Opinión

Rómpase en caso de incendio

Las sesudas investigaciones sobre todos los robos en Pemex llevaron a la detención de su ex director, Emilio Lozoya. Es un buen espectáculo con ganancias para la lucha anticorrupción iniciada por la actual Administración.

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Por: Enrique Gómez Orozco

Las sesudas investigaciones sobre todos los robos en Pemex llevaron a la detención de su ex director, Emilio Lozoya. Es un buen espectáculo con ganancias para la lucha anticorrupción iniciada por la actual Administración. Pero tendrá consecuencias insospechadas.

El abogado de Lozoya, Javier Coello, un jurista con experiencia y prestigio, sabe que su cliente puede defenderse de varios cargos al culpar a su ex jefe Enrique Peña Nieto o, por lo menos, a Luis Videgaray.

No se mandaba solo”, dijo Coello

 y con ello abre la puerta para llamar al ex presidente Peña Nieto a declarar.

Algo que ni siquiera ha puesto sobre la mesa Rosario Robles, encarcelada por los inexplicables desvíos de la Estafa Maestra. Ella sufre la cárcel y se defiende con el argumento de que nunca tocó el dinero desviado. Jamás mencionó a quién le dio la orden de pasar miles de millones a universidades públicas que después irían a empresas fantasma.

La administración de Peña ocultó casi todos los temas de corrupción durante el mayor tiempo hasta que la realidad lo alcanzó. Primero con el descubrimiento de la “Casa Blanca” y su origen en los fondos de la empresa Grupo Higa. Nadie se tragó la historia de la enojada “Gaviota” en televisión cuando dijo que ella había adquirido un crédito con la propia Higa. 

Luego vino la debacle priista con Javier Duarte en Veracruz. Cuando era gobernador imaginó un manto protector de Peña a cambio de las transferencias que había hecho para la campaña de su amigo el Presidente. No se midió. Robó miles de millones, como si la hacienda pública fuera de su propiedad. Ya Peña no podía hacer nada por él.

César Duarte, de exgobernador de Chihuahua, sigue prófugo en Estados Unidos porque él sí tuvo la protección de Peña hasta el final del sexenio anterior. La sustracción de dinero de ese estado para las campañas del PRI fueron documentadas y su enriquecimiento inexplicable también.

La Procuraduría General de la República y jueces federales impidieron su encarcelamiento. Pero hubo otros protegidos. Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, también estuvo a salvo de ser enjuiciado, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el procurador Ernesto Canales contra el Poder Judicial Federal, influenciado por Peña, fue imposible ligarlo a proceso. 

Podríamos seguir con una larga lista de corruptelas grandes y pequeñas; uso de información privilegiada para los contratos de construcción; adjudicaciones multimillonarias directas a Higa como la construcción en 800 millones de pesos del hangar presidencial, ese que servía para el avión que no pueden vender.

Por el extraño proceder de la Fiscalía General de la República, y el silencio permanente de la nueva Administración acerca del líder de la pandilla del sexenio pasado, existe la creencia de que hubo un pacto anterior a la elección. Tal vez.
 

Lozoya, Juan Collado, Rosario Robles y el empresario Alonso Ancira, son apenas una pequeña muestra de los operadores de estafas y corruptelas del capo mayor. Hay quienes pensamos que el ex presidente Peña está en una vidriera de “úsese en caso de incendio”.

Si la economía no despunta; el Insabi fracasa o surgen escándalos internos, la nueva Administración no dudará un minuto en usar la “bomba atómica” que tiene a la mano.

De preferencia cuando se acerque la elección del 2021. A estas alturas ya tienen todas las transferencias, las cuentas y los bienes de Higa, Hinojosa y Peña Nieto en la mano. Cualquiera puede ser Sherlock Holmes en esa investigación. 
 

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