Opinión

Falsos testimonios

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Por: Carlos Arce Macías

Falsos testimonios

Falsos testimonios

Hay diferencias radicales entre la política y el sistema de justicia. Como lo constatamos a diario, para la actual política nacional la consciencia de la verdad es totalmente ociosa, resulta un chiste. 

Nuestro Presidente nos ha mostrado, hasta el hartazgo, la forma de mentir sin recato alguno, lanzando al aire cifras increíbles, hechos no constatados, historias falsas y acusaciones difamatorias.

La verdad ha sido expulsada de la realidad política. Y como nadie la exige ni los ciudadanos la castigan, se continúa la propagación al infinito de la falacia. ¡Viva la mentira!

Pero  todo cambia cuando se trata de la materia de justicia, en donde operan dos componentes muy importantes:
El aparato de investigación y persecución de los delitos, perteneciente al Poder Ejecutivo.  

Y el mecanismo de evaluación de las personas sujetas a proceso, para juzgarlas y sentenciarlas, asignando, en su caso, castigos y penas. Esta función se realiza desde el Poder Judicial.

En el ámbito de la justicia, la materia prima, es el conocimiento de la verdad. Nada mas lesivo para este componente gubernamental, que el intento de manipular o alterar la verdad. 

Por eso las leyes previenen y sancionan el perjurio, la falsedad sostenida en un proceso, cuando se ha jurado hablar con veracidad.

Por esa razón los abogados, los testigos, los inculpados, los jueces, la Policía, los investigadores, los peritos y especialmente los fiscales, son esclavos de la verdad.

Mal hará aquel funcionario que falsee hechos o mienta, porque estará fracturando la confianza en la justicia, y con ello, provocando serios y profundos daños a la operación del Estado a favor de la sociedad.

Durante la semana pasada, en el programa televisivo del politólogo Leo Zuckermann, “La hora de Opinar”, se presentó una entrevista con Eduardo Guerrero, especialista en Seguridad Pública.

En el programa, el famoso consultor explicó cómo, desde la clasificación de homicidios, se alteran a la baja las cifras de los homicidios dolosos, para incluirlos como homicidios culposos cometidos “con otro elemento”. 

Se trata de una nueva categoría, totalmente tramposa, utilizada para encubrir la verdadera cifra de homicidios dolosos. 

La mala noticia para los guanajuatenses es que el estado que más recurre a esta perniciosa práctica es el nuestro. 

Solamente entre enero y febrero, clasificó como culposos 140 homicidios que deberían estar cargados a la cuenta de los asesinatos realizados con dolo. 

Así los datos generados por la Fiscalía General del Estado intentan alterar la percepción de la realidad del crimen en el estado. Tratan de engañarnos, apuestan por la mentira y traicionan la verdad.

Como hemos dicho, la naturaleza de los funcionarios que laboran en las áreas dedicadas a la justicia deben de estar dotados de un temple especial, acrisolados en un compromiso total con la verdad. 

Por ello, un Fiscal General del Estado que miente y altera los datos de delitos, traiciona su naturaleza y pierde, ipso facto, la confianza depositada en él. 

¿Cómo podemos confiar en un procurador que miente, y asegurarnos que no ha obtenido testimonios bajo tortura o que no falsifica hechos para consignar a inocentes como chivos expiatorios? 

Una sociedad no es digna de un Fiscal que haya mentido, aún cuando se trate “solo” de la estadística criminal. Se convierte en un gigante con pies de barro. 

Se desplomará llevándose consigo a quienes en él confiaron y le otorgaron su voto temerariamente. Triste futuro le espera a Guanajuato con un funcionario mendaz.

Pero hay más. Pop Lab, una instancia periodística recientemente creada, publicó el resumen de un interesante estudio del investigador de la Universidad Iberoamericana de León, Fabrizio Lorusso, especializado en temas criminales y policiacos, focalizado en Guanajuato. 

Los cuadros estadísticos muestran el drama delincuencial de la entidad, originado por la pésima administración en materia de seguridad del anterior gobernador. 

Irresponsable y descuidado, decidió apostar por una brutal  y criminal militarización de la entidad, bajo la advertencia de académicos, que le previnieron sobre la proliferación de la violencia ante la intervención de las fuerzas militares. 

Allí donde están los soldados es precisamente donde el zafarrancho ha sido más sangriento.

Mientras construía cuarteles, la Policía languidecía. En el “Índice de Paz”, desde 2015, Guanajuato decreció hasta ocupar el lugar 27 entre las 32 entidades federativas. 

Para 2017, el estado contaba con 43.5 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 176.

En agencias del ministerio público, la entidad solo opera 1.82 agencias/100mil en Guanajuato, cuando el promedio nacional es de 3.53. 

Pero retornemos a la trampa de los homicidios cometidos con dolo, disfrazados de culposos “por otro elemento”. 

Según el estudio de Lorusso entre enero y mayo, Guanajuato ha enmascarado ¡451 homicidios dolosos como culposos! 

El Fiscal, por cinco ocasiones consecutivas, ha rendido falsos testimonios estadístico, trocando la verdad por mentira, para presentar un panorama decreciente de homicidios dolosos. 

Hay que denunciarlo con contundencia: el actual Fiscal no merece estar donde está, miente. A Guanajuato le urge otro Fiscal.
 

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