Persiguiendo científicos

La inseguridad en el país acecha en cada esquina. Cada vez escuchamos con mayor frecuencia de actos barbáricos que nos atemorizan y nos llevan a pensar que México está cada vez más controlado por grupos criminales.

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Por: Lourdes Casares de Félix

La inseguridad en el país acecha en cada esquina. Cada vez escuchamos con mayor frecuencia de actos barbáricos que nos atemorizan y nos llevan a pensar que México está cada vez más controlado por grupos criminales. Aunque el dueño del antro Baby´O de Acapulco que fue incendiado hace unos días haya declarado que de ningún grupo recibió amenazas, ni le solicitaron cuota por el local, no es creíble que un acto de esa naturaleza no esté comunicando un mensaje amenazante. Por un lado, podría ser una advertencia a empresarios y comerciantes, y por otro, al afectado no le conviene dar a conocer si recibió alguna amenaza o extorsión para no dañar el afamado nombre del lugar, evitar infundir pánico en la clientela y miedo a represalias.

El cobro de piso a negocios se hace cada vez más común y el control criminal es cada vez más intenso. Días después del incendio del Baby´O, los grupos exigieron que refrescos y cervezas fueran comprados a ellos mismos. La situación se agrava porque son varios los extorsionadores y todos piden su tajada. Es por eso la exigencia del alza de precio en las tortillas. A final de cuentas, hasta el consumidor queda afectado al estar pagando más por los productos. 

Entre 2019 y 2020 la extorsión fue el segundo delito del fuero local más recurrente en el país. El monto económico obtenido de las extorsiones ha sido tan eficaz que ha alcanzado a la cantidad que destinó el gobierno federal en 2018 a los estados para el fondo de seguridad FASP y FORTASEG.

El hecho de que las víctimas de este delito tengan miedo, no sepan dónde acudir, desconfíen de las autoridades y no denuncien, ha provocado que este delito aumente.  Para combatir el cobro de piso las autoridades tienen primero que reconocer la gravedad del problema y dedicarle atención prioritaria: recursos, energía, estrategia e investigación. El gobierno federal no ha podido prevenir las extorsiones ni controlarlas. El problema crece afectando la seguridad, la economía y la fuente de trabajo de muchas personas. El crimen organizado ha dejado comunidades fantasmas en Michoacán. Cientos de personas dejan su tierra debido a la violencia y la inseguridad. Familias enteras huyen por miedo a que destruyan su vivienda debido a la extorsión. Los grupos del crimen organizado han obligado a que la gente deje sus posesiones.   

Con esta problemática que está dañando a tantas personas de cada vez más estados ¿Cómo es posible que se dedique tiempo y esfuerzo a perseguir a 31 científicos del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusándoles de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero? ¡Resulta vergonzoso e inadmisible! La Fiscalía General de la República insiste en obtener órdenes de aprehensión contra los indiciados, pero el juez de control lo rechaza alegando que los recursos en disputa fueron legales. Poner a científicos al nivel de delincuentes peligrosos que atentan contra la vida y patrimonio de personas trabajadoras es absurdo. Este gobierno no atiende lo que verdaderamente afecta a la ciudadanía.

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