Opinión

Santa Rosa, un pasito

Altos mandos de Seguridad pisan la región del huachicol en Guanajuato. El Gobernador se mete a ‘zona caliente’ y promete que van en serio. 

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Por: La Olla

Santa Rosa, un pasito

Santa Rosa, un pasito

Foto histórica, ¿resultados? 

Por primera vez un Gobernador, El Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, todos juntos, se metieron al ‘triángulo huachicolero” corazón del cártel de Santa Rosa de Lima.

Es histórica la foto con la presencia del secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo; de la Marina, José Rafael Ojeda; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y del gobernador Diego Sinhue. 

Pero también es cierto que una foto juntos en un acto oficial y la construcción de un Centro de Formación Policial, son apenas señales de intentar plantarle cara al poder del crimen organizado. Estamos muuuy lejos de que darle cuerpo al slogan propagandístico llamado “Golpe de Timón”.

Fue enviar un mensaje para decir ‘aquí estamos’ Federación, Estado y Municipios juntos, es un pasito. Es, como lo expresó Durazo, mostrar la voluntad de que en seguridad no debe haber regateos políticos.

Los jefes de Sedena y la Marina no tomaron la palabra, se trataba de enviar esa señal de unidad. 
 
Y no sólo fue la primera piedra, es de reconocer la decisión de Diego de entrar y caminar Santa Rosa con todo su gabinete (ya sin el cobijo de los altos mandos de Seguridad del Gobierno de México), encarar las protestas de quienes pedían a gritos que se fueran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Y prometer la transformación del triángulo huachicolero con obras y programas de todo tipo.

Ya ni siquiera el alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, hizo acto de presencia en el recorrido. En el primer evento, en territorio de Celaya, aprovechó para quejarse por las cuentas ‘congeladas’ del Municipio por la investigación abierta donde se le involucra a él y su familia con ese cártel.

Diego se jactó en ser el primer Gobernador en pisar esa zona, marcando distancia con su antecesor, Miguel Márquez, para quien el poder del crimen organizado era responsabilidad Federal, y punto.

“Soy el Gobernador”, “Vengo a dar la cara”, “las cosas van a cambiar”, todas esas citas repetidas en su recorrido por la calle principal de Santa Rosa de Lima lo comprometen a un camino sin retorno. 

El Centro de Formación Policial es una escuela para capacitar a policías, no es una base contra el crimen, es, nuevamente, un mensaje de recuperar un territorio cedido por años a la delincuencia. Lo que sigue es lo complicado, inteligencia y más inteligencia para dar resultados en serio. Lo veremos.

Les queremos creer, pero la ‘burra no era arisca’, la hicieron. Ahí está el caso de la base militar que el gobernador Márquez invirtió una millonada, sumó a los Municipios y a la iniciativa privada. Y con el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, posaron para la foto de un proyecto que naufragó. Los tres mil policías militares de los que se habló nunca llegaron y de los resultados ya menor ni hablamos.

Diego en eso también pinta su raya con 3M, le da la bienvenida a la Guardia Nacional pero advierte que no está ahí la solución, la apuesta en marcha es el fortalecimiento de las policías municipales.

La confianza sí la sostiene en los mismos hombres: el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el fiscal general Carlos Zamarripa. Es la apuesta más arriesgada, y pronto sabremos si resultó.

Hoy, ante el optimismo de un evento se impone siempre la fría realidad de las estadísticas de la violencia sin freno. De enero a abril Guanajuato se mantiene como primer lugar nacional en número de víctimas de homicidio doloso con 1,237, que es un 23% más que los 1,004 en el mismo periodo del año pasado, según el reporte oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la tasa por cada 100 mil habitantes es cuarto, detrás de: Colima, Baja California y Chihuahua.

El Gobernador muestra buena cara porque marzo y abril disminuyeron frente un febrero con 340 víctimas. Aunque en su mismo mensaje en Santa Rosa aceptó que “no hay nada que festejar”.

La violencia es mucho más compleja que el triángulo huachicolero y ese cártel. Y para muestra lo que ya vimos en días recientes con la detención de un presunto líder del cártel del Golfo que el propio Gobernador declaró que tienen años operando en la zona norte del estado, y con la detención que hizo la Fiscalía General de la República de una banda de hackers que desde León robó millones bancos.

O el narcotráfico con células varias del crimen organizado azotando amplias regiones de la entidad. Muy preocupante por ejemplo que mientras en el estado celebran tres meses con menos homicidios, en León mayo tiene una cifra histórica que en los primeros 24 días del mes ya alcanzaba las 38 víctimas.

De enero a abril hay 20 municipios de Guanajuato que están de amarillo a rojo en tasa de homicidios, encabezados por Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Salamanca, Salvatierra, Abasolo y Yuriria.

A ocho meses del arranque de la Administración Estatal no está claro por ejemplo la ambiciosa estrategia de prevención y atención a las adicciones que el Gobernador ofreció en campaña. 

“El Golpe de Timón” debe pasar de ser un operativo a una verdadera estrategia. Está por verse...

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Seguridad Pública , Alfonso Durazo; el gobernador Diego Sinhue; y Rafael Ojeda, de la Marina.

Morena, el dinero

En Morena Guanajuato el pleito por el control de las prerrogativas (dinero público) no termina.

Para el 2019 este partido dispone de un financiamiento estatal por 27 millones de pesos.

La historia empezó con el relevo -en septiembre 2018- del mando en el partido, la salida de quien es hoy coordinador de la bancada de diputados locales, el salmantino Ernesto Prieto, y la llegada de la secretaria general hoy en funciones de presidenta, la sinaloense Alma Alcaraz, lo cual ‘sacó chispas’.

A Alma no le gustó nadita el manejo que se tenía de los recursos del partido y lo hizo saber hasta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la que retiró el 30 de enero de ese cago al secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, Ricardo Eduardo Bazán (cercano a  Prieto).

El suspendido recurrió al Tribunal Estatal Electoral resolviendo restituirle sus derechos partidarios.

El 26 de abril la CNHJ revocó el acuerdo del 30 de enero y resolvió restituir a Ricardo Bazán en los derechos y prerrogativas que como militante le asisten, lo que incluye incluso el regresarle el cargo. Pero eso no pasó porque el mismo acuerdo puntualiza que no podrá administrar las prerrogativas. ¡Ups! 

O sea, puede ocupar un cargo de membrete como Secretario de Finanzas, pero sin la chequera.

Textualmente la resolución del órgano interno de Morena dice: “Dado que la naturaleza de la queja versa principalmente sobre el mal uso de las prerrogativas de Morena en Guanajuato, existe la imperiosa necesidad de que este Partido Político tenga claridad y certeza en el manejo de las mismas.

“...El Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, no incluye la administración de las prerrogativas, es menester que, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto se requiera mediante oficio al Comité Ejecutivo Nacional que nombre un delegado encargado de administrar las prerrogativas de Morena en Guanajuato, para que en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Comité Nacional coadyuve en el correcto funcionamiento del Partido en la Entidad”.

Hoy es hora que no hay nombrado ningún Delegado. Los dineros los manejan desde Morena México.

Pero la bronca no terminó ahí, es más, no ha terminado porque la Comisión Nacional citada no le ha entrado a resolver el fondo del asunto, y sólo ha dictado medidas precautorias para calmar las aguas. 

No todo es bronca interna, el pleito llegó a una denuncia formal en la Fiscalía en contra del exresponsable de Finanzas porque no entregó equipo de cómputo y una camioneta que son del partido.

El control de Morena es un pastel muy apetitoso que está en una permanente disputa. Y viene lo bueno porque por ahí de septiembre tendrá que salir la convocatoria para renovar la dirigencia estatal. Todavía no hay tiradores firmes, pero los habrá pronto, los grupos quieren manejar el partido con miras al 2021. 

Sistema Estatal Anticorrupción, con el pie izquierdo

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tan cacareado en su creación, en los hechos no se siente.

El modelo nacional y su equivalente local diseñó nuevas estructuras como el Comité Coordinador del SEA (donde están 10 funcionarios y dos ciudadanos); el Comité de Participación Ciudadana (cinco ciudadanos con pago vía honorarios); la Secretaría Ejecutiva del SEA con presupuesto propio. Y un nuevo marco legal de responsabilidades entre las dependencias responsables de la lucha anticorrupción.

En mayo 2017 se aprobó la Ley del SEA y ese diciembre tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana -CPC-, que tuvo como su primer presidenta a Arminda Balbuena y este año a Román Méndez. En 2018 se asignó a la Secretaría Ejecutiva $7 millones y para este 2019 son $15 millones.

Hasta hoy la sensación es la de la coloquial frase ‘mucho ruido y pocas nueces’. El ciudadano de a pie nada más no entiende qué ha cambiado después de la prometida transformación contra la corrupción.

Hace unos días dimos cuenta de una demanda de amparo que tres de los cuatro integrantes del CPC contra la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) que preside Marisol Ruenes. Más allá del sentido en que se resuelva el hecho refleja que ciudadanos y autoridad, no se entienden.

La diferencia se originó porque los ciudadanos: Fernando Revilla, Julio César Rodríguez e Hilda Venegas, solicitaron a esa Secretaría conocer los alcances y avances de la auditoría practicada a los gastos de Comunicación Social en el sexenio del exgobernador Miguel Márquez, eso luego de conocerse contratos a la empresa “FBM Comercializadora”, señalada por el SAT como ‘fantasma’.

Marisol les respondió en síntesis que ellos no tienen atribuciones para requerirle esa información, porque la Ley del SEA no les da esa facultad, y además la petición no la firma el Presidente del CPC.

A oficio similar la Fiscalía General del Estado les respondió que el 25 de septiembre de 2018 recibieron la denuncia de hechos presentada por la STyRC dando inicio a la carpeta de investigación 100503/2018 en la cual se encuentra relacionada la empresa que refiere la petición (o sea FBM Comercializadora). Para después fundamentar que los detalles de la misma se reservan al estar en proceso la investigación.

Y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) contestó sobre su auditoría en proceso.

Fue el tono de la respuesta de la titular de Transparencia la que molestó a los ciudadanos, no porque quisieran saber el resultado de una auditoría, pues entienden que es reservada si aún está en proceso, pero eso de que les hagan ver como que ‘no tienen vela en el entierro’ sí caló, y por eso demandaron.

De su lado ya pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, quien opinó así sobre el tema: “La base de los buenos gobiernos es la transparencia. La información debe darse a cualquiera que lo solicite, sin importar quién es y sin indagar para qué quiere los datos. Simplemente se debe dar, no hay que darle tantas vueltas”.

Del fondo del asunto, es decir, sobre los resultados de la auditoría al millonario gasto de Comunicación Social, nada sabemos ni de Transparencia, ni de la ASEG y tampoco de la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta hoy del Comité Coordinador del SEA sólo recordamos la recomendación al Poder Legislativo para modificar la ley y evitar las asignaciones directas de concesiones, eso derivado de la polémica por aquella que fue entregada en abril 2018 a Grupo México para construir y operar el Libramiento Silao. Es hora que el Congreso Local todavía no revisa y corrige esa discrecional atribución del Ejecutivo.

Los tres ciudadanos han tomado el camino más difícil, pueden equivocar algunas batallas, pero es el correcto, el de ser un contrapeso de las autoridades y voz de la sociedad que demanda rendir cuentas.

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