Los políticos frente al dilema
Nuestra gobernadora y treinta y seis diputados enfrentan, con descuido, el proceso más importante para los guanajuatenses en el presente gobierno.
Nuestra gobernadora y treinta y seis diputados enfrentan, con descuido, el proceso más importante para los guanajuatenses en el presente gobierno. Esta semana hemos sido testigos de la negligente forma de seleccionar candidatos para nominar a un nuevo fiscal del estado, sin reflexionar a fondo, sobre la trascendencia de dicha designación y de los peligros que corremos todos frente a la apatía mostrada.
Hay que exigir seriedad. Las candidaturas presentadas no son potables. Pero tampoco lo es la indolencia que ha rodeado toda la definición. Apunto algunas consideraciones: No han comprendido la falla enorme que significó el cambio de procuraduría a fiscalía autónoma, dotándola de un exagerado periodo de gestión. Acabó diseñándose un engendro que terminó adueñándose del estado, sin mediar ningún control externo que lo acotara. Se instaló un mecanismo de espionaje con tecnologías avanzadas, que fue perversamente utilizado para capturar a casi toda la clase política guanajuatense, propensa a corruptelas de toda índole. Se saboteó todo el sistema de procuración de justicia, en aras de la concentración unipersonal de poder, quebrando la división de poderes. Bueno, hasta de la Universidad de Guanajuato se apoderaron.
Solamente cambiar de fiscal no va arreglar nada. Ni siquiera han podido construir una candidatura de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. El zafarrancho ocasionado a la salida de las comparecencias en el Congreso, nos mostró, por ejemplo, la débil personalidad del delegado de la FGR, que parece ser el favorito. Con ese perfil nunca transitarán a una mejor fiscalía. ¿De verdad no lo ven?
Guanajuato no posee un auténtico sistema de procuración de justicia para enfrentar a un sistema criminal, bien aceitado, sólidamente instalado en gran parte del territorio. Se trata de una batalla en toda la extensión de la palabra. Requiere de un gran sentido de oportunidad, velocidad en las acciones y una gran coordinación, dentro de un engranaje complejo. Y son precisamente estos requerimientos en los que los verdaderos gobiernos gastan prioritariamente los presupuestos y colocan funcionarios honestos, experimentados y de muy alto perfil. Porque esta es una función primordial del Estado; no la repartición de dinero a los gobernados para obtener su voto. Si no lo entienden, será la perdición de este gobierno naif, que va por la vida construyendo conflictos contra cualquiera que no se subordine a sus dictados.
Para entender el reto, veamos las partes de un sistema de procuración de justicia moderno y eficiente, que se requiere coordinar:
1.- Fiscalía (Ministerios públicos): los encargados de investigar los delitos y formular las acusaciones.
2.- Policía: las instituciones encargadas de mantener el orden público y prevenir los delitos.
3.- Tribunales: son los órganos judiciales que juzgan y sentencian a los imputados.
4.- Defensoría pública: instancia que da asistencia legal gratuita a imputados que no pueden pagar un abogado.
5.- Instituciones penitenciarias: son los centros de detención y reclusión de los condenados, que intentaran su rehabilitación y reinserción social.
6.- Servicios de atención a víctimas: instituciones que brindan apoyo y asistencia a las víctimas de algún delito.
7.- Sistema de notificación y alertas: es el mecanismo que notifica y alerta a las autoridades y a la sociedad sobre la comisión de delitos.
8.- Mecanismos de supervisión y control: procedimientos para monitorear, supervisar y controlar el funcionamiento de todo el sistema de procuración de justicia.
9.- El sistema anticorrupción: es el dispositivo encargado de combatir con eficacia la corrupción dentro del gobierno y la sociedad.
Como lo vemos, se necesita mucha ingeniería jurídica para que el sistema funcione como una sola maquina y logre la eficacia y eficiencia necesaria para recuperar la paz.
Como se ve, el reto es mucho más denso y profundo. Obviamente se requiere una propuesta a fiscal que concite la aprobación unánime, a la vez de que se comience a trabajar en la construcción y operación de todo el sistema. Hay que consultar expertos, escuchar muchas opiniones, conocer diversas experiencias y compilar estudios de derecho comparado. Pero sobre todo blindar a los diversos componentes de ser colonizados por funcionarios corruptos. Esta es una decisión fundamental.
El gobierno no tiene mucho dinero. Y en este caso, ni siquiera debe de escoger como gastarlo. Está obligado a hacerlo en sus atribuciones primordiales, especialmente cuando hay carencias estructurales, como la que padecemos en todo el sistema de justicia. Es obligación constituirlo bien, dotarlo de recursos y poblarlo de funcionarios honestos, capaces y valientes. Asumimos la resistencia de los políticos, a actuar en esa línea, porque implica la persecución de los corruptos. Pero no hay opción si queremos que Guanajuato supere esta terrible tragedia que tanta sangre ha costado. Por lo pronto, sugerimos que cancelen el proceso actual y eviten una costosísima equivocación. No se arrepentirán.
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