La fe contra la ley

Para López Obrador, la caja del sexenio está sellada. De la misma manera en que tiró a la basura las obras pendientes, teme que su sucesora pudiera desentenderse de lo inconcluso.

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Por: Jesús Silva-Herzog

Para López Obrador, la caja del sexenio está sellada. De la misma manera en que tiró a la basura las obras pendientes, teme que su sucesora pudiera desentenderse de lo inconcluso. Por eso tiene tanta prisa. Obra que no se inaugura a tiempo es obra que no tiene sentido iniciar. El presidente sabe también que encabeza ya un gobierno menguante. Por simple efecto del tiempo, pierde poder todos los días. Por eso la ley, que siempre ha considerado un fastidio, un instrumento de sus enemigos, le incomoda aún más. Necesita concluir sus obras y no acepta que las reglas pudieran desairar la fiesta de sus inauguraciones. No puede concebir que los procedimientos de la administración o los derechos de los particulares entorpezcan sus propósitos. 

El acuerdo que expidió la semana pasada es un esperpento de colección. El Ejecutivo declara que sus obras deben estar libres de los fastidios de la ley. Porque yo lo digo, mis proyectos habrán de avanzar sin obstáculos administrativos y permanecerán ocultos a la molesta inspección del público. El presidente resuelve que sus obras son tan importantes y serán tan benéficas que no necesitan ser supervisadas ni deben cumplir con los requisitos ordinarios. Porque el presidente así lo piensa, sus obras son declaradas asunto de sobrevivencia nacional. No sé si haya en la historia del Diario Oficial un texto más grotesco que el que se publicó recientemente. Mediante ese acuerdo se pretende instaurar, en el ámbito administrativo, la lógica de la excepción. La urgencia presidencial justifica una suspensión de reglas. Tal parece que las normas administrativas no valen para estos tiempos. La compleja tramitación que exige toda obra pública debe obviarse por la simpleza de una orden: constrúyase. Esa voluntad debe estar libre de toda sospecha y encontrar el camino despejado para su realización.

El apremio justifica el quebranto de la ley. Esa es la naturaleza de la resolución presidencial: un acuerdo por una ilegalidad simplificadora. La ridícula lectura del presente como Grandiosa Epopeya Patriótica se filtra al régimen administrativo como deber de arrasar con la malla de prudencias jurídicas que cuidan derechos de particulares y comunidades, que procuran el cuidado del medio ambiente, que vigilan el uso racional de los recursos públicos, que permiten y alientan la vigilancia de auditores y de periodistas. ¿Para qué seguir el camino de la ley, si la voluntad del Magnífico es tan clara? ¿Por qué honrar derechos si esas frivolidades podrían retrasar la inauguración de obras tan nobles? Las normas no valen para estos tiempos. La administración pública ha de sujetarse a sus reglas en tiempos ordinarios, no debe obstaculizar su marcha en momentos históricamente sublimes.

El Acuerdo por la Ilegalidad Apremiante encierra las obras predilectas en un cofre de oscuridad. El presidente nos pide un acto de fe: creer que él está hecho de una pasta incorruptible, que no tiene ninguna de las manchas que ensucian a los mortales. Creer que su aura ha purificado el alma del ejército y de los contratistas y que ningún daño podrían causarnos. Se traza en ese acto presidencial un código administrativo del enemigo: los otros, esos conservadores que quieren boicotear el gran proyecto nacional, esos mafiosos que antes se enriquecían no merecen los derechos con los que torpedean la felicidad pública. Los nuestros, los comprometidos con la "transformación", los militares y los aliados empresariales del régimen, por el contrario, estarán bien amparados. Podrán actuar sin estorbos y sin mirones. Respetar los derechos del enemigo es poner en riesgo la patriótica labor del gran caudillo.

A estas alturas hay todavía quien pretende potabilizar la aberración. Jorge Zepeda Patterson, por ejemplo, acepta que ese acuerdo es feo, pero no merece su condena porque las intenciones del presidente son lindas. Es, además, un lance de gran astucia porque sus enemigos son siniestros. La ilegalidad no es un defecto estético, es negación del principio de legitimidad. Cuando excusamos la ilegalidad del poderoso invocando la nobleza de sus intenciones hemos caído en el cinismo que todo déspota anhela infundir. Sí, el presidente viola la ley, pero qué hermosos propósitos tiene. Y los otros, en realidad, se lo merecen porque son muy malos.

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