Derecho a la salud humana

Se realizó esta semana la XXX Convención Nacional de la Industria Farmacéutica donde participé en el panel titulado “El derecho a la Salud en el marco de los cambios en el Sistema Nacional de Salud” con la Dra. Oliva López Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el Dr. José Halabe Presidente de la Academia Nacional de Medicina y el Dr. Malaquías López Decano salubrista de la UNAM.

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Por: Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba

Se realizó esta semana la XXX Convención Nacional de la Industria Farmacéutica donde participé en el panel titulado “El derecho a la Salud en el marco de los cambios en el Sistema Nacional de Salud” con la Dra. Oliva López Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el Dr. José Halabe Presidente de la Academia Nacional de Medicina y el Dr. Malaquías López Decano salubrista de la UNAM.

Mi disertación tuvo dos enfoques, el primero del “Derecho a la Salud” y el segundo acerca de los “cambios del Sistema Nacional de Salud” a la luz de un país con apenas 200 años de vida independiente.

El “Derecho a la Salud” es sinónimo en la Carta Magna del “Derecho a la Protección de la Salud”, del “Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo”; y desde el 2011 del Derecho Humano a la Salud. A la fecha este derecho es de primera importancia en la Constitución, reconocido como un derecho humano de orden vital y por tanto, un parámetro de control constitucional de la conducta de las autoridades políticas en los tres òrdenes de gobierno.

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Precisé que ahora se reconoce que el derecho a la salud tiene una doble dimensión: 1) La privada que permite a una persona exigir en lo individual al Estado ciertas condiciones para gozar del máximo grado posible de bienestar y, 2) La pública que  obliga al Estado a brindar protección a la sociedad contra riesgos etiquetados como de “salud pública” como lo es el caso de la Pandemia. De aquí que la Suprema Corte de Justicia ha estado ahora tomando el derecho a la salud como parámetro de validez de las leyes y como fundamento para obligar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a realizar ciertas cosas, basados en la premisa de que no solo las autoridades sanitarias están sujetas a control judicial, sino también –y de manera destacada– el legislador.

Por ello hemos visto a la Corte, velar por el derecho humano a la salud obligando a las autoridades a construir unidades médicas en municipios donde se necesitaban y luego la autoridad se rehusaba a hacerlo; aprobar el uso médico primero y lúdico después de la marihuana; declarar inconstitucional algunos artículos de la Ley General de Salud en materia de salud mental, tabaco, trasplantes y objeción de conciencia; de la Ley General del amplio espectro autista; y en esta época amparando a los niños de 12 a 18 años para que sean vacunados contra el virus Sars-CoV-2 causante de la COVID-19 por tan solo mencionar algunas decisiones relevantes.

El “cambio” inició con la Constitución de 1917 resultante de la revolución mexicana de 1910, siendo la primera Carta Magna en el mundo que estableció un listado de derechos sociales, como el derecho al trabajo y el sistema de seguridad social -artículo 123-, con la premisa que el Estado “Benefactor” debía intervenir en las relaciones sociales y económicas en beneficio de los grupos más vulnerables. 

Luego se crearon los cuatro sistemas de seguridad social por ley que buscan la universalidad de los servicios de salud para toda la población -cobertura universal de salud-. IMSS (1943), ISSSTE (1959), ISSFAM -fuerzas armadas- (1976) y Seguro Popular -hoy INSABI- (2003) para todos aquellos sin seguridad social.

Las dos rutas identificables para la constitucionalización del derecho a la salud son, primero, la previsión del sistema de seguridad social de 1917 que lo consideró como uno de sus componentes esenciales con el binomio madre-hjijo; y el segudo, con su reconocimiento como un derecho humano en 1983 culminando en 2011 cuando se incorporaron como jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Convencido estoy que la desaparición del seguro popular, la centralización de los recursos en el INSABI y la negligencia criminal con que han conducido la pandemia del gobierno federal no deben ser considerados como “cambios del sistema nacional de salud”.

Lo verdadero y notable ha sido el cambio de concepción de la justicia para buscar el acceso efectivo y de calidad al derecho a la salud, de un modelo de legalidad donde los legisladores fueron actores protagónicos para fortalecer la seguridad social, a un modelo de constitucionalidad, donde los legisladores juegan ahora un papel acotado en la regulación del sistema de salud, marcando la Corte con precisión que hay temas que no son de libre configuración e incluso, ha determinado responsabilidad que incluye la reparación del daño en caso de violación del derecho humano a la salud.

Por último, convoque a mesas de trabajo para buscar con múltiples visiones el derecho de toda persona -garantizando su dignidad- al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, las cuales fueron aceptadas y les estaré informando.

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