“Estas no son elecciones judiciales, son elecciones perjudiciales".

Evo Morales, 15.12.2024

Fue una votación dividida: seis consejeros a favor, cinco en contra. La división fue consecuencia de la gravedad de los cuestionamientos a la elección judicial, pero la mayoría oficialista en el consejo general del Instituto Nacional Electoral validó este 16 de junio la elección judicial.

El INE no tiene facultades para invalidar una elección, pero sí puede abstenerse de declarar su validez. El problema del proceso no fueron las 818 casillas anuladas por faltas como tener más votos que electores registrados, y que son una fracción insignificante de las 80 mil instaladas, pero sí la evidencia de que los acordeones definieron el voto. En los cargos para la Suprema Corte, advirtió el consejero Arturo Castillo, los resultados coinciden en un 80 por ciento con los 37 modelos de acordeones que detectó el INE. La consejera Dania Ravel sentenció: "Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía, de que, con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas".

Hugo Aguilar Ortiz, quien recibió el mayor número de votos y se perfila para ser presidente de la Suprema Corte, recibió su constancia de mayoría en español y mixteco este pasado domingo. Hizo campaña como candidato indígena, aunque su apariencia física es de mestizo. A su autoadscrita condición de indígena se le ha prestado mayor atención que a sus conocimientos jurídicos. "Fíjense lo sabio que es el pueblo de México -declaró el 14 de junio la presidenta Sheinbaum--. ¿A quién decidió que fuera el presidente de la Corte? A un indígena mixteco, a Hugo Aguilar. Después de Benito Juárez no había habido un presidente o presidenta de la Corte que hubiera sido de origen indígena. Ahora sí". La verdad es que no sabemos si es cierto. Ha habido otros cinco presidentes oaxaqueños de la Suprema Corte con aparentes raíces indígenas, pero no se promovían como indígenas, sino simplemente como mexicanos; ni siquiera Juárez, quien como liberal sostenía que no debía haber tratos ni leyes especiales para los indígenas.

El tema de las constancias pasa ahora al Tribunal Electoral, que con su mayoría oficialista las avalará. El próximo 1 de septiembre tendremos una Suprema Corte y unos magistrados y jueces de distrito alineados con el gobierno. El sueño de López Obrador, de que los jueces no salgan con el cuento de que la ley es la ley, se hace realidad. Si alguno desobedece, será sancionado o incluso encarcelado por un Tribunal de Disciplina Judicial cuyos fallos serán inapelables.

El cerco contra la independencia de los tribunales, mientras tanto, se sigue cerrando. El gobierno federal ya tiene una iniciativa para acotar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no depende del poder judicial, y cuyos magistrados por lo tanto no han sido despedidos. Este tribunal ve en primera instancia los actos del poder ejecutivo, pero la iniciativa le impediría otorgar suspensiones, con lo cual el gobierno podría realizar cualquier acción o proyecto, aunque fuera violatorio de la ley. El régimen está dejando a los ciudadanos sin defensa ante los abusos del poder.

El proyecto de AMLO se consolida. Estamos regresando a un régimen en que el gobierno lo controla todo y los ciudadanos no tenemos más derechos que los que este quiera concedernos. Volvemos a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Además, nos dicen que es un avance para el país.

Invasores

En lugar de desalojar a los invasores de viviendas, el Infonavit los premiará vendiéndoselas baratas. El director Octavio Romero reconoció ayer que López Obrador prohibió los desalojos de viviendas invadidas. Ahora se las venderán a los invasores a un precio "muy económico". ¿Y los derechos de los propietarios? Esos no importan.

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