El escándalo Dresser y las extorsiones

La denuncia de Dresser, sin embargo, no solo expuso una realidad. Provocó que historias de extorsión corrieran en cascada por las redes y pusieran nuevamente sobre la mesa un dato que había pasado inadvertido.

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Por: Héctor de Mauleón

La reciente denuncia de la politóloga Denise Dresser sobre la extorsión de la que fue víctima su madre la madrugada del sábado pasado –obligaron a la señora, de 83 años de edad, a salir de su casa a medianoche para esperar instrucciones en un hotel, bajo la creencia de que Dresser había sido secuestrada—, desató una rabiosa y desorbitada respuesta en las redes sociales.

Bots y fanáticos emprendieron el linchamiento de la académica, alegando que la divulgación de su historia no tenía por fin exponer una realidad: la manera en que ciudadanos desvalidos son vulnerados brutalmente con la mayor impunidad, sino “golpear al gobierno del presidente López Obrador”.

Recibí el correo de alguien que celebraba que la madre de Dresser hubiera sido mordida durante ocho o nueve horas por el miedo y la incertidumbre. Según el señor que me escribió, de ese modo la politóloga dejaría al fin de mirar el mundo desde sus zapatos “Guchi” (sic).

La denuncia de Dresser, sin embargo, no solo expuso una realidad. Provocó que historias de extorsión corrieran en cascada por las redes y pusieran nuevamente sobre la mesa un dato que había pasado inadvertido: en el primer año de los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, este delito golpeó a los ciudadanos con una fuerza que no había sido vista en más de un lustro (concretamente desde 2013).

El año pasado, entre enero y noviembre de 2019, la tasa de extorsión, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, creció 25.59% a nivel nacional. En la Ciudad de México nos fue peor: la extorsión fue el delito que provocó el mayor número de carpetas de investigación. La tasa creció… ¡64.64% en un año!

Los datos del Observatorio indican que solo en el primer trimestre del Gobierno de Sheinbaum, la tasa triplicó el último trimestre del Gobierno de Miguel Ángel Mancera: pasó de 0.4 por cada 100 mil habitantes, a 1.2 por cada 100 mil. Dicha tasa fue más alta incluso que la de homicidio que, como se sabe en 2019 se convirtió en una de las peores pesadillas para el gobierno de Sheinbaum.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, sostiene que estas cifras hablan solo de extorsiones consumadas, “de gente que sí cayó” y “entregó dinero, autos, joyas”. No existe registro alguno de la gente que recibió llamadas y colgó, o logró localizar a familiares presuntamente secuestrados antes de pagar “rescate”.

Por lo demás, afirma Rivas, “más del 98% de las personas que han sido extorsionadas no lo denuncian: la extorsión es un delito cuyo porcentaje de no denuncia supera el 98%”. En 2017 el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México sostenía que entre el 75% y el 90% de las extorsiones telefónicas ocurridas en la capital del país procedían de los reclusorios, particularmente el Norte y Santa Martha Acatitla.

Vino el cambio de gobierno y todos —comenzando por el nuevo gobierno— mudaron de opinión. Ahora sostienen que la extorsión realizada desde centros de reclusión capitalinos “es cada vez menor”. 
 

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