Registro de víctimas

Por mandato de Ley se conforma padrón para garantizar mejor atención.

Son 1,600 las personas que ya han solicitado integrarse, y sumarán más...

En Irapuato sí habrá Torre Médica; logran un acuerdo con ambientalistas.

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Por: León Jacobo Robespierre

Deuda histórica ante la tragedia

 

No están (ni estarán) todos los que son, pero la integración del Registro Estatal de Víctimas está en marcha y podría cerrar este año con más de 2,000 en esa lista.

Así lo estima Jaime Rochín del Rincón, quien cumplió un año al frente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, organismo que nace con la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato publicada el 27 de mayo del 2020.

Por víctima la Ley considera una “persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito”.

“El Registro constituye un soporte para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral prevista en la Ley”, indica el artículo 96.

A la fecha son 1,600 víctimas las que han solicitado su registro, de ese total 360 ya fueron integrados y los otros 1,240 están en proceso de validar los requisitos. La intención es que este mes todos estén incluidos y cerrar el año con unas 2,000.

En el Registro destacan principalmente familiares de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, casi el 80%.

También hay relacionadas a delitos de homicidios y feminicidio, lesiones, secuestros, amenazas, violación, acoso sexual y hostigamiento, entre otros.

El no estar en el Registro no impide la atención a las víctimas. El área de Atención Inmediata de Primer Contacto ha entregado 2,178 apoyos este año (médicos, psicológicos, psiquiátricos, oftalmológicos, ginecológicos, alimentarios, vinculación a programas sociales, traslados a diligencias de búsquedas, gastos funerarios).

Al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se le asignó en 2021 un presupuesto de 15 millones de pesos y, aunque se empezó a ejercer hasta septiembre que estuvieron listas las reglas de operación, ya se gastaron 9 millones 319 mil pesos, así que seguramente quedará en cero pesos el siguiente mes.

Eso solamente en cuatro meses de operación del Fondo, lo que evidencia que se requieren al menos de tres veces más de recursos de apoyo para las víctimas.

En el área de Asesoría Jurídica de esta Comisión se registran 4,075 atenciones en lo que va del año (una víctima puede estar contabilizada con más de una atención).

La Comisión plantea la atención en tres etapas: apoyo inmediato sin necesidad de estar en el Registro; para contar con la representación jurídica ante alguna otra instancia y ayudas de carácter más duradero sí es necesario estar en el Registro.

Otros demandan la Reparación Integral (que incluye la restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y también la compensación económica).

Aunque el registro es a solicitud de las víctimas, juega un papel importante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) para reportar a la Comisión el registro de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, respectivamente.

Con ese objetivo el 10 de agosto firmó un convenio la Prodheg y la CEAIV. Con la Fiscalía la transición es más lenta, la base de datos es mucho más numerosa.

El Registro Estatal de Víctimas ya arrancó y no tiene reversa. México y Guanajuato tienen una deuda histórica con las víctimas y llegó la hora de empezar a saldarla.

Rescatan Torre Médica

 

Al borde de perder el recurso del Gobierno Estatal por más de 123 millones de pesos, se logran acuerdos para concretar la construcción de la Torre de Consultorios de especialidades del Hospital General de Irapuato.

Y es que, aunque las integrantes de Ágora de Cultura Ambiental habían dicho que no había forma de que se desistieran del juicio de amparo que interpusieron y obtuvieron en el juzgado federal, esta semana retiraron la demanda.

La inconformidad surgió a principios de septiembre, cuando los ambientalistas decidieron oponerse a que esta torre se construyera en un terreno del Parque Irekua, lo que generó que Irapuato pudiera quedarse sin la obra de salud.

El ex alcalde Ricardo Ortiz no pudo destrabar el conflicto, se enfrascó en declaraciones con los ambientalistas a quienes tachó de tener intereses mezquinos para detener la obra en beneficio de los irapuatenses y habitantes de la región.

Las fuertes declaraciones no permitieron el avance, pues ni siquiera hubo acercamiento con las ciudadanas que interpusieron el amparo, mismas que decidieron desistir tras una negociación directa con la alcaldesa Lorena Alfaro.

Para lograr el acuerdo se prometen muchas cosas, desde sumar 12 mil metros cuadrados al parque, divididos en dos terrenos, uno propiedad Municipal y otro Estatal, que todavía tiene que pasar por el Congreso del Estado para su donación.

Se promete además algo que ya se había escuchado, el proyecto de la "Gran Manzana", algo así como el "Central Park" que había prometido el ex alcalde Sixto Zetina cuando realizó la obra del parque Irekua en su administración, allá por 2015.

Otras promesas son el parque lineal del río Silao y la preservación de áreas naturales protegidas, así como proyectos de educación ambiental que, si bien están anunciados, aún no tienen fecha de inicio.

Lorena ha declarado que con la confrontación no se iba a lograr nada, una clara referencia al actuar de Ricardo Ortiz en los últimos días de su administración.

La Alcaldesa parece estar orgullosa de lo que logró con las ambientalistas, pues el proceso para ejecutar la obra se retoma a la brevedad. Eso sí, habrá que estar muy atentos al cumplimiento de cada compromiso por la salud y el medio ambiente.

Celaya, guerra sin fin

 

Los ataques a tránsitos y el repunte de la violencia han vuelto a encender las alarmas en Celaya en medio de una espiral de inseguridad que parece no tener fin.

El alcalde Javier Mendoza se enfrentó esta semana con la dura realidad del municipio que gobierna por segunda vez (y que nada tiene que ver con el de hace 30 años de su primera experiencia) y fue así como se terminó la luna de miel que representó las primeras semanas de su administración.

El lunes, al mediodía, Mendoza Márquez aseguró que los asesinatos que se registraban en Celaya eran un pago de facturas entre grupos criminales, pidió objetividad al momento de analizarlos ya que afectaba la percepción del municipio al afirmar que había un ambiente de mayor seguridad en la ciudad.

Unas horas más tarde, un primer ataque contra dos tránsitos volvió a cimbrar la corporación y en un segundo ataque, la mañana del martes, dos agentes fueron asesinados.

Nuevamente los elementos de Tránsito y Policía Vial fueron blanco de la violencia en Celaya lo que orilló a acuartelarlos durante dos días para evitar más ataques.

Si bien se intentó tener una respuesta rápida por parte del secretario de Seguridad, Jesús Rivera al implementar las células mixtas de policías y tránsitos municipales para no descuidar la operación y estar protegidos, aún quedan muchas dudas sobre las condiciones de trabajo en la que se desempeñan los agentes de vialidad.

Durante los últimos cinco años, se ha hablado de convertir a los tránsitos en policías viales que porten armas de fuego (como también ya anunció que hará la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez en breve), pero la desidia de las autoridades municipales provocó que ahora se busque con urgencia concretar ese plan.

Todo esto se da en medio de un incremento de la violencia en Celaya. En octubre ya se había tenido un repunte de asesinatos con respecto a septiembre y tan solo durante la última semana 17 personas han sido asesinadas en diferentes hechos.

Constructores a Punta Mita

 

Este año, a diferencia de los anteriores, el Foro de Normatividad en Obra Pública de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato, que se realiza cada tres años, no se celebrará en noviembre, como era tradición, sino por primera vez se llevará a cabo en diciembre, del 5 al 8.

La razón del cambio, como en muchos casos, fue la pandemia de COVID-19. De hecho, originalmente se había planeado que este año no iba a efectuarse, sino hasta el año próximo, para evitar concentraciones.

Los dirigentes constructores encabezados por Enrique Aranda vieron que sí había condiciones sanitarias y en agosto empezaron los preparativos de la 8va. edición.

Para el encuentro, a realizarse en Punta Mita, Nayarit, ya se mandaron las invitaciones a los 46 presidentes municipales, a quienes está dirigido el foro cada tres años para informarles cuál será el panorama que enfrentarán en sus mandatos.

Ya están confirmados Alejandro Navarro de Guanajuato y Carlos García, de Silao.

La sede no será el único cambio. El Foro CMIC también cambiará el formato: antes eran talleres y conferencias donde tanto los funcionarios como los especialistas impartían conferencias y los agremiados escuchaban.

Ahora será un laboratorio de ideas y desarrollo de negocios donde estará Diego Rusarín, que hace coaching de negocios, muy conocido entre los millennials. Daniel Marcos, que hace lo mismo y es CEO de una empresa.

Ahora se trata de que, como no hay obra pública en el Estado ni habrá mucha, el gran consejo en general que se quiere mandar a los constructores es que tienen que cambiar la forma de hacer negocios o de asociarse para ganar concursos.

Y habrá mesas técnicas por regiones de municipios con los funcionarios, que entre otros asistirán: Gustavo Pintos, delegado del Infonavit, y Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico.

Aunque no eliminarán del todo las conferencias, pues estará el politólogo Federico Reyes Heroles, uno de los mejores analistas de México y como tal articulista del periódico Reforma. También Angel Verdugo, comentarista de noticias a través de un canal de YouTube y el comediante Andrés Bustamante va como “analista”.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo igualmente será ponente.

Aunque en obra pública será otro año complicado, la buena noticia es que del último crédito autorizado por el Congreso al Ejecutivo por 5 mil millones de pesos, en el Gobierno se reservaron 2 mil millones para contratar e invertir el siguiente año.

También entrará en vigor el incremento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) del 2.3% al 3%, que ya autorizó por adelantado hace un año el Poder Legislativo.

Así que si bien Estado y municipios no se prevén reciban fondos extraordinarios de la Federación (lo que les toca por Ley de Coordinación Fiscal y punto), y sería complicado para Diego pedir un tercer paquete de deuda, con ese margen de ingreso y la ‘tijera’ metida a la burocracia, esperan sostener el gasto público.

Vaciando a la capital

 

Lo que durante años fue la Expoagua, organizada por la Comisión Estatal del Agua, que anualmente se realizaba en el Centro de Convenciones de Guanajuato capital, este 2021 ya no se llevó a cabo ahí, sino en San Miguel de Allende, del 20-22 de octubre.

La razón es que en la CEA, encabezada por Francisco García de León, hicieron un estudio de mercado con eventos similares a nivel nacional e internacional. Los resultados fueron que lo conveniente era darle una protección internacional, de ahí la determinación del cambio de sede y nombre.

Se seleccionó San Miguel de Allende, por ser la ciudad más internacional de Guanajuato. Y el nombre cambió, en su 27 edición, a Beyond Water, Guanajuato Summit 2021 para sonar “más internacional”.

El otro evento que el Gobierno del Estado también se llevará de la capital guanajuatense es el octavo Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Álvar Cabeza de Vaca.Tradicionalmente se realizaba en el Centro de Convenciones de esa ciudad, ahora por primera vez se trasladará a León y se realizará el 18 y 19 de noviembre.

Con estas mudanzas de los eventos, por lo visto el Gobierno del Estado encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo continúa con su política de despojar a la capital de su naturaleza como tal.

Esta política la inició Miguel Márquez al llevar al Parque Bicentenario la Secretaría de Turismo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Y la mantiene Diego Sinhue cuando, a poco tiempo de tomar posesión, abandonó el Palacio de Gobierno y rentó un edificio privado en cantidades millonarias en el Puerto Interior para despachar, a pesar de que dice “no hay presupuesto”.

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