Opinión

El alto precio de la tolerancia y la impunidad

Si desde el primer día de la toma de casetas de peaje se hubiera impedido el delito, el Gobierno no tendría 54 adultos y 14 menores detenidos en Morelos.

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Por: Enrique Gómez Orozco

Si desde el primer día de la toma de casetas de peaje se hubiera impedido el delito, el Gobierno no tendría 54 adultos y 14 menores detenidos en Morelos.

Ningún derecho tiene un grupo o un individuo de cambiar el destino de los ingresos públicos para beneficio personal. Lo sabemos todos, pero vemos con impotencia la violación de las leyes federales sin que las autoridades correspondientes muevan un dedo. Lo mismo sucede con el bloqueo de las vías del tren. Una docena de individuos puede detener el trabajo de miles sin que haya consecuencias. Paran líneas de abasto de producción industrial, miles de toneladas de granos y exportaciones vitales para la economía. En Meoqui fue tan simple como echar un montón de tierra a la vía para detener el tren dos meses. Ni quien interviniera.

La impunidad de quienes extorsionan o lastiman a terceros en sus inversiones o el trabajo de miles de obreros produce la sensación de que la ley sirve para nada y algo más.

Porque ningún “colectivo” puede manifestarse así en un país moderno. ¿Usted se imagina a estudiantes en Alemania bloqueando un tren? ¿Qué pasaría en Japón si pusieran un auto para detener el Tren Bala? No tardaría días el Gobierno en desalojar a los responsables y darles 10 años de cárcel, serían minutos para detenerlos y antes del anochecer ya estarían durmiendo en los separos.

La tolerancia a la violación de las leyes sólo crea mayores delitos y tragedias. Si los estudiantes de una escuela normal en el Estado de México ven que sus colegas de Michoacán pueden bloquear un tren y conseguir lo que quieren, harán lo mismo. Después de 5 años del crimen horrendo de Ayotzinapa y la búsqueda de culpables, hay una raíz del problema que nadie quiere tocar porque se hunde en la tolerancia y la impunidad. Los 43 jóvenes asesinados secuestraron autobuses del servicio público para trasladarse. Sin esa permisividad del Gobierno, los estudiantes seguirían vivos.

Quienes están en la cárcel por bloquear casetas y cobrar “cuota”, tampoco estarían detenidos ni marcarían su nombre con antecedentes penales. El desorden llama más desorden. El problema futuro está en que son burbujas de violencia que pueden desquiciar la paz social si no se actúa pronto.

Uno de los riesgos más grandes para los siguientes meses es que el pueblo sabio deje de atender la voz del Presidente y realice manifestaciones violentas. El desempleo, el hambre y la desesperanza pueden incitar conflictos que sólo el ejército podría contener. Sería la antítesis de todo lo que predicó Morena en la campaña política de 2018.

Cuando hay uno o dos conflictos en el país, el diálogo y la negociación funcionan. Sin embargo, ante una multitud no hay quien escuche ni quien pueda contener la violencia. En febrero escuchamos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, decir que sus funcionarios pasaban buena parte de su tiempo atendiendo problemas, dialogando, convenciendo a los manifestantes. Todo ese tiempo dedicado a explicar y persuadir se ahorraría si hubiera tolerancia cero ante esos abusos. Las leyes no se deben discutir más que en el Congreso. El partido en el poder tiene la idea de que su mayoría puede transformar al país sin orden institucional, sin crecimiento económico, sin seguridad y salud. El conflicto perpetuo lo impedirá.

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