Diego con la ONU

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) que estará este lunes y martes en Guanajuato con víctimas y con autoridades, tiene incluido en la agenda de encuentros una plática con el gobernador Diego Sinhue.

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Por: León Jacobo Robespierre

Las desapariciones… sin respuestas

 

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) que estará este lunes y martes en Guanajuato con víctimas y con autoridades, tiene incluido en la agenda de encuentros una plática con el gobernador Diego Sinhue.

El lunes, el encuentro de esta comitiva que por primera vez pisa México será con representantes de los 14 colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes confían en que este encuentro ‘sacuda’ a las autoridades

El colectivo “Hasta Encontrarte” publicó en sus redes sociales que expondrán los obstáculos, riesgos y pendientes que enfrentan en la búsqueda de sus familiares.

“Además de escuchar la voz de las familias, esperamos apertura por parte de las autoridades del estado. ¡Asuman su responsabilidad! Ustedes incumplieron su obligación de protegernos”, exige el colectivo de Irapuato y coinciden el resto.

El martes, el Comité de la ONU tendrá tres encuentros por separado: uno con la Procuraduría de los Derechos Humanos que comanda el panista Vicente Esqueda; otro es solamente con el Gobernador; y al tercero están convocados los titulares de la Secretaría de Gobierno, de las comisiones de Atención Integral a Víctimas y de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de la Fiscalía del Estado.

Este último se realizará en la Fiscalía donde además habrá una visita al búnker para conocer el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El Comité de la ONU ha pedido un diálogo abierto con víctimas y autoridades.

Diego podrá explicar lo que su Gobierno ha hecho ante una crisis humanitaria que heredó de su antecesor Miguel Márquez, pero que comparte con quienes son el mismo fiscal, Carlos Zamarripa, y secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

Podrá decir que a partir del 2020 hay leyes de atención a víctimas y de búsqueda de personas, se integraron las respectivas comisiones estatales y que hay diálogos con las autoridades estatales y con la Fiscalía. Pero la tragedia no termina.

Durante la visita a México, la delegación de la ONU tendrá reuniones en: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, y el 22 y 23 en Guanajuato.

Localizan cuerpos, no a responsables

Para México el CED -parte de la ONU- reporta que han emitido 424 Acciones Urgentes (solicitud a un Estado para tomar medidas inmediatas para buscar y localizar a una persona), el 42% de todas las registradas a nivel global. Para Guanajuato han sido tres. A la cabeza están Guerrero con 98, Nayarit 49 y Tamaulipas 43, Veracruz 39, y otros.

Los casos en los que directamente la ONU ha intervenido a petición de las familias han sido los de: Enrique Rodríguez Muñoz y César Emmanuel Salazar Rodríguez, ambos sucedidos en Celaya. Y el otro es el de Felipe Díaz Castro, en Acámbaro.

En los tres casos, sostiene Libia García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno en Guanajuato, ya están localizados e identificados, lamentablemente sin vida.

Aunque en ninguno hay responsables tras las rejas por estos hechos.

El Comité de la ONU preguntará las acciones en esos tres casos en los que intervino, pero no sólo eso, le tomará el pulso a la crisis en Guanajuato. Tres solicitudes de apoyo en comparación a otras entidades dirán que es poco, pero para esas familias y muchas más es el reflejo de que la autoridad no hace lo suficiente.

Entre lo que se le informará al CED es que la Comisión Estatal de Búsqueda que comanda Héctor Díaz Esquerra ha efectuado 272 jornadas de búsqueda, en los municipios de Acámbaro, Celaya, Coroneo, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Salvatierra, Jerécuaro, Juventino Rosas, Valle de Santiago, y Villagrán.

En todas han participado los familiares

 

De lo que no hay el dato, y es el gran problema, es la impunidad. ¿En cuántos de los reportes de desapariciones en los que se presumen delitos hay detenidos?

Los desaparecidos tienen el derecho a ser buscados. Y todos, a no desaparecer.

El CED no viene a hacer recomendaciones directas ni a evaluar a un Gobierno. Pero escuchar las experiencias de víctimas y autoridades le servirá para tener una visión global del fenómeno de las desapariciones y el cómo la ONU puede colaborar con un País que rebasa las 90 mil desapariciones y Guanajuato con más de 2,600.

La comitiva de la ONU está integrada por Carmen Rosa Villa-Quintana, Horacio Ravenna, Juan Pablo Albán, Juan José López Ortega, Albane Prophette Pallasco y Sergio Guiliano, quienes ya están en suelo mexicano y han tenido reuniones con sobrevivientes de la “guerra sucia”, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, con familiares de migrantes desaparecidos en México, y otros.

Los encuentros serán privados y no harán declaraciones sino hasta la conferencia de prensa al final de la visita el día 26 de noviembre en la Ciudad de México. El Plenario de este Comité dará un informe público en marzo del siguiente año.

Los colectivos seguramente, como siempre lo han hecho, saldrán después del encuentro a dar sus impresiones y exigir que cambie lo que tenga que cambiar.

Se espera que Diego y Zamarripa asuman compromisos con las víctimas.

El enojo en SAPAL

 

A los ocho integrantes del Consejo Directivo de SAPAL, encabezados por su presidente Jorge Ramírez Hernández no les gustó nadita que el 11 de noviembre, al final de la sesión de Ayuntamiento, la presidenta Alejandra Gutiérrez les pidiera atender e indemnizar a las familias de los cinco trabajadores muertos por intoxicación el 13 de noviembre de 2020 en la planta de tratamiento.

Así se lo hicieron sentir a Ale en la reunión privada que tuvieron el 16 de noviembre en el Hotel León y a la que asistieron los consejeros: además del presidente: secretaria Claudia Ivonne Hibert Sánchez, el tesorero Juan Carlos Moreno Rodríguez, Héctor Hugo Varela Téllez, Jesús Aguilera Rodríguez, José Antonio Morfín Villalpando, José David González Flores y Juan Carlos Cashat Padilla.

Uno de los asistentes al encuentro contó a AM que los Sapalinos se enojaron porque la Presidenta no le avisó que iba a regañarlos en el pleno del Ayuntamiento, en sesión pública, donde además están presentes por lo menos media docena de medios de comunicación.

Ese fue un llamado fuerte, para que indemnicen a la brevedad posible a las familias de tres de los cinco trabajadores muertos, que llevan ya un año reclamando su legítima y legal reparación del daño que económicamente les corresponde, aunque es evidente que en este caso el daño no podrá ser reparado.

“Nos hubieran avisado”, reprochó uno de los consejeros. Pero era obvio que en este tipo de casos no puede haber un aviso.

Y el segundo motivo de enojo fue el titular de la portada del AM del 12 de noviembre, relativo al llamado de Gutiérrez Campos: “Regaña Ale a SAPAL”. Después de verse sorprendidos por el pronunciamiento de la Alcaldesa, a los consejeros del organismo no les gustó en absoluto ser evidenciados como los malos de la película por partida doble.

Que lo resuelvan ¡ya!

 

En esa reunión, los consejeros admitieron que la última vez que atendieron a los deudos fue en diciembre de 2020. Es decir, hace 11 meses. Lo que evidencia un total desinterés de su parte.

Total que los consejeros de Sapal estaban “sentidos”.

Con todo y eso, Alejandra Gutiérrez les hizo saber su falta de sensibilidad para atender y zanjar este asunto, a tal grado de que ya lleva más de un año sin resolverse.

Por la misma razón, les expuso a los consejeros de SAPAL que lo mejor es buscar una solución vía la Justicia Alternativa del Poder Judicial, un sistema que no implica juicio de ninguna naturaleza, sino lograr un acuerdo entre las dos partes en conflicto mediante el diálogo, la buena voluntad y la satisfacción de ambas.

Esto, con el fin de no irse a un juicio que puede durar meses o años y evitar el gasto y desgaste que significa.

Les hizo saber lo evidente: si dejaban que el conflicto lo siguieran llevando los abogados de ambas partes, como ha ocurrido desde hace un año, éste se podría alargar varios años más, cosa que a ninguna de las partes le conviene. Pero lo peor: podría escalar aún más.

Así que, recurriendo a la Justicia Alternativa, se “matarían dos pájaros de un tiro”: se logra una solución -que hasta ahora no se ha conseguido- y se acorta el tiempo.

Dicen quienes estuvieron dentro de la reunión, que al principio los consejeros no querían aceptar esta propuesta, pero al final lo hicieron, Alejandra Gutiérrez logró convencerlos.

Por lo visto se dieron cuenta de que esta vía le conviene a Sapal también. La semana próxima irán a la sede de Justicia Alternativa a pedir la mediación.

Aunque faltará ver si es para las dos vías: penal y civil o sólo para una de ellas. Y si los familiares aceptan. Esa es la otra tarea que está pendiente de lograr.

También está pendiente un próximo encuentro donde estén en la misma mesa el Consejo de SAPAL, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y los familiares de las víctimas.

A la reunión del martes acudieron algunos miembros del Ayuntamiento: la síndica Leticia Villegas Nava -quien además es consejera por parte del Cabildo-, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos y el secretario del mismo Jorge Jiménez Lona. Además de la coordinadora de la fracción panista, la regidora Jared González.

Se alarga juicio a Jorge Valencia

 

¿Se acuerda del joven panista Jorge Valencia Gallo, ex titular de la Dirección de Transporte del Estado, que cuando estuvo en ese cargo, entre 2019 y 2020, desde el primer día pidió diversas cantidades de dinero a un representante de una organización de taxistas de San Miguel de Allende para entregarles seis permisos ilegales para operar taxis ejecutivos, hasta lograr un total de 2?2 millones de pesos?

Bueno, pues su juicio por el presunto delito de cohecho, se alargará un mes más, a petición de la Fiscalía del Estado, porque están en espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les entregue información sobre las cuentas bancarias del ex funcionario.

En la audiencia judicial del 5 de noviembre, a la que AM tuvo acceso, la agente del Ministerio Público, Violeta Mendoza González recordó que el cierre de la investigación estaba programado para el 8 de noviembre.

Pero pidió una ampliación de dos meses más de plazo porque el 15 de octubre recibió un oficio firmado por Luz María Villafuerte García, directora general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria, mediante la cual informa que diversos bancos manifestaron no haber localizado la información solicitada por la Fiscalía, sobre la existencia de cuentas bancarias de Valencia Gallo.

Sin embargo, la agente del Ministerio Público señaló que en la carpeta de investigación de este caso, el 20 de junio, como respuesta a una petición de la Fiscalía, la misma Luz María Villafuerte informó que Jorge Valencia sí tenía varias cuentas bancarias.

Por lo tanto, la investigadora pidió a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Estatal que insista con la CNBV que le dé la información requerida. Y es que la necesita para revisar los movimientos del ex Director de Transporte de 2019 y 2020, justo los que abarcan los hechos que le son imputados como presunto delito.

La jueza Liliana Martínez Sandoval concedió el plazo, pero sólo de un mes, porque recordó que, por ley, la investigación tiene que durar máximo seis meses. Y si otorgara dos meses, se estaría muy cerca de dicho plazo, con lo cual no se daría posibilidad al abogado del inculpado a preparar su defensa.

Como lo ha publicado AM, Valencia Gallo está vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho desde el 6 de julio pasado. Esta es la segunda vez que se le otorga una prórroga del cierre de investigación. El primer plazo venció el 6 de septiembre, pero su abogado pidió dos meses más, los cuales se le concedieron y vencieron el 8 de noviembre.

Mientras tanto, el ex funcionario goza de su libertad porque el sistema judicial penal establece que en los casos de delitos no graves, como éste, no es necesaria la prisión preventiva.

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