelaria “N”.

Escrito en Opinión el
Crimen sin resolver.- La Olla 16 de febrero
Foto: Archivo AM.

Asesinato de Gisela, el Estado a prueba

En las últimas semanas la Secretaría de Seguridad y Paz del ‘Gobierno de la Gente’ como le dicen, en coordinación con autoridades federales y fiscalías, han realizado operativos y capturas importantes, una de ellas fue la de Candelaria “N”, presentada como generadora de violencia en la entidad. 

Fue detenida el viernes 14 en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, y en la información oficial se le acusa de participar en delitos como secuestro, extorsión y cobro de piso. Así como de proporcionar información a presuntos integrantes de una organización criminal en la zona para posiblemente atentar contra policías.

De manera extraoficial, sin citar en el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz, reportan que se tiene información que es enlace directo con el presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”, que daba instrucciones directas a la gente de Celaya y que además está relacionada con la ejecución de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

No se sabe qué tipo de “relación” tiene la detenida con ese crimen que se cometió  el primer día de la campaña, el 1 de abril del 2024 en San Miguel Octopan.

En mayo de hace un año la Fiscalía General del Estado anunció la desarticulación de una célula delictiva presuntamente también vinculada a este homicidio. Se aseguraron motocicletas y el vehículo directamente involucrado en el ataque.

Ya no se supo más sobre el proceso legal que se le sigue a estos detenidos. Tampoco sobre el móvil del crimen ni se detuvo a los autores intelectuales.

Cinco días después del asesinato, en una entrevista para AM, Diego Sinhue Rodríguez señaló: “He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna, obviamente está la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

La Fiscalía General del Estado estrenó titular el 3 de febrero, Gerardo Vázquez Alatriste, y el esclarecimiento de este crimen es uno de los pendientes urgentes de resolver para enviar una señal contundente en contra de la impunidad criminal.

La gobernadora Libia García y el fiscal Gerardo Vázquez.

La Secretaría de Seguridad al mando de Juan Mauro González reportó que del 3 al 9 de febrero se registraron 88 personas detenidas. Y participaron en la integración de 86 carpetas de investigación generando 30 informes policiales, principalmente por los delitos de robo de autotransporte y delincuencia organizada, entre otros.

Hasta aquí con los datos todo suena muy bien. Lo importante será ahora que estos detenidos sean vinculados a proceso y finalmente sentenciados. Y ahí necesitaremos de una Secretaría de Seguridad que investigue a fondo y que detenga, una Fiscalía que presente carpetas sólidas y un Poder Judicial firme. 

La burra no era arisca

En diciembre pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, que comanda Omar García Harfuch, presentó con bombo y platillo la detención de un presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Querétaro y Guanajuato, identificado como Jaime Becerril, alias “Burras Prietas”.

En sus redes el Secretario federal presumió: “De manera simultánea, en acciones encabezadas por la FGR, junto a las instituciones del gabinete de seguridad Sedena, Semar, GN, SSP, ejecutaron 5 órdenes de cateo en predios de los estados de Querétaro y Guanajuato. Se logró detener al líder de una célula delictiva dedicada al robo de autotransporte y venta de armas. Fueron rescatados cinco migrantes y asegurados vehículos, cartuchos y mercancía robada”.

Días después un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro vinculó a proceso al imputado por tres delitos, sin embargo se le concedió la libertad provisional para poder seguir el proceso bajo medidas cautelares como la firma periódica cada 15 días y la prohibición de salir del estado de Querétaro.

La realidad es que a este presunto peligroso delincuente en la audiencia inicial solo se le atribuyó por parte de la Fiscalía Federal la posesión de: 24 tabletas de clonazepam, 4 cargadores para arma de fuego calibre 5.56*45, 60 cartuchos calibre 10 milímetros, 60 cartuchos calibre 10 milímetros y 18 cartuchos calibre 5.56.

Se le vinculó a proceso por los delitos de: posesión de clonazepam con fines de comercio, posesión de cargadores y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

En este caso, el juez abrió debate para la imposición de la prisión preventiva, pero  los argumentos de la fiscalía para acreditar esta necesidad fueron insuficientes.

En una charla sobre “Elementos para el periodismo judicial”, impartida en León el sábado 8 de febrero por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial Federal, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, se refirió a esta detención como otra de las noticias que apuntan al juez como agente de impunidad, pero no sobre el contenido de lo realmente resuelto en la audiencia.

El proceso judicial se sigue en el estado de Querétaro, pero sirve de ejemplo para recordar a las autoridades de Guanajuato que no basta publicar o celebrar las detenciones, lo que hay que hacer es lograr capturas e integrar carpetas sólidas para que los criminales reciban la sentencia que merecen. Que haya justicia. 

Un caso que sí se llevó en el fuero común de Guanajuato fue en junio del 2020 con la detención de 26 personas en la comunidad de San Isidro de Helguera, en Celaya, entre ellas María Eva “N” la madre del “El Marro”, señalada junto con dos mujeres más como las presuntas operadoras financieras del grupo delincuencial local. Ella y otras personas fueron liberadas por falta de pruebas y supuestos indicios de tortura.

Por este hecho Diego Sinhue acusó a la FGR y el fiscal Alejandro Gertz reviró que “fue un montaje” de la Fiscalía del Estado y se investigaría. Ya nada se supo.

En otro hecho en junio del año pasado en la conferencia matutina del presidente López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reveló que un juez del estado de Querétaro ordenó la liberación inmediata de tres integrantes del “Cartel de Santa Rosa de Lima”, entre ellos Luis Antonio Yépez Cervantes, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Este y otros casos fueron armas para López Obrador y el Gobierno de la 4T para justificar la necesidad urgente de una reforma para ‘limpiar’ al Poder Judicial. 

Lo que esperamos es que fiscalías y jueces dejen de jugar “al gato y al ratón”. Aquí se presume de una buena sintonía entre el secretario de seguridad y el nuevo fiscal. Lo que no se ha visto aún es algún encuentro del fiscal y el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz. Será clave este cierre de filas.

Morena pide diálogo

El arranque del segundo periodo ordinario de sesiones dejó en claro que Morena, como segunda fuerza política en el estado, tendrá que remar contracorriente para impulsar su agenda legislativa.

En cambio el PAN, sin tener mayoría en la asamblea legislativa, pero con el respaldo de sus aliados, podrá navegar en aguas más tranquilas.

Quizá sea por eso que el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal, haya afirmado que no pertenecen a la secta del todo o nada, y que el diálogo es la vía para establecer los consensos necesarios, pero siempre mirando las caras, los rostros y las manos de quienes los eligieron, y no las prebendas que se dan a favor del intercambio político.

Morena abrió sus cartas: el respaldo a la reforma al Poder Judicial Local para democratizarlo, el impulso a la agenda de la diversidad sexual y de género; los derechos sexuales y reproductivos, y que todas las mujeres puedan elegir sobre sus cuerpos sin ser criminalizadas.

No reelección y no nepotismo; reforzar la tipificación del delito de feminicidio y reconocer también el delito de transfeminicidio. El derecho a un medio ambiente desmercantilizado; seguridad social para periodistas y buscadoras; y la evaluación de la relación entre política social y pobreza.

Reforma judicial local

En la agenda del PAN está la armonización de la reforma judicial en lo local, con plazo para el 14 de marzo.

Jorge Espadas presentó una reforma a la Constitución, que plantea, entre otras cosas, que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. 

Para quien aspire a ser juez o magistrado del Poder Judicial del Estado estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. 

“Vamos a construir la mejor reforma que garantice que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, siga siendo como lo es hoy, el mejor Poder Judicial del país”, afirmó.

El alicaído PRI, a través de su coordinador de bancada, Alejandro Arias Ávila, dijo que impulsarán acciones para lograr instituciones fuertes, un Poder Judicial eficaz, independiente y profesional; organismos verdaderamente autónomos y un Estado Mexicano que acabe con la criminalidad en lugar de fraternizar con ella.

El Partido Verde Ecologista de México, a través de la diputada Itzel Mendo, se pronunció por una agenda para hacer realidad que los habitantes de Guanajuato puedan vivir con calidad, paz y salud ambiental.

Rodrigo González de MC reiteró el apoyo a la reforma para mejorar al Infonavit “porque no debe haber casas sin gente ni gente sin casa”. Dijo que su visión es apostarle a que los jóvenes, los estudiantes, para que puedan hacerse de un patrimonio o puedan arrendar y adquirir un patrimonio propio.

Celaya, sin plan…

Al presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, no solo le vendieron espejitos con la elaboración de su programa de gobierno sino que lo dejaron en evidencia por no leer las letras chiquitas de los contratos. 

Desde la etapa de transición, varios grupos locales de Morena comenzaron a acusar que había un español que le estaba endulzando el oído a Juan Miguel Ramírez quien se estaba olvidando de los principios de la 4T al relacionarse con empresarios cercanos al PAN. 

El señalado es ni más ni menos que el consultor español, César Castresana González, muy ligado a gobiernos blanquiazules, como fue en León, o con dependencias estatales con quien ha colaborado en diferentes ocasiones. 

Al inicio de su administración, el alcalde morenista presumió que prácticamente ya tenía listo su programa de gobierno con las propuestas que había recabado en su campaña y solo estaba a la espera de que la presidenta de la República, Claudia Sheibaum Pardo presentara su plan sexenal para anexar los proyectos que le tocarían a Celaya.

Con el tiempo encima, César Castresana, a quien aparentemente le pagaron 675 mil pesos, entregó el documento con una infinidad de errores de forma y fondo que plasmaron la manera en que se está gobernando en Celaya.

A pesar de que Juan Miguel Ramírez responsabilizó al consultor español de entregar un trabajo mal hecho y que presuntamente acordaron que solo entregaría el 85 % del programa, lo cierto es que hay muchas cosas de fondo. 

Uno de los señalamientos es que la mayoría de los directores de la administración fueron postergando la entrega de sus planes y varios no quisieron ni siquiera hacer reuniones de trabajo para explicar las estrategias que estaban aplicando. 

La justificación del alcalde de no leer las letras chiquitas en el contrato con el consultor español ya no es válida cuando tiene un amplio equipo jurídico que parece que lo está dejando a la deriva.

La grave situación de Celaya en seguridad amerita mucho más que repartir 300 trípticos y el cambio prometido por el gobierno morenista parece no llegar por lo que es hora de que se comiencen a asumir responsabilidades.

AM

Escrito en Opinión el

Círculo AM

Opinión en tu buzón

Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Opinin