Opinión

Fin de la coerción en salud mental

La Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa, que es una organización intergubernamental dedicada a proteger los Derechos Humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho...

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Por: Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba

La Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa, que es una organización intergubernamental dedicada a proteger los Derechos Humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho, aprobó de manera unánime una resolución para poner fin a la coerción en la salud mental con la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos, emitiendo recomendaciones a los 47 países de la Unión Europea que la integran, a los países que tienen el estatus de socios para la democracia y a los países observadores como México, que fue integrado hace 20 años, de cuya representación forme parte de la discusión donde se emitió.

El documento de posicionamiento para el debate inició con las siguientes aseveraciones del pensador irlandés Clive Staples Lewis que cito: “De todas las tiranías, una tiranía ejercida sinceramente por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva... Quien nos atormenta por nuestro propio bien nos atormentará sin fin porque lo hace con la aprobación de su propia conciencia”.

Llevó dos años el estudio a las Comisiones de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible con opinión de la Comisión sobre Igualdad y No Discriminación para poner un alto a las medidas coercitivas utilizadas en psiquiatría para las personas con la salud mental afectada en contra de su voluntad.

Se estudió que, en toda Europa, un número creciente de personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales están sujetas a medidas coercitivas, como la colocación involuntaria y el tratamiento. 

Incluso en países donde se han introducido las llamadas leyes restrictivas para reducir el recurso a tales medidas, la tendencia es similar, lo que indica que en la práctica tales leyes no parecen producir los resultados esperados.

El clara una cultura de confinamiento que se centra y se basa en la coerción para “controlar” y “tratar” a los pacientes que se consideran potencialmente “peligrosos” para ellos mismos o para otros. 

De hecho, la noción de riesgo de daño para uno mismo u otros sigue siendo un foco importante en las justificaciones de las medidas involuntarias en los Estados miembros del Consejo de Europa, a pesar de la falta de evidencia empírica sobre la asociación entre las condiciones de salud mental y la violencia, y la eficacia de la coacción. 

Medidas para evitar autolesiones o daños a los demás. Confiar en tales medidas coercitivas no solo conduce a privaciones arbitrarias de la libertad, sino que, al ser un tratamiento diferencial injustificado, también viola la prohibición de la discriminación.

La evidencia de la investigación sociológica sobre el trabajo de campo en personas con problemas de salud mental, por otro lado, apunta a experiencias abrumadoramente negativas de medidas coercitivas, que incluyen dolor, trauma y miedo. 

Los “tratamientos” administrados contra la voluntad de los pacientes, como la medicación forzada y las descargas eléctricas forzadas, se perciben como particularmente traumáticos. También plantean problemas éticos importantes, ya que pueden causar daños a la salud potencialmente irreversibles.

La coerción también tiene un efecto disuasorio sobre las personas con afecciones de salud mental que evitan o retrasan el contacto con el sistema de atención de la salud por temor a perder su dignidad y autonomía, lo que en última instancia conduce a resultados negativos para la salud, como angustia y crisis intensas que ponen en peligro la vida. 

Situaciones, que a su vez conducen a una mayor coerción. Hay una necesidad de romper este círculo vicioso.

Los sistemas de salud mental en toda Europa deben reformarse para adoptar un enfoque basado en los derechos humanos que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos de su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado.

Una serie de ejemplos positivos dentro y fuera de Europa, que incluyen estrategias basadas en hospitales, respuestas basadas en la comunidad, como los servicios de crisis o de relevo liderados por pares, y otras iniciativas, como la planificación anticipada, han demostrado ser altamente exitosas en prevenir y reducir el recurso a prácticas coercitivas. 

Estas prácticas prometedoras también son muy efectivas para ayudar a las personas con problemas de salud mental durante situaciones de crisis y, por lo tanto, deben colocarse en el centro de los sistemas de salud mental. 

Los servicios que dependen de la coerción deben considerarse alternativas inaceptables que deben abandonarse.

Concuerdo plenamente con la resolución y las recomendaciones emitidas, debemos luchar contra la exclusión de las personas con problemas de salud mental asegurándonos de que tengan acceso a la protección social adecuada, incluida la vivienda y el empleo.

Así como proporcionar apoyo social y financiero adecuado a las familias de personas con afecciones de salud mental para que puedan hacer frente al estrés y la presión de apoyar a sus seres queridos.

Fuente: http://assembly.coe.int

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