La orden de “abatir” sugiere que la prioridad es matar y no desarmar o detener a delincuentes, estrategia propia de un conflicto armado y no de seguridad pública, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
En entrevista, el activista consideró que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización seria que reveló información relevante en el caso Tlatlaya, al dar a conocer un documento militar en que se hace explícita la orden de abatir delincuentes.
“Aquí lo central no es enredarse en una discusión lingüística, sino dejar en claro cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades. La primera es evidentemente investigar denuncias serias que son presentadas por una organización seria, y que han sido respaldadas, por ejemplo, por el Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.
“El documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza militar y ésta debe darse no sólo en el marco de la discusión pública, sino también ante los tribunales para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando”, puntualizó.
“Aquí no se está condenando a nadie, aunque el texto es tremendamente sugerente, sino que sólo se está pidiendo una investigación pronta, exhaustiva, e imparcial”, indicó.
A un año de la masacre, recordó que desde la reforma al Código de Justicia Militar, las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben ser juzgadas en tribunales civiles, por lo que la PGR no tiene impedimento para indagar el caso y lograr que se haga justicia.
“Hoy no hay nada que impida que la PGR invierta todas sus energías en esta investigación. En este caso, se pone a prueba la labor de la PGR para lograr que se haga justicia por la masacre y su encubrimiento”, dijo.
Advirtió que México enfrenta grupos criminales violentos y poderosos, escenario ante el cual una de las prioridades de las autoridades debería ser investigar los delitos que cometen para dar con los máximos responsables, desmantelar estas entidades criminales, y llevarlos a la justicia con respeto del debido proceso.
“Es difícil pensar que una persona ‘abatida’, un término que las mismas autoridades usan para referirse a personas muertas, pueda servir de mucho para estas investigaciones”, refirió.
Advirtió que en México las muertes de civiles, en el marco de operaciones de seguridad pública, no son una excepción y recordó que el Relator ha señalado que las violaciones al derecho a la vida ocurren a ritmo alarmante en México, y la impunidad de esos casos es sistemática y endémica.
En una democracia, insistió, todas estas materias deberían quedar en manos de la justicia.
