Concordia.- Los nuevos cuerpos rescatados de fosas clandestinas, en la comunidad de El Verde, Concordia, fueron identificados como los elementos de seguridad de la empresa minera Vizsla Silver, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, los cuales fueron privados de su libertad con 8 trabajadores más.
Con este hallazgo, suman siete el número de mineros de Sinaloa de la empresa canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de acuerdo a informaciones divulgadas en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el Ayuntamiento de Concordia.
La noche del 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad, en la cabecera municipal de Concordia, a 10 trabajadores de la mina canadiense, de los cuales, en febrero pasado, fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde.
Fue a través de las redes sociales como inicialmente sus familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina encontrados en una fosa clandestina; son José Ángel Hernández Velez, de 38 años, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.
También identificaron a José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; el ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua; y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero.
Exigen justicia
El gobierno de Canadá exigió justicia por la desaparición de trabajadores vinculados a una empresa minera en Sinaloa. El pronunciamiento subraya la preocupación internacional por la seguridad de la inversión extranjera y la integridad de empleados en zonas de conflicto, tema relevante para la minería.
La embajada canadiense enfatizó que la seguridad de los trabajadores es una prioridad innegociable ante el Estado mexicano. Este incidente se interpreta como una señal para blindar los polos extractivos y mantener la confianza de socios comerciales extranjeros mediante una vigilancia institucional efectiva.
Empresas extractivas han reforzado protocolos internos para evitar que la violencia se replique en zonas serranas. La protección de empleados mineros es vital para la competitividad, buscando evitar que los riesgos operativos afecten la productividad del sector y la paz social estatal.
Las mineras canadienses mantienen una presencia mayoritaria en el territorio nacional. La estrecha relación con estos inversionistas obliga a las autoridades a garantizar corredores seguros para el traslado de personal y maquinaria pesada.
La desaparición de trabajadores tensa las negociaciones sobre seguridad en el marco del T-MEC. La percepción internacional es clave para las decisiones de reinversión de capital en proyectos de exploración minera a largo plazo.
Autoridades federales desplegaron operativos de búsqueda, mientras empresas privadas exigen mayores garantías. En Guanajuato, la seguridad patrimonial de las minas se ha vuelto un eje de colaboración para prevenir extorsiones y ataques contra el personal técnico de las compañías.
AAK
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