Esto queda abierto

"El dicho de que la verdad siempre triunfa sobre la persecución es una de las falsedades agradables que los hombres se repiten unos a otros.". 

John Stuart Mill

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Por: Sergio Sarmiento

El presidente López Obrador lo señaló el 3 de agosto: "Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios: la autoridad tiene, en todo momento, derecho de actuar cuando se trate de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Esto queda abierto". El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo dijo de otra manera: "El hecho de la consulta no implica enterrar o archivar como definitivos los expedientes o las causas que pudieran existir de conductas antijurídicas de los expresidentes, eso es independiente de los resultados de la consulta. Las investigaciones de carácter criminal o las investigaciones de carácter penal que existan sobre los expresidentes no se pueden detener; esas van a continuar, independientemente de los resultados de la encuesta". 

Efectivamente, si hoy o mañana surgen elementos que permitan suponer que cualquier expresidente cometió algún delito, las fiscalías tendrán la obligación de presentar acusaciones formales. Si no lo han hecho es por omisión, lo cual sería un delito, o porque no hay pruebas. La consulta de 528 millones de pesos no era necesaria. 

Pero ¿de qué se quiere acusar a los expresidentes? ¿Cuáles son sus presuntos crímenes? 

Algunos afirman que cometieron delitos de lesa humanidad, que violaron derechos humanos, que ordenaron torturas. No es tan claro, sin embargo, que haya pruebas. En noviembre de 2006, por ejemplo, se acusó de "genocidio" a Luis Echeverría por su presunta participación en la matanza de Tlatelolco de 1968 y en el halconazo de 1971, pero tres años después fue exonerado. 

Otros acusan al expresidente Felipe Calderón de haber comenzado la "guerra contra las drogas". Calderón lanzó en diciembre de 2006 en Michoacán, efectivamente, unos operativos conjuntos de militares y policías, pero él no empezó la guerra contra el narco. Esta la lanzó en 1971, hace 50 años, Richard Nixon desde Estados Unidos. En los años ochenta el Ejército mexicano ya estaba involucrado en tareas policiales. En 1984, recordemos, los militares tomaron el Rancho Búfalo de Rafael Caro Quintero en Allende, Chihuahua, donde había un extenso cultivo de marihuana. Por otra parte, si usar las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia fuera un crimen, el presidente López Obrador lo estaría cometiendo hoy también. 

Yo siempre me he opuesto a la guerra contra las drogas: la prohibición no es ni ha sido nunca una estrategia adecuada para enfrentar un problema de salud pública. Sin embargo, no tiene sentido enjuiciar a un expresidente, como Calderón, por haber tratado de hacer cumplir la ley. Sería un delito, en cambio, no cumplirla al liberar, por ejemplo, a un presunto narcotraficante, como Ovidio Guzmán, ya detenido por el Ejército, sí, por el Ejército. Se acusa a Calderón de haber provocado decenas de miles de muertes por la guerra contra las drogas; quizá, pero ha habido más homicidios en el actual gobierno. 

El Presidente afirma que todos sus predecesores fueron corruptos. Si hay pruebas, las autoridades tienen obligación de consignarlos. Al parecer, sin embargo, no hay pruebas o no hay intención de actuar. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, a pesar de que las declaraciones de Emilio Lozoya involucran directamente a Enrique Peña Nieto, el expresidente no ha sido siquiera citado a declarar. 

La consulta no era más que una excusa. El propósito del Presidente era seguir culpando a sus predecesores de todos los problemas del país. No parece haber pruebas contra los expresidentes. Si las hubiera, no habría sido necesaria la consulta. 

Persecuciones

El Presidente y su equipo deberían estar preocupados. Una vez lanzada la persecución contra los expresidentes, las siguientes víctimas podrían ser los miembros del actual gobierno. 

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