La PGR registró una decena de reveses judiciales en expedientes que fueron integrados y consignados en lo que va de la actual administración federal.
Nueve de los 10 casos más relevantes que fracasaron en los tribunales fueron averiguaciones previas elaboradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y uno de la Delegación de la PGR en Michoacán.
Se trata de indagatorias que fueron integradas después del 1 de diciembre de 2012, en la gestión del Jesús Murillo Karam.
El caso que ha provocado más dolores de cabeza a la PGR es el de los 43 normalistas, en el cual el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas le negó cuatro órdenes de aprehensión: contra María de los Ángeles Pineda Villa, José Luis Abarca, más de 50 policías y presuntos narcotraficantes, y contra implicados en la inhumación ilegal de cadáveres.
En 2014 el Juzgado Octavo de Distrito de Guerrero y el Segundo Tribunal Unitario de Acapulco también rechazaron autorizar la captura de Néstora Salgado, ex jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, por delincuencia organizada y secuestro en agravio de cuatro menores.
Salgado está presa en el Penal de El Rincón, en Nayarit, desde el 21 de agosto de 2013, por acusaciones del fuero común.
El caso consignado por la Delegación de la PGR en Michoacán fue el de los 44 civiles que tenían tomada la alcaldía de Apatzingán y que el pasado 6 de enero fueron detenidos.
El 15 de enero el Juzgado Quinto de Distrito de Michoacán liberó a 43 de los indiciados, por no haber pruebas para sujetarlos a juicio por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
En materia de narcotráfico, la PGR también registró dos reveses, como la absolución y luego negativa de una orden de aprehensión en favor de Raúl Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación, detenido el 30 de enero de 2014.
El 26 de diciembre fue absuelto de lavado de dinero, portación de armas y delitos contra la salud.
Otro caso fallido fue el de Isidro Martínez Encina, Óscar Ramos Bastida y Jaime Bautista Olea, agentes de la PFM acusados de cobrar un soborno de 4.8 mdp a José Iván Chao Llanes, “El Guasón”, mando del Cártel del Golfo, para dejarlo ir después de ser capturado. Dos jueces federales negaron las aprehensiones.
La SEIDO también falló a la hora de consignar el primer expediente contra los directivos involucrados en el fraude de Ficrea, pues el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Procesos Penales del DF rechazó librar las capturas por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.
Otro de los descalabros fue el de los 11 activistas encarcelados tras los desmanes de la marcha del 20 de noviembre en el Zócalo.
La SEIDO los acusó de motín, asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, pero el 29 de noviembre el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Veracruz les dictó la libertad.
La constante en todos estos casos es que las pruebas  de la PGR han resultado insuficientes o, incluso, las evidencias fueron inducidas y son ilícitas.

Por Reforma

Escrito en Irapuato el 26/3/2015 · 00:00