Decretando opacidad

Esta semana, nuestro presidente AMLO, sorprendió al emitir un oficio, una instrucción, un decreto, que declara a la obra pública federal, como de “seguridad nacional”, para con ello, evitar y dar la vuelta a la cantidad de amparos y recursos legales que el sector privado y la sociedad le pone en el camino a sus mega obras en el sur del País.

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Por: José Luis Palacios Blanco *

Esta semana, nuestro presidente AMLO, sorprendió al emitir un oficio, una instrucción, un decreto, que declara a la obra pública federal, como de “seguridad nacional”, para con ello, evitar y dar la vuelta a la cantidad de amparos y recursos legales que el sector privado y la sociedad le pone en el camino a sus mega obras en el sur del País. Como sabemos, la obra púbica es un motor que mueve a la economía nacional y la cantidad de empresas y la sociedad y medios de comunicación quieren saber el uso de esos recursos.

Son dos caminos para poder realizar esta decisión: el poder legislativo a través de leyes y el poder ejecutivo a través de decretos gubernativos. Cuando los gobernantes quieren evitar que haya escrutinio público al uso de los recursos, recurren a la opacidad, pero no habíamos visto que un Presidente recurriera a un Decreto para lograrlo. En las épocas del PRI histórico, los argumentos fueron los mismos que esgrime el Presidente. Por nacionalismo y por el proyecto revolucionario, el Presidente decidía antes directamente todo: la localización de una termoeléctrica, la conexión que haría una carretera, la prioridad de un hospital.

Pero el resultado fue una burocracia dorada que creció al amparo de las asignaciones directas de obra. Para cundió la corrupción, recurrimos entonces a los concursos públicos, a las licitaciones. Con los años aparecieron los mecanismos legales para controlar la corrupción:  contralorías, comités de adquisiciones, mecanismos de transparencia, licitaciones internacionales y nacionales. Todo, para buscar que, al hacerse concursos, hubiera transparencia y la sociedad pudiera conocer el proceso y el resultado y que también, a través del periodismo lográramos saber lo oculto. Pero esto fue poco eficaz. Creamos, es cierto, una burocracia que nos resultó enormemente cara: comités, secretarías de la gestión y la función pública y de la transparencia; órganos internos de control y cantidad de áreas que eran creadas en aras de reducir ese gen corruptor que ronda lo público.

Dejar toda la confianza en un hombre que ha prometido ser honesto, es apostar como en el pasado, todo el presente a la sola voluntad de quien todo lo quiere y manda, como hoy lo es AMLO. En la historia de México éste ha sido el trayecto de los dictadores, si se eliminan los contrapesos, los equilibrios. Hoy ya es sabido cómo se da también, corrupción en esta escalada de obras que son asignadas directamente por el gobierno federal. Pero si ahora, al declararse inversión “de seguridad nacional”, no podremos saber cómo se ejercieron los dineros y –como lo hacía el PRI históricamente-, se podrían canalizar a campañas políticas y al encumbramiento de políticos.

Fui rector de una universidad pública y conozco de los mecanismos que rondan los recursos públicos. Ya en licitaciones de obra, ya en compra de equipamiento, ya en concursos para proveedores. Si se usan bien los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, todo puede fluir. Solo que, al presidente AMLO, no le gusta, le incomoda, que otras instancias puedan cuestionar o aplicar leyes para legítima y legalmente, presentar amparos.

Actualmente las fuerzas armadas han acumulado enorme poder, espacios de decisión y, sobre todo, recursos financieros provenientes de la obra pública. De no ser por la gran tradición de lealtad e institucionalidad que tienen en nuestro País, esto agravaría el riesgo a la democracia. Afortunadamente no es así, pero si antes era muy difícil que como sociedad supiéramos quiénes se beneficiaban de contratos, ahora será imposible, pues el “decretazo” que emitió AMLO, si bien no es un “golpe de Estado”, sí generará opacidad, ocultamiento de información y se asignarán recursos a contratistas sin que la sociedad lo sepa.

Vendrán semanas de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), empresas relacionadas con la obra pública, colegios profesionales y organismos de la sociedad civil, litiguen en contra del “decretazo”, pero lo que sabemos desde la sociedad, es que hoy y siempre, la rendición de cuentas es indispensable para que los funcionarios, aún con enorme popularidad como el presidente AMLO, sean transparentes en el uso de los recursos públicos, que son de todos.

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