Constitucionalidad de la conciencia

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Derecho a la Objeción de Conciencia para el personal de salud es un Derecho Constitucional, lo cual considero es una buena noticia y de ello quiero comentarles hoy.

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Por: Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Derecho a la Objeción de Conciencia para el personal de salud es un Derecho Constitucional, lo cual considero es una buena noticia y de ello quiero comentarles hoy.

Cito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Con términos muy semejantes, esta disposición básica se reproduce en otros Tratados Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18º; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, artículo 9º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 12º y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que también reconoce genéricamente la libertad de conciencia y religión en el artículo 8º.

En México en junio de 2011 fue reformada la Constitución, estableciendo en el Artículo 1º que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El 11 de mayo de 2018, después de 3 años de deliberación en el Congreso Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud señalando, “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación del servicio que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario se incurriría en una causal de responsabilidad profesional. En el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.

Un mes más tarde la SCJN ingresó la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, sosteniendo la CNDH que era inconstitucional, ya que introdujo en el ordenamiento jurídico mexicano el “derecho a la objeción de conciencia”, el cual por su naturaleza y contenido representa una restricción no prevista en el texto constitucional, en tanto limita el ejercicio de la protección a la salud y acceso a los servicios de salud. El proyecto de resolución resolvió que fue procedente e infundada esta acción de inconstitucionalidad, declarando válida la objeción de conciencia como había yo escrito antes en este espacio.

Puntualizo que la objeción de conciencia declarada constitucional preserva el derecho a no ser obligado a actuar contra las convicciones más arraigadas del fuero interior o la propia conciencia, se trata de un corolario de la libertad de conciencia que en contexto de la salud es una respuesta a la necesidad creciente de conciliar los conflictos graves que en su fuero interno un individuo pueda afrontar, a causa de obligaciones legales que constriñen sus genuinas convicciones morales, éticas, filosóficas o religiosas, particularmente en el campo de la biomedicina, en una sociedad con crecientes dilemas éticos. 

Enfatizo que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto e irrestricto, pues en su enunciación normativa consigna límites, se condiciona a que su práctica no sea constitutiva de un delito. No obstante, estamos ciertos que el ejercicio de este derecho debe darse en armonía y balance con otros derechos, como el derecho a la protección de la salud de la persona, por ello se establece que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. 

Quedan como pendientes la emisión de las disposiciones y lineamientos federales para el ejercicio de la objeción de conciencia, declara ya constitucionalmente válida, así como la homologación de este derecho por las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

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