Dos actos de posible corrupción

Estuvimos indecisos en titular esta entrega también como “El Edil incómodo”, debido a que ha sido el actual nuevo Síndico José Arturo Sánchez Castellanos quien ha tomado sus funciones a partir del día 10 de octubre.

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Por: Mtro. Paulino Lorea Hernández

Estuvimos indecisos en titular esta entrega también como “El Edil incómodo”, debido a que ha sido el actual nuevo Síndico José Arturo Sánchez Castellanos quien ha tomado sus funciones a partir del día 10 de octubre, hace ocho días, desplegando una actividad muy fructífera, atinada y oportuna, al avocarse a la investigación y dejar al descubierto dos hechos acaecidos en la Administración Municipal saliente que estuvo a cargo del Lic. Héctor López Santillana; el primero de ellos relativo a la venta mediante subasta de un predio que fue arrebatado a un kínder en la colonia El Mirador y que coincidentemente colindaba con la casa habitación del empresario Gabriel Padilla Cordero quien se lo anexó al fraccionamiento Cañada del Refugio, mediante unos trámites administrativos muy complicados y sofisticados que hacen inverosímil una simple “coincidencia”; para lo cual trascendió que el C.P. Sánchez Castellanos, como debe ser, acudió personalmente a conocer el kínder y a dialogar con los padres de familia de la escuela afectada; y el segundo, referente al descubrimiento de un descuento del 50% en el cobro del predial al Club de Golf del Fraccionamiento Club Campestre, el más lujoso y de más valor en esta ciudad, con la notoria falsedad de un acta de inspección y verificación que se realizara en el lugar para determinar que esa superficie de 553,790.36 M2 tiene una clasificación de zona agropecuaria, omitiendo que en realidad tuvieron a la vista un campo de golf de lujo de 18 hoyos, y un gran número de carritos para el traslado de golfistas, en lugar de tractores y otros implementos agrícolas.

Ignoramos cómo se enteró o de dónde obtuvo la información de este hecho el Síndico José Arturo Sánchez, pues el 11 de octubre solicitó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación en contra del Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila quien fue el Director de Desarrollo Rural del Municipio, (Periódico A.M. Jueves 14/10/21 1ª Plana Sección A), responsable de la emisión de esa clasificación para obtener el beneficio al Club Campestre de León, S.A. de C.V. de retornarle el 50% del impuesto predial que ya había cubierto.

Al paso de los días se ha tenido más información de este bochornoso evento de posible deshonestidad y las reacciones de personajes políticos y de otros funcionarios municipales y estatales han sido de indignación, rechazo y de la exigencia de una investigación que alcance al Tesorero saliente Enrique Sosa, al Director de Catastro Municipal, así como a los particulares que hayan promovido y firmado esta gestión, cuyos nombres se han ocultado, salvo el de un colega Abogado gestor Arturo Zapien Álvarez, quien por lo visto ya ha tramitado varios de estos “descuentos”, por el sentido de la expresión emitida por el valeroso Síndico Sánchez Castellanos, quien señaló: “yo creo que el Club Campestre vio el ofrecimiento que le hizo el abogado que tramita esto, que por cierto se ha dedicado en los últimos años a fregarse al municipio, y vio la oportunidad me parece que si debió haber reflexionado lo que representa esto, es obvio y evidente que un club de golf no es una zona agrícola”.

Algunos de los ciudadanos entrevistados han exigido que inclusive se proceda penalmente en contra de los involucrados, para su escarmiento, aunque devolvieran el dinero birlado al Erario municipal, de ahí que insinúen se han cometido delitos como el de cohecho, art. 247; peculado, art. 248; tráfico de influencias, art. 252; abuso de autoridad, art. 253; uso ilícito de atribuciones y facultades, art. 253-B fracción I (…realice y otorgue exenciones o deducciones ilícitamente, se impondrán de uno a 12 años de prisión) y el art. 253-E (concernientes a las responsabilidades de los sujetos particulares que intervengan en estas maniobras); y por último, el delito de falsedad ante una autoridad, art. 255, (a quien informe a una autoridad competente falsamente, oculte o niegue intencionalmente la verdad, son de 2 a 8 años de prisión). ¿Cómo se procederá en este caso?.

Simultáneamente a estos hechos se daba a conocer en el ranking que proporciona de manera periódica el World Justice Project (WJP) que México pasó de ocupar el lugar 117 en 2019 al lugar 135 en 2021 como uno de los países más corruptos en el mundo de un total de 139 naciones analizadas; con un poquito más de esfuerzo podríamos ocupar el último lugar.

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