Opinión

Guanajuato, abandonado a su suerte

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sorprendió el viernes pasado con este anuncio: por órdenes del presidente de la República, la Marina saldría de los estados y sus elementos serían enviados “a realizar labores en los puertos”.

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Por: Héctor de Mauleón

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sorprendió el viernes pasado con este anuncio: por órdenes del presidente de la República, la Marina saldría de los estados y sus elementos serían enviados “a realizar labores en los puertos”.

La instrucción del Presidente fue que la Marina se fuera a los litorales, a los puertos, y obviamente fue para toda la Marina, y que el Ejército se quedara, digamos, dentro del territorio”. Sánchez Cordero y la propia Marina corrigieron más tarde. Este último cuerpo indicó, en un comunicado, que sus elementos “salieron solamente del estado de Guanajuato, y en su lugar se desplegó la Guardia Nacional, lo cual no se refiere al resto de las entidades federativas”.

El enredijo de declaraciones permitió entrever que Guanajuato será el estado en el que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador experimentará con la Guardia Nacional.

A los marinos que operaban en Guanajuato la noticia les cayó como un balde de agua fría. Un grupo de operaciones especiales, integrado por 280 elementos, realizaba labores de inteligencia encaminadas a desarticular a los dos grupos que hoy tienen al estado sumergido en un infierno de homicidios, robos, secuestros y extorsiones: el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

En enero pasado la Policía Federal había cercado a José Antonio Yépez, “El Marro”. El líder del Cártel de Santa Rosa se hallaba escondido en un fraccionamiento campestre. La PF logró establecer dónde dormía, en qué autos se desplazaba, cuántos escoltas lo acompañaban.

La persecución lo había sacado de su zona de confort en el municipio de Villagrán. Antes de poner en marcha el operativo de detención, los federales pidieron instrucciones a sus superiores del Gobierno que acababa de entrar en funciones el 1 de diciembre de 2018. Les contestaron que “El Marro” no era una prioridad para el gobierno de AMLO. Lo principal ahora era bajar el número de muertos y abatir el robo de hidrocarburos.

“El Marro” desapareció. Más tarde se vería que la lucha contra el huachicol no dio resultado: Pemex acaba de reconocer que la venta de hidrocarburos robados se mantiene igual que en los tiempos de EPN.

El operativo ordenado por el Gobierno de AMLO, para el que no se diseñó una estrategia integral, solo provocó que los grupos criminales subieran su nivel de violencia —los homicidios, las ejecuciones y los descuartizamientos se dispararon— e incursionaran en la extorsión, el secuestro, el robo a negocio, y el asalto a camionetas de valores y camiones de mensajería.

En marzo, el grupo de operaciones especiales de la Marina volvió a detectar al “Marro”. Ya que el crimen organizado no es una prioridad de la 4T, el líder criminal estaba de regreso en Santa Rosa de Lima.

En compañía de un equipo de agentes estatales, los marinos hicieron una incursión en el poblado. Tuvieron que atravesar cuatro círculos de seguridad, que les dejaron autos incendiados, trincheras en llamas, caminos llenos de clavos y varillas para intentar el paso de vehículos, para poder llegar al sitio donde había estado “El Marro”.

Yepez Ortiz acababa de irse alertado por un “pitazo”. Dejó tras de sí a un pueblo armado con palos y piedras, que exigía la salida de la Marina del estado. Pero este delincuente parece tener mucha suerte. En uno de los estados más críticos, se decidió sacar a la Marina para que la remplazara, en sus operaciones, la Guardia Nacional: un sistema de retenes y de filtros que no ha dado resultado alguno en estados donde la violencia se dispara como nunca.

Entre la lista de objetivos desactivados por la Marina están “El Chapo”, Arturo Beltrán Leyva, los temibles hermanos Treviño Morales (“El Z-40” y “El Z-42”), y el líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez.

Hoy, la idea es que la Guardia Nacional “se vaya asentando”. En lo que eso ocurre se romperá la continuidad de las operaciones. Y el precio en sangre lo seguirán pagando los guanajuatenses.

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