Opinión

Seguridad sin cabeza

Tres años, ocho meses, eran un récord en el cargo para un Secretario de Seguridad.

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Por: La Olla

Seguridad sin cabeza

Seguridad sin cabeza

Doble golpe

Seguridad Pública de León perdió la cabeza. 

Tres años, ocho meses, eran un récord en el cargo para un Secretario de Seguridad,  pero, lástima Luis Enrique Ramírez  tuvo que salir por la puerta de atrás, y no precisamente por el aumento de crímenes sino por culpa de su compadre.

El alcalde Héctor López ordenó a Benjamín Gallo que “por mientras” se encargue de la Seguridad y de pasadita  revise los cajones de Luis Enrique para poner orden. 

La pregunta es ¿por qué hasta ahora le salió el carácter al Alcalde?. ¿Por qué abre los ojos hasta que el desorden cobró la vida de un escolta?

Aún así, el Alcalde no parece preocupado ni ocupado en encabezar la revisión que encargó de la Secretaría de Seguridad. No hay prisa, dice.

Tampoco lleva prisa la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito que encabeza el síndico panista Christian Cruz; secretaria Ana Esquivel (PAN); y vocales: Olimpia Zapata (PAN), Jorge Cabrera (PAN), Vanessa Montes de Oca (PRI), Gabriel Durán (Morena) y Fernanda Rentería (Verde).

Ni siquiera saben responder quién mandó al escolta a la muerte. Les parece imposible averiguar quién ordenó al tránsito que fuera a Irapuato a cuidar a la esposa de un exfuncionario.

El agente de tránsito, José Ulises Ramírez, en funciones de escolta de la esposa del exdirector de Planeación y Administración, Mario Alberto Martínez Razo, compadre del Secretario de Seguridad, murió acribillado cuando cumplía la orden… ¿de quién?

A Mario le habían dado las gracias desde el 13 de junio y su último día de labores era el viernes 21 de junio. Todo luego de ser exhibido por este medio al firmar como ‘licenciado’ cuando sólo contaba con estudios de bachillerato técnico, lo que además era un incumplimiento con el perfil para ese puesto que es clave en la operación de la Secretaría y por el que se recibe un ingreso mensual de $69,963.

Además extraña que ante tan irregular situación todavía le hayan concedido ocho días para dejar la silla, y ya vimos lo que pasó, sin tantita pena dispuso de un escolta. Por ese lamentable hecho el Secretario salió minutos después a renunciar pero el Director no dio la cara.

La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato especifica que sólo el Presidente Municipal y los responsables de la Seguridad (Secretario y Director de Policía) tienen escoltas asignados. Por las funciones y la naturaleza del riesgo también tienen el derecho esposa (o), hijos, padres. Y lo pueden tener algún otro funcionario, pero sólo mediante un acuerdo de Ayuntamiento.

Hasta hoy no se ha hecho público ningún acuerdo que puntualiza quiénes más tienen ese derecho. Ya la regidora del Verde, Fernanda Rentería, pidió que se presente ese reporte pues la sospecha es que Mario no era el único, que hay más elementos asignados a esa función sin estar justificado. Ya lo sabremos.

Aunque la revisión que pidió el Presidente, según su costumbre, tardará meses, no está claro qué tanto tiempo tenga Benjamín para ‘echarse un clavado’ a la dependencia o ya se lo deje al que llegue. Pero para eso requiere del apoyo de la Contraloría Municipal y de Desarrollo Institucional, que encabezan Leopoldo Jiménez y José Alberto Martínez Aguayo, repectivamente.

La primera respuesta debe de ser ¿cuál es el clima laboral en Policía, Tránsito y toda la SSPL? Hoy no se sabe -al menos públicamente- en qué ánimo, carencias, ambiente, trabajan quienes nos cuidan. Recuerdo el proyecto del Centro Recreativo y Deportivo para los Policías y sus Familias que prometió el gobernador Miguel Márquez construir cuando el Ayuntamiento le donara terreno, y nada pasó.

El primero bajo la lupa será el director general de la Policía Preventiva, José Carlos Ramos Ramos.

Hoy tenemos una Secretaría con Encargado de Despacho y con otros mandos claves sin titular. En Tránsito desde enero se hace cargo del área quien era el director operativo, Víctor Alcántar. Y tampoco hay relevos en la Academia Metropolitana de Seguridad y en la Dirección de Planeación y Administración, luego de las salidas de Leilani Tortolero y Mario Alberto Martínez, respectivamente.

De Leilani ya se sabe usted la historia, aprovechó un evento de graduación de cadetes para despedirse con apapachos, presumiendo una oportunidad en la National Police Foundation, pero la verdad es que no acreditó las pruebas de confianza luego de un año y cuatro meses como Directora.

Y, además, con la Secretaría de Seguridad mintiendo a los ciudadanos que por acceso a la información pedían cuentas y les decían que no llegaba el resultado del examen, cuando ya sabían que no pasó.

Ambos, Mario y Leilani, provenientes del conocido ‘grupo Irapuato’ llegaron desde octubre 2015 con  Luis Enrique. El “falso” licenciado fue primero su Secretario Particular y en octubre 2018 su compadre le encargó la Dirección de Planeación y Administración. Por esa misma área pasó también Leilani.

Y el ‘pecado’ no es que vengan de Irapuato, lo que se tiene que revisar es si cumplen con el perfil que se necesita para el puesto que desempeñan y, sobre todo, los resultados que han dado. Si no, que se vayan.

En León la violencia homicida está imparable. De enero a mayo sumaban 203 víctimas de homicidio, lo que significa 37% más que las 148 del mismo periodo de hace un año; 31 % más que las 154 en ese lapso de 2017; y 178% más que las 73 víctimas registradas en los primeros cinco meses del año 2016.

En mayo se registró récord de 52 víctimas y la tendencia en el mes de junio es similar. Y ante la crisis no hay respuesta Federal, Estatal y Municipal que haga suponer que todo va a estar mejor en León.

En el índice delictivo estatal (tasa por cada 100 mil habitantes) León está segundo en robo a negocio, séptimo en robo a vivienda, 21 en robo de vehículo y 25 en homicidio, eso en el reporte enero-abril que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Pero los leoneses cada vez se sienten más inseguros, un 84.6% según el reporte de marzo del INEGI.

Hay una Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que tiene como presidente a un empresario aplaudidor del Gobierno, y no contrapeso, como René Solano. Y un Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana (Fifosec) que ha gastado $16 millones para pagar asesores.

Al final lo que queda con la salida de Luis Enrique es la sensanción de otra apuesta frustrada. Un Secretario más en el desfile de funcionarios que hemos visto en ese encargo en los trienios recientes.

Hay un Programa Municipal de Seguridad que tiene acciones importantes que están en marcha (Centros de Atención a Víctimas, Justicia Cívica, nuevo modelo de patrullaje estratégico y la recepción de denuncias directamente por policías que arrancará con 30) y que hay que fortalecer, no abandonar.

Pero el mejor de los planes en papel requiere de un líder que sepa conducirlo. No sabemos si lo tienen...

Administrador, a paso lento

Ya se fueron casi dos meses de que el alcalde Héctor López la presentó formalmente y la iniciativa de “City Manager”, que para León será un “Administrador de Servicios”, no termina por aterrizar.

La propuesta se presentó el 25 de abril en sesión de Ayuntamiento y se turnó el 29 para su análisis a la Comisión de Hacienda y a la de Gobierno, que presiden los síndicos Lety Villegas y Christian Cruz. Consiste en la creación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales, auxiliar del Alcalde.

El objeto, dice la iniciativa, “es coadyuvar con el Presidente Municipal para mejorar la eficiencia, el control y supervisión de los servicios públicos municipales, a partir de una nueva modalidad de administración y gestión integral, que articule a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, creando con ella una transversalidad que beneficie a la ciudadanía en general”.

Los servicios públicos exentos de ese esquema de coordinación serían: Seguridad Pública, Mercados Públicos, Panteones, Rastros y demás servicios concesionados.

El “Administrador de Servicios” y coordinadores de zona se plantea sean nombrados por el Alcalde.

Lo que se ha dicho es que la nueva unidad representará un gasto en nómina de unos 3 millones anual.

Las comisiones apenas y se reunieron esta semana con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, y del Observatorio Ciudadano,  Luis Alberto Ramos, organismos que en campaña lo plantearon en el documento “Propuestas por Guanajuato 2018”.

El CCEL pidió de entrada que se determine el periodo del encargo de “El Administrador” para que no esté supeditado al cambio de gobierno de cada tres años (que brinque el relevo de la administración).

También que se defina muy bien la jerarquía que el funcionario debe tener sobre el gabinete, y no tengamos luego un “coordinador” al que nadie le hace caso. Que el costo de la Unidad Administrativa sea financiado con ahorros en la nómina (lo que tampoco ha quedado claro). Y que entre sus atribuciones se incluya la del servicio de Aseo Público que, aunque es concesionado en varios frentes como la recolección, la disposición final, el barrido, es básico en la preocupación diaria del ciudadano.

Para Luis Ramos del OCL la propuesta “se queda corta”, no define el rango de control, tampoco se establece el perfil para quien ocupe el puesto de “Administrador o City Manager” y demandan que el titular salga de una convocatoria ciudadana abierta y sea votado en el Cabildo, no dedazo del Alcalde.

Morena ya de plano dijo que no va a apoyar la iniciativa por ser más gasto de burocracia. El PRI y el Verde no la rechazan pero sí desde un inicio pidieron un análisis técnico serio para no equivocarse.

Por cierto seguimos sin conocer el estudio por el que el Municipio pagó $450 mil al exsecretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, para dar sustento técnico a esta propuesta. El OCL se sumó también a la exigencia de abrir ese documento que Desarrollo Institucional negó a am.

La mayoría coincide que el abanico de control del Presidente Municipal es muy grande (tres secretarías: Seguridad Pública, Particular y de Ayuntamiento, 13 Direcciones Generales, Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, 14 organismos paramunicipales, y más), y requiere un brazo derecho. Pero no es una decisión fácil, hay que hacerlo bien y encontrar al mejor para ese puesto.


PRI, lo que queda

La próxima elección nacional de Jefe del PRI dará luz de lo que queda del tricolor en Guanajuato.

Con la renuncia a la candidatura y al partido del exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, denunciando ‘dados cargados’ a favor del exgobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno, la que aparece como enlace del favorito en Guanajuato es la fresera Yulma Rocha Aguilar.

En la campaña de “Alito” la coordinación territorial la tiene el exregidor leonés, Alejandro Arias. La instrucción es la de es sumar a todos, que nadie diga que no se le invitó. Aseguran que no es momento de contaminar este proceso nacional con las ‘calenturas’ para la renovación de la dirigencia estatal, porque eso terminará por enfrentar (todavía más) a los grupos de lo que queda del PRI Guanajuato.

Por la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, la campaña en el terruño es comandanda por la familia Solórzano Villanueva (Larissa, alcaldesa de Pueblo Nuevo, y Leo su hermano, exalcalde).

Y en el equipo del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, la acompaña en la fórmula para secretaria general la excandidata de ese partido a la Alcaldía de Salamanca en el 2018, Coral Valencia. El responsable local es Jaime Martínez Tapia, coordinador del Movimiento Territorial en Guanajuato.

El próximo martes se sabrá quiénes son oficialmente candidatos. La elección será el 11 de agosto.

Luego vendrá la contienda para encabezar el PRI de Guanajuato. Otro ‘agarrón’ por las migajas.

El peso de la ley: con motivo de la visita a León de Arturo Pérez Dayán, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, famosos abogados de Guanajuato se reunieron a comer y a revisar la ley. En el convivio estuvieron con nuestro visitante los ex procuradores Daniel Chowell y Juan Miguel Alcántara, el exsecretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera, el penalista Paulino Lorea y los jóvenes abogados César Domínguez y Marcelino Balboa.

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