Para los políticos, mantenerse en la mente de la gente con una imagen positiva es indispensable, no solo porque así es más fácil gobernar, pero principalmente porque en la medida que sean bien evaluados o recordados, en esa medida podrán tener una vida tranquila y placentera cuando se retiren.

Por esa razón, durante mucho tiempo, los escándalos públicos que señalaban una mala actuación de los políticos en su gestión como gobernantes, significaron enormes preocupaciones y casi siempre provocaban despidos de funcionarios, disculpas públicas e incluso resarcimiento de daños.

Sin embargo, desde hace algunos años a la fecha, los escándalos públicos y señalamientos de corrupción hacia los políticos han ido perdiendo efectos y disminuyendo las preocupaciones para ellos, mucho en parte porque la impunidad en las sanciones contra los servidores públicos, es altísima, pero también porque los políticos se han dado cuenta de dos cosas: que las repercusiones de su imagen entre la ciudadanía es marginal y solo se percibe en las clases medianamente informadas y que en la mayoría de los casos el tiempo hace que las cosas se olviden.

Es así como llegamos a lo que vivimos hoy en día, donde un escándalo público que involucra corrupción o una mala actuación no genera mayor preocupación en la clase gobernante, solo basta con ver cómo ha gobernado Morena nuestro país, cuando la familia del presidente ha sido captada en videos recibiendo dinero en sobres amarillos o sus hijos grabados en audio haciendo negocios con proveedores de gobierno, o secretarios de estado con propiedades inexplicables, todos ellos, a los que no les pasa nada.

No podemos resignarnos a que la impunidad siga campeando entre los políticos, esa debe ser una lucha constante, pero en lo que podemos ocuparnos es que, si no va a haber condenas legales, que si haya condenas sociales, que son aquellas que aplican los ciudadanos cuando se encuentran a un gobernante o ex gobernante en algún lugar público, esas condenas son más eficaces que cualquier otra, pues permiten el desahogo ciudadano y el señalamiento público que desaprueba la gestión y el comportamiento del gobernante o de quien lo fue, sino pregúntenle a Noroña.

Por ejemplo, tenemos el caso del expresidente López Portillo, que luego de que dijo que defendería el peso “como un perro”, terminó asediado por la ciudadanía llegándole a “ladrar” en lugares concurridos como restaurantes, lo que hizo casi imposible su aparición públicamente después de terminar su mandato.

O tenemos los varios reclamos y gritos que sufrió el expresidente López Obrador cuando abordaba aviones comerciales, cuando más de una vez le gritaron “fuera, fuera” o “que se baje”, hasta que se dio cuenta que en los aviones por lo general viajan personas informadas que trabajan y que ahí no están sus seguidores que todo le creen. Finalmente dejó de usar vuelos comerciales para utilizar los aviones de la Fuerza Aérea.

Incluso estas condenas las hemos visto en nuestra ciudad mediante las redes sociales, que han sido implacables y terriblemente duras con algunas personas que han ocupado la presidencia municipal de León, a grado tal que han tratado y a veces han logrado, que exgobernantes de León no regresen al servicio público a ningún puesto.

La sociedad mexicana y particularmente la leonesa, nunca se ha comportado omisa ante quienes empezaron como servidores públicos y terminaron como empresarios sin una explicación lógica de como hicieron sus negocios. Tal vez esos incrementos patrimoniales no puedan ser objetados desde el punto de vista legal, pero desde la condena social nunca pasarán desapercibidos, quedando siempre la posibilidad de que el rechazo público sea más efectivo y aquí en Guanajuato tenemos ejemplos recientes dónde aplicarlo.

RAA

Por José Arturo Sánchez Castellanos

Escrito en Opinión el 19/4/2025 · 06:00

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