La ministra Margarita Luna Ramos se declaró impedida para resolver un amparo en contra de la intervención gerencial de Ficrea por parte de la autoridad hacendaria, esto debido a que es una de las inversionistas que perdió su dinero en esta empresa.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por ello en su sesión de ayer returnar la elaboración del proyecto de sentencia del amparo en revisión al ministro Fernando Franco González.
“Para solicitar que se califique de legal mi impedimento, toda vez que tanto mi esposo como yo participamos como ahorradores en este problema que se viene presentando de manera similar en este asunto”, señaló la ministra durante la sesión pública de la sala.
El proyecto del amparo en revisión 266/2016, elaborado por la ponencia de Luna Ramos, no amparaba ni protegía al quejoso que litigaba contra las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para intervenir sociedades financieras populares (Sofipos).
Confirmaba de esta forma el fallo de Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad. 
No obstante, la segunda sala de la Corte no votó ayer el asunto, por el impedimento de la ministra.
En su demanda, el quejoso Rubén Fong González pidió a la Corte analizar si los artículos 75, 78, 90 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular son violatorios del derecho de propiedad y, por tanto, deben ser invalidados.
Reclamó también la determinación de la Junta de Gobierno de la CNBV de intervenir gerencialmente a Ficrea, el 7 de noviembre de 2014, porque este acto suspendió las operaciones de su cuenta de cliente y sus inversiones.
Como consecuencia de lo anterior, no pueden ser pagadas las inversiones al 100 por ciento del capital más los intereses generados.
De acuerdo con el concurso mercantil de Ficrea, el número de acreedores y afectados por el fraude asciende a 4 mil 921  y el pasivo de la Sofipo alcanza los mil 217 millones de UDIS, o 6 mil 462 millones de pesos al tipo de cambio de octubre de 2015, cuando se declaró la quiebra.
A la fecha, los afectados por el fraude de Ficrea sólo han recuperado 10.16% de las inversiones que hicieron en la empresa y su dueño, Rafael Olvera Amezcua, se encuentra prófugo de la justicia por acusaciones de lavado de dinero y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Por Redacción AM

Escrito en Irapuato el 18/8/2016 · 00:00