Los agentes migratorios de Estados Unidos se están atribuyendo amplios poderes para ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden judicial, según un memorando interno obtenido por The Associated Press (AP). Esta medida supone un cambio radical en las directrices históricas que obligaban al gobierno a respetar los límites constitucionales en sus allanamientos.

El memorando autoriza a los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a utilizar la fuerza para entrar a un domicilio basándose únicamente en una orden administrativa. Según activistas, esta acción choca directamente con las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional y anula años de protocolos de respeto a las comunidades migrantes.

Este cambio ocurre en un contexto donde el gobierno del presidente Donald Trump ha ampliado drásticamente los arrestos, desplegando a miles de agentes migratorios en una campaña de deportación masiva que ya está transformando las estrategias policiales en ciudades como Minneapolis.

Durante años, defensores de los derechos civiles instaron a la población a no abrir la puerta a menos que se presentara una orden firmada por un juez. Sin embargo, la directriz del ICE socava esa recomendación, justo cuando los arrestos se aceleran debido a la ofensiva del gobierno federal. Esta situación ha generado una crisis en Minnesota y otras entidades.

El memorando, firmado por Todd Lyons, director interino del ICE, señala que, aunque históricamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no confiaba solo en órdenes administrativas para entrar a residencias, recientemente se determinó que la ley no prohíbe basarse en ellas para arrestar a extranjeros con orden de deportación.

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, declaró que las personas notificadas ya tuvieron un “debido proceso completo”. No obstante, la organización Whistleblower Aid representa a dos funcionarios anónimos que denuncian esta política como secreta e inconstitucional, exponiendo irregularidades en la formación de los nuevos agentes migratorios.

La AP presenció cómo los agentes migratorios derribaron la puerta de la casa de Garrison Gibson en Minneapolis el pasado 11 de enero, portando equipo táctico pesado y fusiles. Los documentos revelaron que solo contaban con una orden administrativa, sin la firma de un juez que autorizara el allanamiento de la propiedad privada.

Expertos legales, como Lindsay Nash de la Escuela de Derecho Cardozo, advierten que esta instrucción contradice abiertamente lo que el propio ICE ha declarado históricamente. La medida enfrentará inminentes impugnaciones legales por parte de gobiernos estatales y locales que defienden las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables.

AAK