Un mando conjunto para Guanajuato

Podríamos describir la situación trágica que vive el estado con la narración de los horrores que ha sufrido una población indefensa.

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Por: Enrique Gómez Orozco

Podríamos describir la situación trágica que vive el estado con la narración de los horrores que ha sufrido una población indefensa. La degradación humana llega a niveles no vistos desde la Revolución Mexicana cuando los caudillos y sus secuaces rebeldes cometían las peores fechorías y abominables actos de lesa humanidad.

Hay otra forma de mostrar la realidad: los datos nos pueden orientar sobre el tamaño de la desgracia. La agencia de noticias AFP reporta que en Venezuela “azota el aumento del crimen”. La nota publicada ayer en el periódico Reforma relata el enfrentamiento entre bandas criminales en Caracas y la policía. En medio de la crisis más profunda en lo económico, político y social, el país sudamericano registra 45.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La cifra es “siete veces mayor al promedio mundial”.

El dato lo proporciona una entidad no gubernamental, el Observatorio de la Violencia. Cuando leímos esta información surgió en nuestra memoria lo que había sucedido en Guanajuato durante el 2020. Tuvimos 4 mil 490 homicidios dolosos, según el Secretariado Nacional, pero de acuerdo al INEGI sumamos 5 mil 573, resultado de la guerra entre bandas del crimen organizado, y contra las policías municipales y la estatal. 

Guanajuato tiene 6.2 millones de habitantes. Si dividimos los homicidios entre la población tenemos 72.6 por cada 100 mil habitantes de acuerdo al Secretariado ó 87 según el INEGI. Ambas son cifras descomunales. Una simple regla de tres muestra que en Guanajuato el promedio de criminalidad es 11 veces o más, que el promedio mundial. La historia de la desgracia donde han perdido la vida menores, mujeres, policías y hasta infantes, tiene desconcertada a la población y enfrentados a la Federación y Guanajuato. 

Es común que los políticos culpen a la pobreza, la falta de oportunidades y al raquítico presupuesto que dedicamos a la seguridad pública como porcentaje de nuestra producción. Sin embargo, hay estados mexicanos con 10 veces menos violencia que en Guanajuato, y en Venezuela, que está en la ruina, tienen menor letalidad criminal que nosotros. 

Van dos veces que López Obrador culpa al fiscal de Guanajuato por los hechos y sugiere a Diego Sinhue Rodríguez que lo remueva. El Presidente dice que ya tiene 11 años en el cargo y va por 8 más y que los resultados muestran que no funciona su gestión. La respuesta de Diego es que López Obrador ni siquiera lo escucha y él quiere tratar el tema cara a cara. La razón la tienen los dos: los resultados son literalmente fatales en Guanajuato y la Federación le echa el bulto al gobierno local cuando la responsabilidad también es de ella, además le importa más la clientela electoral que en verdad apoyar a nuestro estado.

El sentimiento del ciudadano es que las cosas no pueden ni deben seguir sin un cambio radical. No importa si es con Carlos Zamarripa o sin él. No importa si es con Álvar Cabeza de Vaca o sin él. Al final de cuentas el principal responsable de lo que sucede en el país es el Presidente y el principal responsable de la paz en Guanajuato es el Gobernador. Sus desacuerdos cuestan miles de vidas por año. 

Sabemos que no es un asunto sencillo, que se requiere de voluntad política, recursos humanos y tecnología para detener la violencia. En otras entidades, como en Coahuila y particularmente en La Laguna, se logró pacificar la región a través de un mando único que coordina a todos las fuerzas públicas del orden: Guardia Nacional, policías estatales (Coahuila y Durango) y municipales, Torreón, Lerdo de Tejada y Gómez Palacio. 

Esperemos que el Presidente y el Gobernador lleguen a acuerdos para devolver la tranquilidad y el derecho a una vida en paz en Guanajuato. Es urgente y es una responsabilidad compartida.

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