Guanajuato y el juicio de residencia
El rey enviaba a un juez de residencia a evaluar el gobierno de un funcionario que dejaba el cargo. Si esto lo trasladáramos a nuestros días, el rey ya habría mandado un juez de residencia encargado de hacer una revisión puntual a la gestión del ex alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro.
Para comienzos del siglo XIX, Guanajuato era la cuarta ciudad en población de América, con cerca de 65,000 habitantes. Sus minas producían enormes cantidades de plata, aparte de ello recibía la visita, en 1803, del destacado sabio Alexander Von Humboldt y era gobernada la intendencia por un gran funcionario: Juan Antonio de Riaño, un destacado militar y administrador que dedicó sus esfuerzos a ordenar una caótica ciudad, culminando con la construcción de la Alhóndiga de Granaditas, el “palacio del maíz” que aseguraría el abasto de alimento para la región.
Siendo parte del Imperio Español, cosa que poco se menciona, el virreinato contaba con una sólida organización administrativa y una economía en auge. Ya desde 1500, los Reyes Católicos habían dictado las “Instrucciones de Corregidores y Jueces de Residencia”, sistematizando y organizando esa herramienta. Así, desde la conquista de Tenochtitlán, la Corona dio los primeros pasos para garantizar un buen gobierno en sus nuevos y extensos territorios, aún bajo la protesta del mismo Cortés, quien solicitó al emperador Carlos V que, por favor, no permitiera que los abogados se asentaran en las tierras descubiertas, pues estos “se siguen muchos males”. El soberano lo desoyó, su respuesta fue enviar letrados y procuradores, así como la fundación en 1551 de la Real y Pontificia Universidad de México, que formaría a los primeros juristas en suelo novohispano.
Hay que entender el momento histórico. El rey era el representante de Dios en la tierra, ¡reinaba por la gracia del Señor! Por lo tanto, ese poder debía ser minuciosamente tutelado para que produjese el bien común. Para ello se instrumentaron, desde el derecho castellano, tres mecanismos de control: la visita, la pesquisa y el juicio de residencia. Su finalidad era combatir la corrupción, para impedir que los funcionarios públicos abusaran del poder; evitar el abuso de autoridad que deterioraba la confianza en el sistema administrativo y también impedir el nepotismo, un problema muy arraigado en Nueva España.
La visita consistía en una exploración a vuelo de pájaro sobre cómo se estaba gobernando alguna localidad. La pesquisa era una investigación precisa sobre alguna acción sospechosa o denunciada. Finalmente, el Juicio de Residencia fue el instrumento para controlar los gobiernos en la Nueva España. Les ponían ojo a los gobernantes.
Paso a explicar con un ejemplo, cómo se desarrollaba este delicado trámite administrativo.
El rey enviaba a un juez de residencia a evaluar el gobierno de un funcionario que dejaba el cargo. Si esto lo trasladáramos a nuestros días, el rey ya habría mandado un juez de residencia encargado de hacer una revisión puntual a la gestión del ex alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro. Investigaría irregularidades como la adquisición manipulada de sus terrenos del rancho El Milagrito; la construcción de un sistema de pseudoguías turísticos encargados de capturar a los turistas, a pie de carretera, para conducirlos a su hotel y museos; la negligencia por el incendio en el tiradero municipal; el cobro de moches para obtener usos de suelo y permisos en la vía pública, la intentona de compra de parquímetros, y la manipulación del accidente vehicular de la esposa del contralor para mantenerlo en el cargo y así contar con su complicidad. Cuando termine su periodo Samantha Smith, la sucesora y esposa de Navarro, evaluarían los viajes realizados por todo el ayuntamiento cuevanense; el tutelaje de los intereses, de empresarios aportantes a su campaña, en el Programa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (PMDUOET); la inacción frente a la clausura del camino de Los Mexicanos, y la imprevista y sorpresiva modificación del presupuesto municipal para adquirir semáforos a sobreprecio, restándoles cuantiosos recursos a Seguridad y Turismo, entre otros, por tratarse de una estrategia para extraer recursos públicos para beneficiarse personalmente o a su partido. Seguramente los deshonestos funcionarios acabarían en las mazmorras españolas.
Porque el mecanismo funcionaba ¿eh? Fueron famosos los juicios de residencia a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés, a los virreyes Juan de Güemez, conde de Revillagigedo y Francisco de Borja, príncipe de Esquilache, entre otros. Con la independencia, uno de los primeros efectos fue la eliminación de estos célebres y eficaces juicios, que marcaban el control real sobre sus representantes en América. La casta política hispanoamericana se desembarazó de tan grave yugo, que impedía corrupción, abusos y nepotismo. Desde entonces no hemos podido establecer un medio eficiente que castigue a los gobernantes corruptos.
Actualmente en Guanajuato, como en México, opera el denominado Pacto de Impunidad entre políticos. Para empezar, el auditor superior del estado es compadre del pastor del rebaño panista en el Congreso, y el contralor municipal de Guanajuato Capital es cómplice de la familia gobernante. Así desgobiernan a placer.
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