Tras ser plantados por tercera vez por el titular de la Región D de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), René Urrutia de la Vega, decenas de víctimas de delitos aseguraron que aprenderán a usar armas para autodefenderse.
A diferencia de las autoridades, para los afectados los índices delictivos están en aumento, por lo que, dijeron, exigirán respuesta expedita por parte de las autoridades e incluso pretenden aprender a manejar armas de fuego para autodefenderse.
Tras los recientes asesinatos y secuestros, los afectados consideraron que “ya se está viendo la mano de la delincuencia organizada y no de delincuentes locales como lo venían manejando.
“Vamos a exigir los cursos que nos habían prometido sobre cómo debemos proceder para evitar que por un error administrativo dejen salir a los delincuentes, y que a las reuniones también asistan representantes de Derechos Humanos, legisladores, para que vean que se protege más a los delincuentes que a las víctimas”.
Algunos incluso comentaron que pretenden aprender a manejar armas de fuego “para estar preparados en caso necesario, no queremos disparar al aire para espantarlos, estamos decididos a matarlos”.
LOS PLANTAN OTRA VEZ
Decenas de víctimas de delitos esperaron por más de una hora al con quien se reunirían para recibir avances de sus investigaciones.
“Nos dijo que no alcanzaba a llegar y nos citó para dentro de 8 días a la 1 de la tarde”, comentó uno de los afectados quien pidió conservar el anonimato. Él y cerca de 20 personas más fueron plantados por el subprocurador.
Es la tercera vez, desde que la PGJE abriera el diálogo con las víctimas en diciembre del año pasado, que el subprocurador no se presenta. En la asociación ganadera se presentaron personas que sufrieron extorsiones, robos e incluso familias secuestrados y asesinados.
Las reuniones comenzaron tras el asesinato del agricultor y activista ecológico, Jaime Ocampo, quien recibió dos disparos de arma de fuego adentro de su casa; la Procuraduría lo calificó como un robo aunque los agresores sólo se llevaron un reloj. El caso hasta la fecha no ha sido resuelto y los familiares exigen justicia.
Desde entonces decenas de agricultores del noreste de Dolores se reunieron una vez al mes con Urrutia de la Vega, la Policía y el Secretario del Ayuntamiento; en los últimos meses el titular de la Policía, Marcos Venegas, ya no ha asistido a las reuniones.
Desde octubre se adhirieron miembros de la Asociación de Artesanos Dolorenses, quienes aseguran ser víctimas de extorsiones y secuestros sin que las autoridades municipales ni estatales tomen cartas en el asunto.
