El tema Ruffo se convertirá en una conversación prolongada en la opinión pública. ¿Crees que Ernesto Ruffo es el líder criminal de una organización que traficó con millones de litros de combustibles para lograr una gran fortuna?
El primer gobernador electo de la oposición, hace 37 años, nunca tuvo escándalos durante su mandato. Tampoco en su vida empresarial. No es el tipo que viva con el boato de muchos políticos que ostensiblemente lucraron con su puesto.
Ni casas en Woodlands escondidas bajo el nombre de un proveedor de su gobierno; ninguna fortuna a la vista, como la casa de Arturo Ávila, el vocero de Morena, que tiene una mansión de 4 millones de dólares en California. Ruffo no tiene la facha de un hombre ligado al crimen organizado. Eso va a jugar a su favor.
Desde el oficialismo dicen tener todas las pruebas de la acusación. Es cierto que, para acusar a Ruffo, la Fiscalía General de la República debió tener algún filón explotable en las empresas de las que formaba parte.
Un ejemplo de las pifias políticas de Morena fue el encarcelamiento de Jesús Murillo Karam, hoy recluido en su casa por presuntos actos de tortura. Cuando la Fiscalía fue por él, tuvo una frase de aceptación, no porque se sintiera culpable, sino porque, como oficiante del anterior gobierno, sabía que era una cuenta que debía de pagar por decir “la verdad histórica” de lo que sucedió a los estudiantes de Ayotzinapa.
Lo paradójico es que la Comisión de Derechos Humanos ratificó hace unos días que lo dicho por Murillo Karam era cierto. Al Ejército se le exoneró de haber participado en el crimen de los 43 jóvenes normalistas.
El péndulo de la justicia tendrá que mirar también a los sospechosos que, desde las altas esferas del gobierno, lucraron con el contrabando de combustibles. Imposible que en Pemex no se dieran cuenta de la pérdida de un 10 o un 15% de sus ventas. Imposible, como dijera el propio López Obrador, que el presidente no se diera cuenta.
Ruffo, por su edad, podría cumplir condena en arresto domiciliario. La única forma de mantenerlo en el Altiplano sería designarlo como una amenaza pública. Sería ensañarse con un representante de la oposición.
Los críticos del gobierno afirman que es tal la desesperación de Morena por la persecución que viene en contra de algunos de sus miembros, que la única estrategia es contraatacar. También puede ser un esfuerzo preventivo antes de que se haga pública la demanda desde Estados Unidos de extraditar a más morenistas ligados al crimen organizado.
Con el fervor mundialista en el pasado, el país volverá a la sobriedad del momento. La atrocidad en el crimen de los 10 en Zacatecas nos regresa a una realidad que el Gobierno federal no puede ni debe tratar de soslayar. El terror se instala de nueva cuenta en un estado donde presumían la disminución de la violencia.
En la Federación deben meditar sobre la conveniencia de establecer medidas extraordinarias para detener a los terroristas. La suspensión de garantías en zonas del país donde gobierna el crimen organizado es indispensable para recuperar el territorio. Sinaloa, Zacatecas y Michoacán son lugares donde no se explica la violencia sin la ausencia de autoridad.
Ejercer todo el poder contra Ruffo, con un juez de acordeón, puede darle fuerza y sentido de unión a una oposición hasta hoy dispersa.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
