Fiscal pide ‘armas’

Carlos Zamarripa propuso a AMLO reforma para combate a delincuencia.

Argumenta que 91% de homicidios se relacionan con el crimen organizado.

Derechos Humanos no aceptará simular atención a recomendaciones.

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Por: León Jacobo Robespierre

Atribuciones y recursos frente al crimen organizado

 

Frente a la terrible violencia que azota a Guanajuato el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, se sostiene en lo que le dijo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un 15 de julio del 2020 en su última visita al estado.

La FGE, defiende el Fiscal, no le rehuye al combate del crimen, solamente que la delincuencia organizada, los delitos de posesión de armas, de hidrocarburos, tráfico de drogas, y más, son facultad constitucional y legal exclusiva de la Federación.

El homicidio es un delito del fuero común, insiste la oposición. Pero el 91% de los delitos cometidos están relacionados con el crimen organizado, responde el Fiscal.

En una reunión, en la zona militar XII de Irapuato, muy tempranito, antes de la mañanera que se ofreció en ese espacio, AMLO y su gabinete de seguridad se reunieron con el gobernador Diego Sinhue; los secretarios de Seguridad y Gobierno, Álvar Cabeza de Vaca y Luis Ernesto Ayala, y el fiscal Carlos Zamarripa.

Ahí la propuesta del Fiscal fue: una profunda reforma constitucional y legal que haga concurrentes a las entidades federativas en el combate del crimen organizado.

Pero, no sólo eso, las armas legales deben acompañarse de recursos presupuestales para ese fin, de lo contrario en vaya lío se habrán metido las entidades en una lucha directa con los poderosos cárteles de la droga, pero sin la tecnología, equipamiento y personal especializado y suficiente para enfrentarlos.

En esa misma visita de AMLO, Zamarripa planteó en privado lo que años atrás expuso junto con el entonces gobernador Miguel Márquez a directivos de Pemex: la corrupción en la empresa ‘productiva’ del Estado en su refinería de Salamanca. 

En la misma gira, luego de Irapuato, el Presidente encabezó un encuentro cerrado precisamente en la refinería a dónde fue a supervisar el avance de las obras de rehabilitación (esas que siempre se dice están en marcha y nadie conoce). 

López Obrador habló ese día del huachicol y aseguró que lo estaban combatiendo. En su III Informe de Gobierno presumió que ha disminuido un 95% el robo de combustible en el País, aunque no hay un dato específico sobre Guanajuato.

Lo cierto es que la lucha por el mercado de combustible, pero sobre todo de drogas, sigue entre grupos delictivos, que son más de tres, y que están organizados.

Hoy los estados no sólo no pueden colaborar en esta materia sino que expresamente la Constitución se los prohíbe. El Fiscal del Estado anotó que incluso han recibido decenas de multas de jueces por invadir competencias federales.

No hubo respuesta entonces y no la ha habido hasta ahora. Contrario a la promesa de ese día, lo que prevalece hoy es el reparto de culpas entre Federación y Estado.
 

Reparto de culpas, los muertos siguen

 

El Presidente no ha vuelto a pisar Guanajuato. Lo que ha hecho en cinco ocasiones es pedir la remoción del Fiscal por la violencia que vive la población. Aunque no atina a explicar qué están haciendo desde la Federación y los resultados obtenidos.

Todo se limita a que se envían elementos de Sedena y de la Guardia Nacional.

La reforma para hacer competencia concurrente el combate al crimen organizado, tampoco es un tema que esté en la agenda legislativa del Congreso de la Unión, ni de los que se fueron ni de los que iniciaron funciones este 1 de septiembre.

El coordinador de los diputados federales del PAN en Guanajuato, Jorge Espadas Galván, comenta que están analizando este esquema desde el enfoque presupuestal y legal, es decir, el de primero fortalecer a las fiscalías estatales.

Agrega que ante el abandono de la Federación el Estado trata de combatir la delincuencia organizada a través de la colaboración en operativos conjuntos, pero si estos no son permanentes y los agentes federales no están, ¿qué hacer?

“Va a ser un camino difícil por la alianza delincuencia organizada y Gobierno federal, los saluda, abraza, come con ellos y termina diciendo que se portan bien (en referencia al Presidente de la República)”, acusa el legislador panista leonés.

Desde luego el que las entidades no puedan hacer frente al crimen organizado no las libra de responsabilidad de lo que sucede con la inseguridad y la violencia. 

En la campaña de relaciones públicas que emprendió el Fiscal nos repite que su labor es investigar los delitos que ya se cometieron, no prevenirlos, eso no se discute. Lo cierto es que seguridad y justicia van de la mano, su enemigo común: la impunidad.

La Fiscalía del Estado y la Fiscalía de la República -cuya delegación opera con un Encargado de Despacho (David Carmona)- están obligadas a rendir cuentas sobre el combate a la impunidad en su competencia.

Ante los rotarios hace dos semanas el Fiscal pidió porras, le llegaron de sus subordinados que en algunas oficinas salieron con mantas a expresarle su apoyo. Están en su derecho, aunque el único respaldo que le será útil son los resultados.

Zamarripa también presume que un grupo de estudio especializado revisó los procesos de la Fiscalía y su recomendación fue solamente difundir los logros.

De entrada hay un dato crítico: Guanajuato tiene la menor tasa de ministerios públicos por habitante, y habrá que corregirlo para tener mejores resultados. 

En Guanajuato, a los tres niveles de gobierno (Municipal, Estatal y Federal) y los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),  les toca su rebanada de parte en el problema que tiene a la entidad desde el 2018 en el primer lugar absoluto de víctimas de homicidio doloso y del que no se ve una pronta salida.

Y, por supuesto, la responsabilidad de los ciudadanos pues ha sido la crisis de valores y la descomposición social, el caldo de cultivo para el desprecio a la vida.

AMLO y Diego no han podido frenar la violencia. No se ve la luz al final del túnel. 

Derechos humanos, por el todo o nada

 

La telenovela con los alcaldes panistas de Irapuato y San Miguel de Allende que no querían y luego siempre sí terminaron aceptando recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, nos advierte de lo que vendrá.

Y es que uno de los cambios a la llegada del panista Vicente Esqueda Méndez como Procurador fue el de contabilizar las resoluciones como un solo expediente de recomendación y requerir a la autoridad involucrada aceptar todo o rechazarlo.

Eso qué quiere decir, que ya no es posible responder que si me hacen 10 recomendaciones aceptó 9 y la que no me parece digo que no, aunque se trate de la más importante de todas. Y después de aceptar esas 9 no cumplir con alguna (s).

Al final las estadísticas se leían muy bonitas. Por ejemplo en el año 2020 el Informe de Resultados reporta 202 recomendaciones, y solamente una no aceptada. Aunque un 43%, que no es un dato menor, está como pendiente de cumplimiento.

El todo o nada que ahora pide la Prodheg para aceptar las recomendaciones seguramente pegará en la estadística del informe 2021, lo sabe Vicente. No obstante parece una buena decisión pues el organismo no está para simular con bonitos números, sino para exigir que se respeten los derechos humanos.

Del caso de San Miguel de Allende se sabe que, aunque la recomendación iba dirigida al alcalde en funciones, Gonzalo González, la resistencia era del alcalde interino, Luis Alberto Villarreal, pues su comportamiento frente a dos reporteras hace dos años fue el origen de la queja que acreditó violar la libertad de expresión.

El interino tendrá que ofrecer disculpas y además se incluye el abrir un procedimiento administrativo en contra de Villarreal García, aunque ahí sí ya estaría en manos de la Contraloría Municipal y pudiera terminar en sanción o en nada.

El asunto de Irapuato es muy delicado pues un operativo policiaco por el reporte del robo de un tinaco terminó con la vida de un adolescente de 12 años. El alcalde Ricardo Ortiz pedía condicionar la aceptación a esperar el proceso penal.

Al final también tendrá que ofrecer disculpas a las víctimas y abrir los procedimientos administrativos para investigar a los elementos involucrados. Independientemente del resultado de la investigación penal que lleva la Fiscalía. 

Tanto en San Miguel como en Irapuato dejaron vencer los plazos legales para responder, y lo hicieron hasta que el Ombusperson amagó con solicitar al Congreso del Estado que los llamara a comparecer para argumentar su negativa. Y que el presidente del PAN, Román Cifuentes, les solicitara públicamente aceptarlas.

Esqueda Méndez llegó en diciembre de 2020 cuestionado por su militancia panista y será la fuerza de sus recomendaciones la que al final hablará de su desempeño. 

Por ahí hay varias pendientes de resolver de familiares de víctimas de desapariciones que reclaman por las omisiones para atender sus casos. Esa, sin duda, será una buena prueba para saber de qué está hecho el Ombudsperson.
 

Novela eterna

 

La novela del Libramiento Ferroviario de Celaya ya armó otro capítulo con las irregularidades encontradas en el Distribuidor Aeropuerto.

Después de más de dos meses de hermetismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció esta semana que el puente que se construyó en la carretera Panamericana tiene grietas. También comprobó el deterioro de la carpeta asfáltica.

Este puente forma parte de las 12 obras que se comprometió a construir Ferromex para la conclusión de la línea A del Ferroférico y tuvo una inversión privada de 270 millones de pesos.

La construcción del cuerpo norte de este distribuidor comenzó en marzo de 2018 y durante varios meses parecía que la obra no avanzaba hasta que se concluyó dos años más tarde -en marzo de 2020-.

Desde el Gobierno Estatal confían ciegamente en que Ferromex acabaría su parte pero se les olvida el pequeño detalle de la calidad de la obra donde pudo haber ocurrido una desgracia.

El ansiado proyecto del Libramiento Ferroviario de Celaya ahora enfrenta un escollo con las irregularidades descubiertas.

La eterna promesa del Ferroférico tiene más de 12 años desde el ya lejano 24 de febrero de 2009 cuando el entonces presidente Felipe Calderón visitó Celaya para hacer el anuncio oficial.

A partir de ese día el proyecto ha tenido mil y una trabas, desde la falta de recursos para su construcción, el vandalismo en la obra, la falta de interés de los gobiernos federales en turno y ahora las deficiencias en el nuevo puente.

Calla P&G

 

En Irapuato los habitantes de La Soledad culpan a la empresa P & G planta Milenio de las afectaciones en sus hogares por la inundación que sufrieron la madrugada de este martes, pero la empresa permanece callada.

Aseguran que cuando la nave se construyó movieron de lugar un canal, dejándolo a un costado de la zona habitacional de la comunidad, el cual ha ocasionado por lo menos cuatro anegaciones en los últimos seis años.

La gente se muestra inconforme con la nula atención y mantenimiento que, según dicen, ha dado la empresa a este canal, que inundó por lo menos 60 casas de la zona más baja de La Soledad.

Pero no todo es molestia, en esta ocasión los habitantes de la comunidad han querido buscar una solución y hablar con todas las partes involucradas, desde la empresa P&G, la Conagua, la Comisión Estatal del Agua y hasta la Japami, pero hasta ahora sólo las autoridades municipales les han hecho caso.

Y aunque parecía que este fin de semana les iban a dar una respuesta, lo cierto es que el personal de P&G canceló la reunión hasta nuevo aviso, y, de acuerdo con lo dicho por los habitantes, fue porque los responsables quieren que personal especializado en este tipo de afectaciones busque una solución.

Las familias no saben hasta cuándo se les dará una cita, pero no se han quedado sentados a esperar, pues ya planean un proyecto para limpiar los dos canales que pasan por La Soledad, ya que no quieren inundarse otra vez.

Es probable que pronto, junto a personal de Protección Civil, Japami y el Módulo de Riego del Distrito 011, se empiecen acciones para mejorar los canales y evitar nuevas anegaciones en la comunidad.

Pero de las reuniones con autoridades federales y la empresa aún no hay información y se ve poco probable que los atiendan de forma inmediata.

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