Los diputados locales del PRD propusieron que la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que ya existe, adscrita a la Procuraduría de Justicia del Estado, sea nombrado por el Congreso local.
El diputado perredista José Luis Martínez Bocanegra presentó la propuesta en representación de sus dos compañeras.
Con ello pretenden que haya un mínimo grado de autonomía del director general de esta fiscalía “y no existan compromisos con el Ejecutivo para que no se origine una situación de ‘dejar hacer, dejar pasar”, dijo.
Recordó que el 30 de agosto de 2013, el Procurador General de Justicia del Estado creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. El 1 de octubre de 2013 fue nombrado Navigio Agustín Navarro Romero como su titular. En esa misma fecha, entró en funciones la fiscalía y se inauguraron sus instalaciones.
“A cuatro meses de funcionamiento de la fiscalía, no hay información sobre alguna consignación al juez de la causa de funcionario público alguno. Por lo visto dicha fiscalía sí está blindada para que no se escuche nada, para que no se conozca nada, por lo visto los funcionarios son todos cumplidos”, dijo Martínez Bocanegra.
Señaló que el problema de la fiscalía es que quienes la integran son designados por el Procurador, que a su vez fue propuesto por el gobernador anterior y ratificado por la mayoría de los diputados de la mayoría del Ejecutivo estatal.
“Es decir, quienes la integran son al mismo tiempo juez y parte, así se blinda la impunidad”, comentó.
Consideró que es necesario que haya mayor eficacia en la impartición de justicia, sobre todo por los delitos cometidos por altos funcionarios del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos.
Presentarían terna
La Junta de Gobierno presentaría ante el pleno legislativo una terna de la que el titular sería nombrado con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Legislatura.
El Congreso local lo designaría en un periodo de 30 días posteriores al inicio del mandato del gobernador o cuando faltara de manera definitiva dicho fiscal ya nombrado.
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